«No voy a parar hasta conseguir justicia, también para mi nieta. Ella se quedó sin su madre y yo sin mi hija». Así, con el dolor tan presente como hace dos años, el padre de la policía Federal Micaela Romero, asesinada por ladrones en plena pandemia de coronavirus, espera el segundo juicio por el hecho y que un cuarto acusado sea condenado a 25 años de prisión al igual otros tres menores de edad ya juzgados.

Fuentes judiciales informaron que entre el 21 y 23 de septiembre próximos el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Quilmes se iniciará el segundo debate por el caso, ya que el primero fue realizado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de ese distrito debido a que tres de los imputados eran menores de edad cuando el 16 de agosto de 2020 mataron a tiros a la policía.

Ese proceso judicial se realizó en julio del 2021 y al concluir los jueces decidieron diferir el dictado del monto de la pena por un año, el que se dio a conocer días atrás: 25 años de prisión.

Ahora, la familia de Romero espera que el cuarto acusado reciba la misma condena en el segundo juicio a realizarse por el caso.

«Se cumplen dos años sin Micaela. Quiero que Quilmes no se olvide de ella. Yo no voy a parar hasta conseguir la justicia», expresó su padre, Juan Carlos Romero, en diálogo con Télam.

«Es un dolor imposible de sacar y de borrar. Ojalá que se haga justicia», agregó el hombre.

«Tenemos a tres condenados que están en el Centro de Detención para menores Almafuerte, de La Plata. Otro, que es mayor de edad, está en el penal de Florencio Varela. Lo más triste es que mi hija está muerta y él está estudiando», se lamentó Romero.

El caso

Micaela tenía de 23 años y una hija de 2 cuando fue asesinada por «motochorros».

La joven, que llevaba un año en la fuerza, se desempeñaba en la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones de la PFA, aunque estaba de licencia médica al momento del crimen.

Eran las 7 del domingo 16 de agosto de 2020 y se festejaba el Día del Niño, aunque en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo) por la pandemia del coronavirus.

Romero, vestida de civil y sin portar su arma reglamentaria, fue junto a un amigo a comprar cigarrillos a un comercio ubicado en calle 395 y avenida Carlos Pellegrini, de La Cañada, Quilmes, cuando ambos fueron abordados por varios delincuentes que iban en moto.

De acuerdo con lo determinado luego, los asaltantes los amenazaron, le robaron las zapatillas y el celular al amigo de Romero y cuando Micaela se negó a entregar su teléfono se dieron cuenta de que era policía y le efectuaron un disparo en el pecho.

«Tirale que es cobani. Tirale que es cobani», le dijo uno de los delincuentes a otro.

Los investigadores dijeron que la oficial recibió un disparo a la altura del tórax, mientras que los delincuentes alcanzaron a sacarle el celular para luego escapar.

Tras el ataque, Romero fue trasladada en grave estado por un grupo de vecinos al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde ingresó inconsciente y falleció a los pocos minutos.

Al mes y medio del hecho, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió en su despacho del Senado con la mamá de la víctima y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, para acompañar el pedido de justicia de la familia.

Días después, la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, recibió a los padres de Romero y les expresó su «pesar» y el «compromiso» para contribuir al esclarecimiento del caso.

En julio de 2021, al llevarse a cabo el primer proceso judicial, los integrantes del tribunal condenaron a tres menores de edad.

En los alegatos de aquel juicio, la fiscal María Julia Botasso y el particular damnificado solicitaron que los acusados fueran declarados culpables del delito de «homicidio en ocasión de robo doblemente agravado» y se les aplicara una pena de 25 años de cárcel.

Los jueces Alejandro Paccioretti, Gladys Krasuk y Analía Consolo resolvieron condenarlos pero por el delito de «homicidio agravado en concurso real con robo con arma» y hace unos días dieron a conocer la pena de 25 años de encierro que les fue impuesta un año después.

Tras el crimen de la policía, su hija fue a vivir con su padre a una casa que el hombre construyó junto a la mujer asesinada en la parte de atrás del terreno donde se ubica también la vivienda de la madre de la víctima, en el barrio Kolinos, de Quilmes.

Por Ramón González para Télam