La ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, sostuvo que, en el marco de la desaparición de la cartera a nivel nacional, “siguen trabajando con programas donde se transfieren recursos económicos” y se brinda “asistencia y colaboración técnica” para que las áreas de género de los 135 municipios.

El objetivo es que esas políticas estén “fortalecidas” y, de esa manera, “seguir construyendo políticas que reduzcan las brechas de desigualdad”, pero, especialmente, “que aborden las violencias por razones de género”.

“En el marco general de las políticas de ajuste y desmantelamiento del Estado, que está llevando adelante el Gobierno Nacional, las políticas de Género y Diversidad son particularmente atacadas y eliminadas de ser financiadas”, sostuvo la funcionaria.

Asimismo, indicó que “cuando se miran las partidas ajustadas” por parte de Nación, las vinculadas a mujeres y género son las que sufrieron más recortes, “además del despido del 85% del personal del ex Ministerio Nacional”.

“Como el Consejo Federal de las Mujeres no existe más, quedamos en un compromiso de continuidad en la articulación (entre secretarías y programas) pero también en nuevas reuniones que los organismos promoverán antes de fin de año”, informó Díaz.

Una de las prioridades para la Provincia, luego de que se diera de baja a nivel nacional, es el mantenimiento de la línea 144 destinada a la atención, contención y asistencia a quienes sufren violencia de género.

“La decisión que hemos tomado, apoyada por el gobernador Axel  Kicillof, es el plan de fortalecimiento de la línea 144 porque queremos destacar que la provincia de Buenos Aires, al igual que la Ciudad, tiene su propia línea 144 que nació en el año 2008”, subrayó.

En la misma línea, planteó que “como todo el resto de políticas y programas” deben hacerse “en contexto de retirada y ajuste del Gobierno” y que, como ya afirmaron, la eliminación de lo que fue el Ministerio Nacional, no solo afecta partidas y programas “directamente ligadas a esa cartera”, sino a situaciones relacionadas a los Derechos Humanos.

“El plan de reducción del embarazo no intencional adolescente logró, en pocos años, reducir a la mitad algo que no se había conseguido nunca en nuestro país. Además ese programa, acompaña a las jóvenes a construir un proyecto de vida, a terminar su educación y a cumplir un desarrollo personal con oportunidades y no interrumpido por una maternidad en la infancia o en la adolescencia”, destacó.

Por otra parte, comentó que, desde que el Consejo Federal de las Mujeres no existe más, es complejo “discutir propuestas e intercambiar experiencias” entre las distintas provincias, porque “es un ámbito fundamental para la articulación de estas políticas y los acuerdos en un país Federal como el nuestro”.

“Gracias a los diálogos entre los organismos internacionales, se organizó una reunión donde nos convocaron a todos los mecanismos de género y donde hubo 20 provincias allí presentes y se intercambió la preocupación por la falta de políticas nacionales que garanticen el cumplimiento de los derechos de las mujeres y las diversidades en la Argentina”, manifestó.

Una de las problemáticas más importantes de la que habla Díaz, es sobre la eliminación del programa ‘Acompañar’ que asistía a las mujeres en situaciones graves de violencia de género, con un salario mínimo, vital y móvil por seis mes, debido a que suele “ser crucial” el aporte económico cuando, además el contexto, la vulnerabilidad económica es el factor que “desalienta la salida de la violencia frente a no tener los recursos económicos”, y que desde Provincia tratan de sostener y brindar.

Para finalizar, informaron que, desde la cartera bonaerense, continúan con un programa que acompaña a las mujeres y diversidades privadas de libertad y que, en el marco de esa política institucional, pidieron una visita a la joven que continúa detenida luego de las protestas por la Ley Bases.

“Nos llamaron desde el Ministerio de Seguridad, de la asesoría de Gobierno, preguntando en calidad de qué este ministerio pedía esa visita. No solo nos dijeron eso, sino que nos fue denegada la visita. Nos parece gravísimo. Además, venía leyendo unas declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que decía que ella no se metía en quién quería visitar a las personas detenidas en Argentina, pero parece que en algunos casos sí. Hay restrictos derechos a la visita y nos parece un paso más de extrema gravedad, en el posicionamiento del Gobierno Nacional, que no solo es negacionistas de los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado, sino de los derechos elementales humanos de las personas que habitan la Argentina, como también de las mujeres privadas de su libertad”, concluyó.