Los cotitulares de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, encabezaron una reunión en la central obrera para debatir con representantes de las entidades confederadas aspectos logísticos de lo que la central ratificó será «una movilización masiva» el 24 de enero hacia el Congreso en rechazo del DNU y la ley ‘Bases’ del Gobierno.

Además de los jefes cegetistas y otros integrantes de la conducción estuvieron las «segundas líneas» de los sindicatos para discutir los detalles organizativos, logísticos y de preparación de la huelga y la marcha de ese día.

Un sector de dirigentes no participó, ya que a esa misma hora deliberaba en un plenario de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Daer afirmó que el paro y movilización debe generar «la visibilización de las organizaciones sindicales y de los científicos, las personalidades de la cultura, del deporte y los inquilinos», afectados por medidas del Gobierno.

«Hay un universo muy grande que se sintió afectado por estos temas que se tratan en el Congreso. La CGT pretende que el 24 haya un acto ordenado, aunque la marcha se realizará de la misma manera que la del 27 de diciembre último hacia Tribunales», dijo.

Para Daer, la movilización «será muy grande y no habrá inconvenientes», y le recomendó al Gobierno que «se quede tranquilo y no gaste plata en cifras astronómicas sobre supuestos costos en operativos, porque los trabajadores y el pueblo saben cuidarse».

Además, Daer reclamó a los diputados que den «el ejemplo y discutan y acuerden de cara a la sociedad» el proyecto de ley del Gobierno ‘Bases’, luego de denunciar «negociaciones» en presuntas reuniones entre legisladores y representantes que «no son funcionarios» en un «hotel» de Congreso.

El gremialista calificó como «una falta de respeto» a quienes participan en el plenario de comisiones de Diputados que debate el DNU y la ley ómnibus que «a dos cuadras se produzcan estas reuniones, en un hotel vecino, a espaldas de lo que es público».

«Puede ser que se negocie para conseguir votos, pero el Parlamento tiene que actuar de cara a la sociedad, sobre todo después de los adjetivos que usó el propio presidente», insistió, en alusión al presunto pedido de coimas de diputados que deslizó Javier Milei.

El comunicado de la CGT

La CGT emitió un comunicado titulado «La Patria no se vende» en el que denunció «la realización de reuniones dotadas de cierto ‘oscurantismo’ afuera del Congreso entre algunos legisladores y estudios de abogados, como en el Hotel Savoy»; exigió que «los debates parlamentarios deben producirse siempre de cara al pueblo» y advirtió que el oficialismo procura cambiar «la fecha de análisis del DNU y la ley ‘Bases’ para un día sábado».

Varios dirigentes especularon sobre la forma en que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidirá aplicar el ‘Protocolo Antipiquetes’ ante su «segura masividad».

El líder de los conductores de trenes de La Fraternidad, Omar Maturano, dijo que la reunión entre dirigentes y cuadros de organización fue convocada para «armar la movilización del 24 de enero».

El marítimo Juan Carlos Schmid, quien integra el consejo directivo y no estuvo porque al ser el adjunto de la CATT encabezó el plenario nacional junto con el ferroviario Sergio Sasia, dijo a esta agencia que «la marcha será contundente y muy importante» y puntualizó que «la aplicación del protocolo será imposible».

«No se trata de una bravuconada mía ni del movimiento obrero. Pretender aplicar el ‘Protocolo Antipiquetes’ desde el Ministerio de Seguridad ese día es impracticable, imposible. 500 mil o más personas no pueden marchar por la vereda. Es así de simple. Espero que la ministra Bullrich lo entienda de una vez, porque además se trata de ejercer el legítimo derecho constitucional a manifestarse», afirmó Schmid.

Para el dirigente «la CGT está trabajando bien en el Parlamento para asegurar los votos necesarios que rechacen las medidas económicas del Gobierno».

Hugo Moyano repudió a Bullrich

En un día cargado de reuniones gremiales y de denuncias de la CGT por supuestos encuentros entre legisladores y estudios de abogados a pocas cuadras del Congreso, el jefe cegetista y líder camionero Hugo Moyano difundió un documento donde aseguró que «la única ruta es la defensa de los derechos y dignidad de los trabajadores».

«Nadie nos apartará de ese camino. Repudio profundamente la arbitraria y disparatada intimación del Ministerio de Seguridad a cargo de Bullrich, que reclamó el reintegro de gastos por 40.419.227 de pesos en los que supuestamente habría incurrido el Estado por el operativo de seguridad con motivo de la marcha de la CGT de diciembre», afirmó.

Moyano, titular de la Federación de Choferes de Camiones, reivindicó esa marcha en rechazo del «inconstitucional DNU 70/23» y aseguró que «su contenido, al igual que el de la ley ‘Bases’, atenta de forma violenta contra los intereses del pueblo».

«Dedica un extenso capítulo a una reforma laboral que elimina derechos de los trabajadores y sus sindicatos. En poco más de un mes las medidas del Gobierno aceleraron de manera salvaje la inflación, y el ajuste recayó sobre los trabajadores y sectores más vulnerables, como los jubilados, a quienes prometen continuar empobreciendo al derogar la fórmula de actualización de sus haberes», dijo. Y puntualizó que esas políticas «no ajustan a la casta sino que procuran eliminar derechos y dignidad y, el objetivo final, es instalar una esclavitud moderna».

«De la misma forma que el Gobierno procura que los gremios paguen supuestos gastos por marchar y protestar, la gestión macrista aplicó la multa más elevada de la historia en 2018 -1.052.000.000 de pesos-, revocada por la justicia nacional del trabajo. Hasta ese momento había solo dos antecedentes tan graves: el del gobierno de Ronald Reagan contra el gremio de controladores aéreos, y el de Margaret Thatcher contra los mineros. Dos personajes nefastos casualmente admirados por el presidente Javier Milei», afirmó.

Moyano añadió que el Gobierno libertario «sostiene y profundiza el discurso antisindical de sus devenidos aliados», y enfatizó que «un claro ejemplo es el proyecto de resolución del diputado nacional Gerardo Milman del 11 de abril de 2022, quien junto con otros 14 legisladores – muchos de los cuales viven del Estado desde hace décadas- pretendía que el Ministerio de Trabajo solicitara la cancelación de la personería gremial de Camioneros».

«Sería interesante que algún funcionario explique cómo determinaron el importe de los gastos que reclaman, cuando no existió violación ni infracción a ninguna norma. Por haber enfrentado la reforma laboral macrista las entidades que integran la organización sufrieron más de 30 allanamientos y auditorías, pero no se halló irregularidad alguna, ya que se basaron en burdas mentiras y causas armadas. Pero jamás dimos un paso atrás ni renunciamos a la lucha. Y así será, por lo que Camioneros respalda el paro general y la movilización convocadas por la CGT para el 24 de enero hacia el Congreso», concluyó.