Ocho de los imputados en el juicio que sigue el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata por delitos cometidos durante la última dictadura militar en el Pozo de Quilmes y otras brigadas policiales sumaron ayer nuevos cargos por privación ilegal de la libertad, práctica de actos de tortura, violencia sexual de distintas víctimas y homicidio en perjuicio de 170 víctimas.

Se trata del exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart; el exmédico policial Jorge Bergés; y los expolicías y exmilitares Carlos María Romero Pavón; Roberto Balmaceda; Julio Candiotti; Jorge Di Pasquale; Carlos Fontana y Guillermo Domínguez Matheu, quienes se negaron a prestar declaración indagatoria.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata juzga desde hace 2 años los crímenes de lesa humanidad cometidos por 16 represores, contra cerca de 700 víctimas, entre ellas 18 mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio y 8 trans, en los excentros clandestinos que funcionaron en dependencias policiales y eran conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno y en Brigada San Justo.

La auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad, Ana Oberlin, explicó que «este nuevo tramo (de casos) surge como parte del trabajo que continúa haciendo la fiscalía», vinculado «a que a las personas que prestaban testimonio en el juicio oral le preguntamos por otras personas que estuvieron en las mismas condiciones secuestradas que ellas y aportaban nuevos elementos».

«Con esos elementos en forma paralela hacemos una investigación profundizando la instrucción y a partir de esos elementos y otros documentos, incorporamos nuevos casos en la instrucción y en un tiempo breve logramos que el juez de instrucción Ernesto Kreplak indague y procese; la Cámara confirmó esos procesamientos y se elevó a juicio», detalló.

Oberlin contó que la Fiscalía pidió ante el TOF1 que «se incorporen estos casos a este juicio» y dijo que «desde esta fiscalía pusimos todo el esfuerzo en esta estrategia y tuvo felizmente acogida como corresponde por parte de los jueces».

«De no haberse permitido su incorporación hubiera sido en la práctica la impunidad de los imputados, ya que el tiempo que lleva desde la indagatoria hasta llegar al juicio oral se estima alrededor de 10 años o más», destacó la auxiliar fiscal y señaló que «se hubiera dado la impunidad biológica de los victimarios que son mayores y por el paso del tiempo hubiera sido imposible juzgarlos».

Se trata de los casos de 170 nuevas víctimas, muchas de ellas mujeres, e incluye el caso de la menor de edad Rosa Isabella Valenzi, sustraída a sus padres; y el secuestro y las torturas infligidas a varias integrantes de la familia de Mario Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo.

En la elevación a juicio de estos nuevos casos se acusó al exministro de Gobierno bonaerense, y único civil imputado, de haber formado «parte del aparato de poder organizado que implementó en nuestro país el plan de desaparición forzada».

«Desde su rol funcional contribuyó a la comisión de hechos que convergen en la mecánica del plan aludido, a saber: la privación ilegal de la libertad y la práctica de actos de tortura, violencia sexual de distintas víctimas, desaparición forzada y homicidios de las personas ilegalmente detenidas», según se manifestó en la elevación a juicio de estos nuevos casos.

«Correspondía al Ministerio de Gobierno todo lo atinente al gobierno político e institucional de la provincia, el afianzamiento del orden jurídico, la seguridad pública, la organización del régimen judicial, la actuación de la legislación general y, en particular, lo relativo al orden, prevención, y seguridad públicos; y a la organización, dirección y régimen policial», se leyó.

Para la fiscalía «las funciones voluntariamente asumidas hacen inferir que debió considerar -con plena conciencia e inexcusablemente- los riesgos de participar en la ejecución del plan sistemático trazado y de lo que implicaba ejecutar dicho plan».

«Jaime Lamont Smart tenía pleno conocimiento del plan sistemático y generalizado de represión inhumana e ilegal desatado en la región bonaerense», sostuvo la fiscalía y manifestó que «a ello se añade, por un lado, que ejerció su cargo de facto en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires y que resultaron ser imprescindibles para lograr el funcionamiento efectivo del plan criminal».

Como un elemento probatorio se aludió a las declaraciones del imputado reflejadas en la publicación del diario La Nación del domingo 12 de diciembre de 1976, en las que el hoy imputado decía que: «Tenemos el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos, porque si no corremos el riesgo de que dentro de unos años vuelvan de las sombras».

En esa nota precisaba el refuerzo de hombres y equipamiento aportado a la policía y concluía diciendo que «en el Ministerio de Gobierno hemos tenido siempre presente la necesidad de volcar todos los recursos en la lucha contra la subversión».

En el caso del exmédico de la Policía bonaerense, Jorge Bergés, se detalló que cumplió tareas en la Dirección General de Investigaciones entre el 18 de febrero de 1975 y el 18 de diciembre de 1984″.

«Dada su capacidad técnica de médico, Bergés se hacía presente en la dependencia con el objeto de verificar el estado de las personas ilegítimamente alojadas en el Pozo de Quilmes», se destacó en la elevación a juicio leída en la audiencia de ayer.