Un sobreviviente de la última dictadura cívico militar declaró hoy ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en los excentros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, de Lanús, desde el excentro clandestino donde estuvo cautivo durante esa época.

Se trata de Osvaldo Luis Abollo, quien declaró ante el tribunal federal que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por 16 represores contra casi 500 víctimas secuestradas en esos excentros clandestinos de detención, entre ellas 18 embarazadas que dieron a luz sus hijos en cautiverio, muchos de los cuales aún no recuperaron su identidad.

El hombre, quien pidió declarar desde el excentro clandestino Pozo de Quilmes, hoy Sitio de Memoria, contó que «el 7 de diciembre de 1976 fui sacado de mi casa, donde vivía con mis padres y mi hermano menor» y dijo que «voltearon la puerta de un escopetazo, eran 12 hombres, me taparon los ojos y me llevaron a Puente 12, donde sufrí torturas con picana, asfixia, simulacros de fusilamiento durante 14 días y luego me trasladaron acá, al Pozo de Quilmes».

Abollo, que brindó su testimonio de manera virtual en una sala en la que detrás suyo se veían las fotos de las personas que estuvieron detenidas en ese excentro, recordó que al llegar al Pozo de Quilmes «me suben por una escalera intrincada, golpeando mi cabeza contra las paredes y me ingresan a una celda donde había una persona mayor» y sostuvo que «estábamos todo el día encerrados, se comía una vez por día y sábados y domingos no nos daban comida».

«Las necesidades fisiológicas se hacían en un tarrito, y todos los días se sentían los gritos de tortura», remarcó Abollo, quien estuvo en el Pozo de Quilmes hasta el 14 de abril 1977 y luego fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata. Al momento de su secuestro tenía 24 años y militaba en Montoneros.

En la audiencia también declaró Verónica Martínez Severo, hija de un matrimonio de uruguayos secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar.

En ese momento, la mujer tenía apenas 35 días de nacida y los militares que secuestraron a sus padres, Marta y Jorge Martínez, dejaron a la beba a cargo de una vecina, de nacionalidad chilena, quien durante 3 meses se negó a restituir la niña a su abuela materna cuando ésta se presentó a buscarla.

Los padres de Verónica fueron secuestrados junto a un tío materno de 16 años que vivía con ellos y otro tío materno secuestrado en otro domicilio días más tarde. Todos fueron llevados al Pozo de Quilmes, sin que hasta el momento se sepa el destino de ninguno de ellos.

«Mi abuela siempre me comentó lo que había pasado, nunca me ocultó nada, pero hubo en mi crianza muchos ‘no hables, ‘no participes», contó y dijo que «me hablaba de los miedos, eso no me animó a seguir yo la búsqueda (de sus padres), me siento culpable de eso, pero siempre tuve miedo, me generaron miedo. Mi abuela me sobreprotegió pero era entendible por lo que había perdido mi abuela», dijo la mujer, que durante su testimonio exhibió las fotos de sus padres.

Además se escuchó el testimonio de Graciela Gribo, sobreviviente del Pozo de Banfield, quien tras contar su cautiverio y aportar los nombres de quienes estaban secuestrados con ella, afirmó que «fuimos sometidos, desde lo individual y lo colectivo, a lo más horrible, la monstruosidad de haber sido tocados por el terror impartido por el Estado y eso deja secuelas desde lo físico y lo psicológico».

«El miedo y el terror que se vivió quedó grabado en la piel de todos», remarcó y agradeció la posibilidad de testimoniar ya que «este espacio te da fuerzas para seguir, para recuperar justicia y memoria y son la voz de todos aquellos que hoy no pueden estar y que seguiremos reclamando siempre que nos los devuelvan».

Por otra parte, declaró Néstor Zurita, sobreviviente del Pozo de Quilmes, quien se quebró varias veces durante su relato y agradeció «por la memoria, verdad y justicia y perdón por no haberlo hecho antes», en alusión a su declaración.

También declaró Norberto Liwski, quien pasó por varios centros clandestinos de detención pero a quien se le pidieron precisiones sobre sus compañeros de cautiverio en la Brigada de San Justo, que provenían del Pozo de Banfield.

El hombre aportó esas identidades y confirmó las torturas que relataron haber sufrido en Banfield y las mujeres que habían sido separadas de sus hijas, explayándose sobre su colaboración para la restitución de Paula Logares, la primera nieta recuperada por análisis genéticos, quien brindó testimonio en este juicio la semana pasada.

«El certificado de nacimiento falso estaba firmado por el médico policial Jorge Vidal, a quien yo reconocí como torturador mío, quien se ufanaba de conocer los efectos de la tortura, que establecía parámetros científicos para la tortura; y que también era torturador con la apropiación de niños», puntualizó.

Liwski destacó el valor de estos juicios que «en cada audiencia son reparatorios para las víctimas y necesarios para las jóvenes generaciones» y reclamó que se cumpla la sentencia del juicio de lesa humanidad por los delitos cometidos en la Brigada San Justo y que se investigue lo ocurrido durante la dictadura en la comisaría de Gregorio Laferrere .

El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Bergés y a los imputados Federico Minicucci; Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.

También empezó a juzgar a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro conocido como «El Infierno» también están imputados Bergés y Smart y el expolicía Miguel Ángel Ferreyro.