Un policía comenzó esta semana a ser juzgado como acusado de matar de un disparo en la cabeza a Matías Banuera, un adolescente de 14 años asesinado en julio de 2017 en Quilmes; mientras que otros dos efectivos son sometidos al mismo proceso, pero por el encubrimiento del crimen, informaron fuentes de la causa.

El principal imputado se trata de Cristian Mariano Alejos, quien al momento del hecho era agente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense y afronta cargos por el delito de «homicidio calificado».

Según las fuentes, los acusados de «encubrimiento agravo» por no haber denunciado lo ocurrido son los policías Maximiliano Aguirre y Lucas Bullosa.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Quilmes y el fiscal de juicio es Sebastián Videla, en tanto que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) representa a la familia del chico fallecido y también al amigo de este que estuvo presente en el hecho y resultó ileso.

Por el caso hubo otro efectivo, Manuel Argañaraz, quien en diciembre de 2020, en el marco de un juicio abreviado, acordó una condena de dos años y ocho meses de ejecución condicional por encubrir el crimen de Banuera.

Las fuentes señalaron que en la primera audiencia las partes brindaron sus respectivos lineamientos, en tanto que los acusados no declararon y el testimonio del amigo de Banuera se incorporó por lectura ya que quedó muy afectado por lo sucedido con el crimen dado que al momento del mismo tenía 13 años.

Luego fue el turno de los testigos, entre ellos, el padre del adolescente asesinado que contó cómo se enteró de lo sucedido y varios vecinos del barrio donde se produjo el hecho.

Entre estos últimos declaró una pareja que residía en una casa de donde le sustrajeron una moto, robo que los policías acusados le atribuyeron a Banuera y sus amigos; aunque estos testigos dijeron que no llegaron a ver quién se había llevado el rodado.

También declaró otro vecino quien contó que él escuchó los gritos de un chico y que desde su terraza vio al amigo de Banuera junto al cuerpo baleado de la víctima, pero que los acusados no estaban en el lugar, por lo que llamó al 911.

Margarita Jarque, abogada de la CPM, explicó que los testigos coincidieron en que en la escena del crimen había una buena visibilidad a pesar de la nocturnidad y que los efectivos estaban en condiciones de observar las siluetas de la víctima y sus amigos, dado que había unos setenta metros entre el sitio de donde partieron los disparos y donde cayó el adolescente baleado.

En tanto, se estima que la semana próxima se realizarán los alegatos de las partes.

El crimen ventilado en el debate ocurrió el 29 de julio de 2017, cuando Banuera se encontraba junto a un grupo de amigos en la esquina de Vélez Sarsfield y 402 bis, de la localidad quilmeña de Ezpeleta, en el sur del conurbano, y fueron abordados por cuatro policías que estaban fuera de servicio y salían de una casa donde se festejaba un cumpleaños.

Los efectivos acusaron a estos chicos de intentar robar una moto de una vivienda del barrio y en esas circunstancias dispararon contra ellos, a raíz de lo cual, Banuera fue alcanzado por un disparo en la cabeza que le provocó la muerte.

Por su parte, la otra víctima, Franco, permaneció junto al baleado y pidió ayuda a los vecinos para que llamaran a una ambulancia.

Sin embargo, a partir de tareas investigativas, la fiscal que instruyó la causa, Ximena Santoro, descartó la versión de los policías y los acusó del homicidio y el encubrimiento del mismo.

Posteriormente, un peritaje demostró que el balazo recibido por Banuera fue efectuado por el policía Alejos, aunque al menos tres de los efectivos fueron los que dispararon.

Además, la fiscal descartó que los jóvenes estuviesen armados, lo que fue avalado por la Justicia de Garantías en su momento.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Quilmes sobreseyó posteriormente a los policías acusados de encubrimiento, aunque en 2019 el Tribunal de Casación bonaerense revocó ese fallo y así llegaron a juicio, el cual debía comenzar en mayo de 2021 y se pospuso por la pandemia de coronavirus.

Luego, en febrero de este año, el inicio del debate se volvió a posponer por pedido de la defensa de Alejos que sostuvo que este era un paciente de riesgo ante la Covid 19.