El Gobierno de la provincia de Buenos Aires marcó diferencias con la administración de Javier Milei en el debate por la baja de la edad de imputabilidad. Desde el Ejecutivo bonaerense advirtieron que la modificación del régimen penal juvenil no constituye una solución inmediata al problema de la delincuencia juvenil y reclamaron un abordaje integral.

En ese sentido, el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, sostuvo que “modificar la edad de imputabilidad no es una llave mágica que resuelve todo” y remarcó que la situación de los menores que delinquen requiere políticas públicas que exceden el plano punitivo. La posición fue respaldada por el gobernador Axel Kicillof, quien afirmó que “no hay soluciones mágicas” y planteó la necesidad de un trabajo coordinado entre los tres poderes del Estado, con planificación y continuidad.

Las declaraciones generaron la reacción de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien cuestionó duramente una nota de opinión firmada por Alonso y lo acusó de desentenderse de la seguridad y de las víctimas. “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas”, expresó en redes sociales.

Bullrich profundizó sus críticas al señalar que tanto Kicillof como Alonso están “siempre del lado de los delincuentes” y los desafió a explicarles su postura a las familias que perdieron a un familiar a manos de un menor. “¿Se animarán a decirles en la cara que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no les molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?”, escribió.

Ante esos cuestionamientos, Alonso respondió que la senadora “se apropia del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista” y advirtió que el debate no puede reducirse a una discusión etaria. “La problemática es mucho más compleja que bajar o no la edad de imputabilidad”, afirmó, y agregó que “la minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes”.

En esa línea, el ministro defendió la necesidad de priorizar políticas de prevención y de integración social de los jóvenes, una postura que —remarcó— coincide con los planteos de la Conferencia Episcopal Argentina.