La ley del Derecho a la Identidad de Origen que aporta herramientas del Estado a las personas que fueron apropiadas, adoptadas en un marco ilegal o tienen dudas sobre su identidad biológica, rige en la provincia de Buenos Aires, tras su publicación en el Boletín Oficial del distrito.

La ley 15.329 propone garantizar el derecho del acceso de toda persona a sus orígenes biológicos al considerarlo un derecho humano, y entiende como identidad de origen “al conjunto de datos biológicos, filiatorios y familiares que hacen a la identidad de la persona humana”.

La iniciativa tomó el reclamo de los denominados “buscadores de identidad”, quienes sostienen que más de 3 millones de personas en todo el país que no nacieron dentro del período de la dictadura militar tienen dudas sobre su identidad y buscan saber quiénes son.

La norma fue aprobada por la Legislatura bonaerense el pasado 22 de abril y acompañada por organizaciones con la campaña “Todos tenemos derecho a saber de dónde venimos”.

En su contenido contempla agilizar los procesos, determina el principio de «Informalidad, Gratuidad y de Celeridad», al tiempo que establece también la «Confidencialidad, la Tutela Efectiva, Máxima información, Buena Fe, No discriminación y No revictimización», por lo que no será necesario contar con un abogado ni tendrá costo esa búsqueda.

Por otro lado, habrá campañas de concientización, capacitaciones a los organismos de la administración pública y convenios de cooperación y reciprocidad con los municipios adheridos a la ley y las distintas provincias para garantizar el derecho a la búsqueda de identidad de origen.

La norma aclara que los solicitantes “podrán acceder a los datos contenidos en registros de hospitales, historias clínicas de parturientas, libros de partos, de nacimiento, de neonatología y de defunciones de establecimientos sanitarios de gestión pública o privada como así también la Dirección Provincial del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires”.

También podrán acceder a archivos judiciales y de sentencias y a documentación de instituciones religiosas, educativas y de cuidado de niños y niñas.

Con la nueva ley, el Estado responsabiliza a dependencias y áreas en la búsqueda “interdisciplinaria” y establece plazos y sanciones para funcionarios públicos y establecimientos privados que no cumplan con lo regulado.

Además, destaca que «los efectores públicos de salud que cuenten con la infraestructura apropiada» deberán garantizar la gratuidad de los estudios genéticos, en caso de ser solicitados.

Según la ley, habrá una Autoridad de Aplicación, que deberá acompañar al peticionante desde la recepción del caso hasta su resolución, crear el “Registro Único de Búsqueda de Identidad de Origen” y el “Registro de Buscadores Voluntarios”, donde podrán inscribirse las organizaciones de la sociedad civil, personas y colectivos dedicados al tema que esté dispuestos a seguir el procedimiento,

La norma fue celebrada por parte de las organizaciones que agrupan a personas que desde hace años buscan encontrarse con su origen biológico.

«Ya se abrió la puerta y eso es clave», dijo la activista por el derecho a la identidad Laura Louzau, quien nació en 1967 y se enteró hace 20 años que no era hija de la familia con la que se crio.

Louzau encabeza la campaña «Mamá, te estoy buscando» y el grupo «Víctimas de identidad sustituida».

En ese sentido, la víctima de trata de bebes Clara Lis pidió que «se capacite al personal del Estado que va a empezar a recibir a las víctimas».