El hijo de un hombre de nacionalidad uruguaya secuestrado y desaparecido en Argentina durante la última dictadura cívico militar declaró ante la justicia federal de La Plata que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en los excentros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, de Lanús, y expresó su deseo de que este juicio permita esclarecer lo ocurrido con su padre.
Se trata de Valentín Río Enseñat, hijo de Miguel Ángel Río, quien declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por 16 represores, entre ellos el exmédico policial Jorge Berges, contra casi 500 víctimas, entre ellas 18 mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio niños que aún no recuperaron su identidad.
«Albergo esperanzas que estas instancias sirvan para reconstruir y acercarse a un poco más a la verdad y poder irnos de este juicio con algo más en la reconstrucción de la historia de nuestros familiares», dijo Valentín, quien vive en Uruguay, y milita en la asociación Hijos.
El hombre, hoy de 45 años, explicó además, con emoción, que en una dictadura «hay muchos más afectados, con secuelas, que las víctimas directas».
«Pienso en mis hermanas, nacidas de una pareja posterior de mi madre, en Francia. Pienso en mi familia paterna, que no siempre hemos estado cerca y también en mi prima hermana, en mi sobrino», detalló.
En el mismo sentido se pronunció su madre y pareja de Miguel Ángel Río, Marta Alicia Enseñat, quien comenzó su declaración destacando que en su familia «hay ocho personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado».
«En primer lugar mi compañero y padre de mi hijo, Miguel Ángel Río Casas; en segundo lugar prima Aída Sanz Fernández, embarazada a término al momento de su secuestro; en tercer lugar mi tía Elsa Fernández de Sanz, madre de Aída que había viajado a Buenos Aires con el objetivo de acompañar a su hija en el parto; en cuarto lugar Edgardo Gallo, compañero de Aída Sanz; mi hijo Valentín que tenía 6 meses de vida al momento de la desaparición de su padre; mi mamá María Clara, de 65 años y enferma psiquiátrica. Somos 8 personas, de ellas 4 están desaparecidas», detalló.
La mujer relató su llegada al país tras el golpe militar en Uruguay de 1973 y cómo conoció en Argentina a Miguel Ángel Río, un uruguayo que había militado en la organización Tupamaros.
Juntos se fueron a vivir a una casa de Villa Numancia, en el partido de San Vicente, y tienen a Valentín que tenía seis meses cuando el 24 de diciembre de 1977 secuestran al hombre.
El día antes, el esposo de Aída Sanz había venido a alertarles que una patota militar se había llevado a la mujer embarazada, y recomendándoles que escapen.
Los hombres se fueron juntos y acordaron con la mujer que se reunirían al día siguiente, 24 de diciembre, pero ninguno de ellos apareció al lugar fijado.
«Presentí lo peor y recuerdo, como si fuera hoy, que me entró a correr un sudor frio y me di cuenta que no tenía a dónde ir», recordó.
Afirmó que «en dos oportunidades quisieron secuestrarnos pero no pudieron por eso estoy acá declarando. Para mí declarar es de vital importancia, soy sobreviviente del terror que vivió toda mi familia por eso quiero levantar mi voz, porque ellos no están fueron acallados pero sus principios e ideales de ellos son guías para las futuras generaciones».
El secuestro de Miguel Río
Miguel Río fue secuestrado el 24 de diciembre de 1977 y, herido de bala, estuvo cautivo en el Pozo de Quilmes y hasta el momento sigue desaparecido.
Al igual que con otros ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina, en sus lugares de cautiverio fueron interrogados y torturados por militares uruguayos, e incluso algunos fueron luego trasladados al país vecino.
Valentín Río Enseñat remarcó que «en el caso de mi padre nunca quedó del todo establecido si fue trasladado a Uruguay», señaló el testigo, quien tiene la doble nacionalidad pero reconoce que no le es fácil viajar a Argentina.
«En una oportunidad viajé con mi compañera y mi hijo Milo, pero él se enfermó la primera noche y volví a sentir una sensación de indefensión que pensé se había ido, pero no. Hay un antes y un después a partir de la desaparición de mi padre. Hay secuelas psicológicas que marcaron a mi familia. Es muy extraño estar declarando 45 años después. Uno tiene la sensación de que los hechos están congelados en el tiempo pero las incertidumbres son las mismas agravadas por el paso del tiempo y por el hecho de que alguna manera aparecen nuevas personas afectadas por falta de verdad y justicia, como son los hijos de los hijos de los desaparecidos», reflexionó.
Durante la audiencia también brindó testimonio Alfredo D´Alessio, quien reconstruyó su secuestro y cautiverio en el Pozo de Quilmes y el secuestro y desaparición de su hermano José Luis «Bebe» D ´Alessio, militante de Montoneros, también detenido en el mismo excentro clandestino.
«Nunca supimos nada de mi hermano, dimos sangre su hija Malena y yo (para reconocimiento de restos N.N) pero nunca tuvimos noticias. La última vez que lo vi, le dije a través de la celda ´Bebe, me voy´ y él me dijo ´me alegro, mandale un beso a Malena´», contó y finalmente reclamó que «necesitamos que estos casos se cierran y los genocidas reciban su castigo».
El TOF 1, presidido por Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Bánfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos MarÍa Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También empezó a juzgar a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.