La fiscalía penal de La Plata y la querella que representa a la familia del subcomisario Jorge Gutiérrez, asesinado de un balazo en la nuca en 1994 cuando iba en un tren que se dirigía a la capital de la provincia de Buenos Aires, pidieron ayer la prisión perpetua y la detención inmediata para los dos hombres acusados por el crimen.

El pedido recayó sobre el excabo de la Policía Federal Argentina (PFA) Alejandro Santillán y el exefectivo de la bonaerense Francisco Mostajo, quienes desde el 25 de abril están siendo juzgados por la Sala A de la Cámara de Apelaciones y Garantías platense bajo el cargo de «homicidio agravado por alevosía».

Durante esta jornada se realizaron los alegatos del fiscal Martín Chiorazzi; las abogadas querellantes del particular damnificado, Carla Ocampo Pilla, Carolina Farotto y Lucía Extremera y la defensa oficial de los imputados, Fabiana Ripani.

Ambos imputados hicieron uso de su derecho a decir unas últimas palabras, y los dos coincidieron en declararse «inocentes» del crimen.

El fiscal Martín Chiorazzi pidió la pena de reclusión perpetua para Mostajo y Santillán, y que, en caso de un veredicto condenatorio, se disponga su detención inmediata.

La abogada Carla Ocampo Pilla explicó que su alegato pidieron «la prisión perpetua para ambos» al estar convencidas que son los autores materiales del asesinato».

«El homicidio está claramente acreditado y la alevosía también. Los autores actuaron en ese momento y lugar conociendo la clara desventaja que suponía para la víctima. Ellos conocían las rutinas de Jorge, sabían que a esa hora había poca gente en el tren», destacó.

La letrada remarcó que este asesinato «fue un crimen organizado, no es propio de un robo sino de un crimen organizado».

Para la abogada, durante el debate quedó acreditado que el depósito que investigaba el subcomisario «funcionaba sin habilitación, y tenía vinculación con lo que después fue la investigación de la Aduana Paralela».

«Tanto el alegato del fiscal como el nuestro fue coincidente en sostener que se acreditó la autoría de ambos y que había vinculación entre ambas personas», sostuvo.

Por su parte, la defensa oficial de los imputados, Fabiana Ripani, pidió la absolución para ambos y sostuvo que «no está probada la materialidad de los hechos».

La defensora planteó que la acusación contra Santillán y Mostajo se trató de «un armado político» por parte del hermano de Gutiérrez, el exintendente de Quilmes Francisco «Barba» Gutiérrez, y aseguró que sus dos defendidos son víctimas de una «persecución política» desde hace 28 años.

La familia de Gutiérrez tuvo también la posibilidad de dirigirse a los camaristas y reclamar justicia para el subcomisario.

«Cuando lo conocí (a Jorge) fue el día más feliz de mi vida. El día que lo mataron mis hijos tuvieron que crecer (de golpe), y pasaron toda su vida pidiendo justicia», dijo Nilda Maldonado, esposa del subcomisario.

«Barba» Gutiérrez al hablar ante los jueces pidió justicia para su hermano y afirmó que su crimen fue parte «de un plan político criminal de los ´90″ y al narcotráfico y la corrupción de esa época».

Uno de los hijos del subcomisario Gutiérrez, David, solicitó también hacer uso de la palabra y remarcó que con sus hermanos Jorge y Marylin llevan «28 años pidiendo justicia» porque les «arruinaron la vida».

«Mi sobrina tiene hoy la misma edad que tenía mi hermana cuando mataron a mi papá. Ella sabe que tuvo un abuelo, Me da vergüenza decirle que no tiene justicia. Quisiera poder decirle que su abuelo era un buen policía, que lo mataron pero que se hizo justicia y los dos (asesinos) están presos», dijo con emoción.

La Sala A de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata pasó a un cuarto intermedio para el próximo 1 de junio a las 17 con la lectura del veredicto.

Por este caso, Santillán ya había sido absuelto en un primer juicio que se desarrolló en 1996 y que luego fue anulado, mientras que Mostajo estuvo prófugo de la Justicia durante la mayor parte del proceso.

El hecho ocurrió el 29 de agosto de 1994, cuando Gutiérrez fue encontrado muerto con un disparo en la nuca en el vagón de un tren en la estación La Plata del ferrocarril Roca.

Según un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acompaña a la familia de la víctima, el crimen ocurrió cuando Gutiérrez investigaba lo que ocurría en «depósitos de mercaderías vinculados al caso de la ‘Aduana paralela’, un resonante escándalo durante el gobierno de Carlos Menem».

Esa madrugada, el jefe policial se retiró de la seccional y se dirigía en tren a su casa de Quilmes cuando, a la altura de Sarandí, fue abordado por dos hombres, uno de los cuales le efectuó el disparo que lo mató, según la pesquisa.

‘Chiquito’ Santillán, entonces cabo de la PFA, estuvo imputado como autor material del disparo que mató a Gutiérrez, aunque fue absuelto en 1996 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de La Plata.

En 1998, en representación de la familia, desde el CELS se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , lo que derivó en una causa que tramitó en la Corte IDH, que, en su sentencia, emitida en 2013, declaró al Estado argentino responsable por el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial a favor de Gutiérrez y de su familia.

«En el fallo, dictaminó que había suficiente prueba para ´concluir la participación de agentes estatales en la ejecución del subcomisario, así como en la obstrucción de la investigación», precisó el comunicado del CELS.

La Corte IDH también ordenó reabrir el proceso para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.