El presidente Alberto Fernández convocará a sesiones extraordinarias a mediados de enero y en el temario incorporará un proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura, según informaron fuentes oficiales, por lo que en los dos próximos meses los legisladores debatirán una nueva composición tras el fallo de la Corte que ordenó ampliar a 20 los integrantes del organismo que selecciona los jueces.

El proyecto para ampliar el Consejo se trataría antes del 28 de febrero, ya que el 1° de marzo comienza el período de sesiones ordinarias, por lo que el nuevo ordenamiento jurídico del órgano que analiza la conducta de los magistrados será una de las próximas discusiones del Congreso, confirmaron a esta agencia voces calificadas de la Casa Rosada.

La decisión del Gobierno se produjo luego de que en el último mes se profundizara el debate judicial sobre la integración del Consejo, ya que un fallo reciente de la Corte declaró inconstitucional una ley de 2006 que redujo de 20 a 13 los miembros del organismo, ordenó restituir la anterior composición y puso un plazo de 120 días para cumplir con esa disposición.

Durante la primera semana de diciembre, y adelantándose al fallo del tribunal, desde Presidencia de la Nación dieron a conocer un proyecto de ley que buscaba modificar varios aspectos del Poder Judicial pero especialmente la composición del órgano que elije a los jueces, revisa su desempeño y tiene la potestad de destituirlos.

Según se informó oficialmente, esa iniciativa contempla elevar el número de consejeros de los 13 actuales a 17: esa cantidad se compondría de cuatro jueces, seis legisladores, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico y científico.

Días después de ese anuncio, la Corte declaró inconstitucional la reforma del Consejo realizada en 2006 (ley 26.080) y dispuso volver a la legislación anterior que había sido derogada por el Congreso (leyes 24937 y 24939), lo que implica llevar a 20 los consejeros en 120 días corridos, es decir, con un plazo máximo que se cumpliría a mediados de abril.

En tanto, el 29 de diciembre pasado, el actual titular del Consejo, Diego Molea, remitió tres oficios dirigidos al presidente Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su carácter de máxima autoridad del Senado y a su par de Diputados, Sergio Massa, para pedirles que se tratara este tema en la convocatoria a extraordinarias.

En la fundamentación, Molea señaló que los 120 días corridos establecidos por el fallo de la Corte son «exiguos» para que los estamentos de jueces y abogados puedan completar el proceso de votación de sus nuevos representantes para el organismo, y alertó sobre el riesgo de que la imposibilidad de cumplir con lo ordenado por el tribunal derive en «una paralización de las actividades del Consejo».

«Dada la situación descripta, se ha entendido que resulta necesaria la convocatoria a sesiones extraordinarias», exhortó el presidente del órgano, que representa al sector académico en el cuerpo y es abogado, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y docente de Derecho Público en la UBA.

La vacante en la Corte Suprema

Mientras tanto, la Presidencia dilatará la presentación de postulantes para cubrir el cargo vacante de ministro de la Corte Suprema que se generó con la renuncia de Elena Highton.

Aunque en reiteradas ocasiones la portavoz presidencial Gabriela Cerruti confirmó que el Gobierno trabajaba en una lista de postulantes y que había posibilidades ciertas de que se tratara de una mujer, una demanda que se profundizó tras quedar el tribunal sin participación de mujeres, las fuentes confiaron que la decisión podría postergarse más de lo esperado.

Para la designación de un o una reemplazante de Highton, el Presidente debería alcanzar un amplio consenso en el Senado, que debiera aprobar la propuesta en una sesión con dos tercios de los presentes, un número alejado del que podría conseguir el actual bloque del Frente de Todos en la Cámara alta.

En ese sentido, desde Gobierno se recordó que la Corte ha funcionado varias veces con cuatro e incluso con tres jueces en funciones, la última luego de las renuncias de Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt, en 2014 y 2015, respectivamente.

Las fuentes consultadas coincidieron en que una designación puede llevar a un gran «desgaste» político que se preferiría evitar.

En ese sentido, se aclaró que la Corte tiene previsto un mecanismo de jueces subrogantes que pueden ser convocados en caso de que alguno de los integrantes decida excusarse o si, al estar conformado por un número par -4 miembros-, se produjera un empate en 2 al firmar un fallo.

Eso no implica que la gestión de Alberto Fernández desestime la posibilidad de promover cambios en el máximo tribunal dado que, como dijo el propio mandatario en el cierre del Consejo Económico y Social a mediados de diciembre, una de sus ideas para el tiempo que viene es «establecer una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema», según planteó.

Finalmente, a dos años de la postulación del juez federal Daniel Rafecas para el cargo de Procurador General de la Nación, pliego que también requiere del acuerdo del Senado, las fuentes gubernamentales señalaron que la Casa Rosada sostendrá la candidatura, ya que cree que es el momento en el que la oposición debe poner los votos que siempre dijo que aportaría.