La Federación de Personal de Vialidad Nacional declaró la “emergencia vial” en el país debido al desfinanciamiento que el gobierno nacional viene realizando en las rutas de todo el país, lo que “pone en riesgo la vida de los usuarios”, y denunció el desguace de la Dirección Nacional de Vialidad.

“Los trabajadores y las trabajadoras de Vialidad Nacional declaramos la Emergencia Vial. El desfinanciamiento del Estado por Gobierno Nacional pone en riesgo la vida de los usuarios de las rutas, en todo el país”, advirtió el consejo directivo de la federación en un comunicado difundido tras un plenario de los secretarios generales de los sindicatos de base adheridos, realizado en los últimos días.

“Declaramos la emergencia vial y exigimos a las autoridades del Gobierno Nacional que atiendan las necesidades planteadas de forma urgente, habida cuenta que la actual paralización del organismo está atentando directamente contra la integridad y la seguridad de los usuarios de nuestras rutas y el ejercicio diario de nuestra soberanía sobre nuestros caminos y territorios”, señalaron al término del encuentro.

La federación señaló asimismo “la grave situación que está atravesando la Dirección Nacional de Vialidad a partir de los despidos sin causa justa, así como del desguace al que está siendo sometido el organismo”.

“La nula inversión y la ausencia total de una política vial ha puesto a nuestra repartición al borde del colapso institucional, como así también a toda la infraestructura vial argentina y, como consecuencia directa, al transporte de cargas, de pasajeros y demás usuarios viales”, indicaron en un comunicado de prensa. 

Los trabajadores viales explicaron que para este año “no sólo se replicó el presupuesto del año anterior, sin una mínima consideración al devastador proceso inflacionario sufrido en nuestro país, sino que tampoco son liberados los fondos ya asignados” y señalaron que el actual presupuesto es “tan bajo y devaluado que alcanza solamente para funcionar hasta el mes de junio, incluso para pagar los sueldos”.

En ese marco, precisaron que fueron despedidos trabajadores y trabajadoras esenciales para sus tareas, como ingenieros, maquinistas, mecánicos, topógrafos, laboratoristas y obreros, entre otros.

Las deficiencias

La federación denunció además que el Gobierno de Milei paralizó la compra de insumos básicos y fundamentales como combustible, repuestos para equipos y mezcla asfáltica, lo que afecta “la ejecución de trabajos de mantenimiento, indispensables para brindar a los usuarios un mínimo de condiciones de seguridad en la circulación en nuestras rutas, como son el corte de pastos, la reposición de señales, el bacheo, el despeje de nieve o el control de pesos y dimensiones”.

El operativo invernal, que consiste en el despeje de nieve en la zona patagónica y cordillerana, “no se puede lanzar en su plenitud en medio de las actuales nevadas, porque no se han realizado las compras en tiempo y forma por el congelamiento de las partidas, por decisión del ministerio de Economía”, según explicaron.

“Las nevadas avanzan y contamos con muy pocos recursos para afrontar esta tarea, poniendo en juego la vida de los usuarios, el transporte de mercancías y el posible aislamiento de los pueblos. No se abonan los adicionales a las cuadrillas operativas desde el mes de enero de 2024”, informaron.

Indicaron asimismo que las tareas de control de pesos y dimensiones “se han visto seriamente afectadas” y hoy “se encuentran activos apenas un 30% los mismos. Factor fundamental para sostener la vida útil de la ruta, así como la seguridad vial de los usuarios”.

“La falta de mantenimiento de toda la red nacional, que abarca unos 40.000 km, nos ha llevado a un estado de situación donde el 60% de la misma está en mal estado. Con el nivel de deterioro actual, y sin intervención, llegaremos al mes de diciembre con la red vial nacional totalmente colapsada”, manifestaron.

En tanto, rechazaron los planteos de algunos gobernadores en torno a la “provincialización” de las rutas nacionales y la instalación de cobro de peaje y afirmaron: “No podemos convalidar la entrega del patrimonio de todos los argentinos a las provincias porque eso es alimentar la disolución nacional, entre otras, una obra que se hizo con fondos públicos de todas y todos, y el sistema de peaje tiene por objeto recuperar la inversión que hizo un privado al realizar la obra”. 

“Los trabajadores y las trabajadoras sabemos que estas políticas son arbitrariamente inducidas desde el Gobierno Nacional, para crear las condiciones de un proceso de privatización. Con los resultados a la vista, luego de más de 30 años de privatizaciones y concesiones los argentinos sabemos que la salida no es por ahí. Los privados nunca invierten en nuestras rutas. Las características geográficas y demográficas de nuestro país hacen que solo una pequeña porción sea rentable para un modelo privatista y de concesiones”, indicaron.