Referentes de la organización política Sobernxs, entre ellos el exvicepresidente Amado Boudou, presentaron una denuncia penal para que se investigue si personas y entidades a las que le atribuyen haber «fugado 86.000 millones de dólares entre 2016 y 2019 pueden acreditar el origen de los fondos para comprar las divisas o habrían cometido delitos de evasión y lavado», según explicaron este miércoles en redes sociales.

La denuncia lleva la firma de Boudou, el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, la exembajadora Alicia Castro y el historiador dedicado al estudio de la deuda externa Alejando Olmos Gaona y recayó por sorteo en el juzgado federal 7 a cargo de Sebastián Casanello.

«Queremos dejar perfectamente aclarado, que tal como surge de nuestra presentación, el objeto procesal de la presente causa no es el mismo que el que se lleva adelante en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, ya que en el expediente de referencia se trata de una denuncia por malversación contra el Poder Ejecutivo y sus funcionarios, y en esta denuncia se trata de investigar a los que fugaron divisas la procedencia de los fondos y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales», sostuvieron en la presentación a la que accedió Télam.

«Si bien la transferencia de capitales al exterior no resulta ser prima facie constitutiva de un delito de acción pública, si puede llegar a serlo, si: a) los que efectuaron tales transferencias, no tenían justificación legal para hacerlo, b) las transferencias efectuadas no guardaban relación con la capacidad económica del contribuyente, c) Si lo declarado ante la AFIP como ganancia, no guardaba relación con lo transferido», remarcaron.

La denuncia invoca el informe emitido el 14 de mayo del 2020 por el Banco Central denominado Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019, en el cual se hizo una descripción sobre un conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015.

«De acuerdo al informe del BCRA tales políticas ´facilitaron la fuga de capitales por más de USD 86.000 millones y crearon las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo´», se indicó.

En ese contexto se señaló que «un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por USD 24.679 millones. Por su parte, la formación de activos externos de los 10 principales compradores explica USD 7.945 millones» y que «el total de personas humanas que compraron divisas en este período fue de 6.693.065 y el total de personas jurídicas alcanzó la cifra de 85.279».

Los denunciantes resaltaron que, «si bien en el informe se demostró la existencia de salida del país de alrededor de 86.000 millones de dólares, no procedió a individualizar a los particulares y empresas que habían transferido esas sumas al exterior, y cual había resultado la justificación para hacerlo, ya que la misma podría haber obedecido a diversas causas».

«Si se considera el período completo de vigencia del programa con el FMI hasta el fin del mandato de (Mauricio) Macri, junio 2018-noviembre 2019, la formación de activos externos acumuló U$S 40.652 millones y las salidas de capitales especulativos, U$S 10.149 millones. Si se descuenta el mes de junio de 2018, tomando en cuenta que el préstamo fue aprobado el 21 de ese mes, la formación de activos externos totaliza U$S 37.578 millones y la salida de ´inversiones´ de portafolio, U$S 9300 millones», detallaron.

«De manera que, entre la entrada en vigencia del Stand By y el final del mandato de Macri, la fuga sumó, considerando la formación de esos activos más el reflujo de ´inversiones´ de portafolio, entre U$S 50.801 millones (tomando el mes de junio de 2018) y U$S 46.878 millones (descontando junio). La conclusión es evidente: el 100 % de los U$S 44.498 millones desembolsados por el FMI entre junio de 2018 y noviembre de 2019 fueron destinados a financiar la fuga de capitales de la economía e incluso esta última debió absorber dólares extra de las reservas del BCRA: la fuga superó a la totalidad de los desembolsos del organismo en un monto de entre U$S 6303 millones (contabilizando junio de 2018) y U$S 2380 millones (sin el mes de junio)», concluyeron.