Los rugbiers acusados de haber asesinado a golpes a Fernando Báez Sosa el 18 enero de 2020 en la ciudad balnearia de Villa Gesell expusieron en el expediente su decisión de no ser sometidos a un jurado popular y solicitaron la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, informaron fuentes judiciales.

El abogado de los imputados, Hugo Tomei, presentó ayer, en el último día que tenía de plazo para hacerlo, su oposición a la elevación a juicio solicitada por la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, y pidió además que cese la prisión preventiva para los imputados detenidos.

Según las fuentes consultadas, en un escrito de 25 páginas Tomei solicitó al juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, la nulidad de la requisitoria fiscal, por considerar que la acusación presenta una «imprecisa e insuficiente descripción de los hechos» y es «francamente deficiente para describir las conductas delictivas que pretende imputar».

«La fiscal debió haber realizado una descripción clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos con relación a cada uno de los imputados en particular, en forma individual y exclusiva. Nada de eso sucedió», sostuvo.

A partir de estos elementos, Tomei pidió al juez que declare «la nulidad absoluta» del requerimiento presentado el último 17 de noviembre por Zamboni, en el que solicitó que sean juzgados los ocho rugbiers que continúan detenidos por el crimen ocurrido frente al boliche «Le Brique», en pleno centro de Villa Gesell.

Se trata de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), quienes cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas».

Por otra parte, Tomei confirmó al magistrado que, en caso de ir a juicio, los rugbiers renuncian a la posibilidad de que el debate se haga ante un jurado popular y optarán por un tribunal colegiado.

El defensor explicó que tras un encuentro mantenido con los imputados el último 27 de enero en la unidad penal, le solicitaron «que haga saber» al juez «la decisión de renunciar al tribunal integrado por jurados».

En ese sentido, señaló que, «según expresó cada uno de ellos, la decisión fue condicionada por la incuestionable y lapidaria condena social que se instaló» a través de los medios de comunicación, que «dieron a conocer distintas constancias del expediente y realizaron una intolerable saturación de las imágenes contenidas en distintos videos que integran el material probatorio».

«La interpretación sesgada que se hizo de todas estas constancias del expediente a través de la maquinaria mediática determinó la instalación de un preconcepto negativo en perjuicio de los imputados», sostuvo.

También subrayó «los dichos cargados de violencia y humillación» hacia los imputados por parte de los abogados de la familia Báez Sosa, Frenando Burlando y Fabián Améndola, que impedirían que los eventuales integrantes de un jurado lleguen a esa instancia «sin prejuicios o preconceptos» sobre los hechos.

En su escrito, Tomei remarcó que, «como si no fuera suficiente ese espacio dedicado en el espectro mediático a la difamación», los imputados «destacaron especialmente» que el presidente Alberto Fernández haya recibido días atrás «en visita oficial a la Casa de Gobierno, a los particulares damnificados».

Y señalaron que el mandatario «en dicha oportunidad, se fotografió» junto a los padres de la víctima, «sosteniendo un cartel en el que exhibía una fotografía de Fernando Báez Sosa, y por debajo se apreciaba la expresión: ´Justicia por Fernando, asesinado en Gesell´».

Tomei consideró que «la reciente presentación» del presidente «en apoyo de los intereses de una parte de este proceso, no ha sido acertada» y que «la toma de posición en el conflicto penal» del mandatario «atenta contra el desarrollo del debido proceso penal», ya que «no se trata aquí de un caso en el que se denuncia el funcionamiento irregular del Poder Judicial».

«Mis defendidos se sienten avasallados y tienen motivos suficientes. Además de la construcción de sentido y el despliegue realizado en los medios masivos de comunicación que implica sostener una condena anticipada, ahora el Dr. Alberto Fernández termina de arrojar sobre sus cabezas todo el peso del Poder Ejecutivo Nacional», señaló.

Por último, Tomei pidió además al juez el «cese inmediato» de la prisión preventiva que cumplen desde el 14 de febrero último los ocho detenidos, porque consideró que «los hechos por los cuales serán juzgados» los rugbiers «distan de contener las mismas circunstancias de modo que forzaron el dictado» de esa medida cautelar.

El abogado objetó que la imputación al momento de la prisión preventiva sindicaba a dos de los jóvenes como coautores del homicidio y a los otros seis como partícipes necesarios, mientras que el requerimiento de elevación a juicio propone la misma acusación para los ocho.

«El Estado privó de la libertad a ocho jóvenes ciudadanos, sobre la base de un ´hecho´ que sigue vigente como fundamento de la prisión preventiva, y al final de la pesquisa los acusó por otro diferente», señaló.

Ahora, el magistrado tendrá cinco días para responder a los distintos planteos formulados por defensor.