La Cámara de Diputados buscará este miércoles, en una sesión especial, convertir en ley el Consenso Fiscal acordado entre el Gobierno y los mandatarios provinciales y un proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias para sociedades, con el que se busca aliviar la carga fiscal al 90% de las empresas pequeñas y medianas.

Las iniciativas forman parte de un extenso temario que se debatirá en el recinto de sesiones desde las 13, con lo cual es probable que se aprueben cerca de la madrugada debido a que se encuentran en el cuarto y quinto punto de la agenda.

El dictamen sobre ganancias busca aliviar la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas, ya que reduce la alícuota que pagan actualmente del 30 al 25 por ciento.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento establece un nuevo esquema de alícuotas escalonadas compuestas de tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad.

La iniciativa establece un primer escalón de 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones, una alícuota que no sólo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.

El segundo escalón -de 30%- es para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $20 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $20 millones.

Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota de 7%, a través del impuesto vigente.

Además, en la sesión se buscará convertir en ley el proyecto de Consenso Fiscal acordado entre el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales, con excepción de La Pampa, San Luis y la ciudad de Buenos Aires.

El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con unos $70.000 millones para reactivar sus economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

El proyecto además establece que en el 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.

Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.

Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

Otro punto central del acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.