Un sobreviviente de un centro clandestino de detención relató la complicidad de la empresa de calefones Saiar de Quilmes, donde trabajaba, en su secuestro y torturas sufridas durante la última dictadura militar.

Se trata de Jorge Varela, quien declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que desde el 27 de octubre último juzga a 18 represores, entre ellos Miguel Etchecolatz, por los secuestros, torturas, crímenes y abusos sexuales cometidos contra las víctimas que estuvieron cautivas en los centros clandestinos de Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, también conocido como «Infierno».

«Fui víctima, con varios compañeros de la fábrica, de un operativo militar en la fábrica el martes 13 de abril de 1976, un operativo llamativamente grande, con blindados, ametralladoras pesadas dentro de la fábrica y gente en los techos circundantes», recordó el extrabajador que estuvo cautivo durante 7 años.

Varela recordó que «de los parlantes de la fábrica fueron leyendo nombres, nos iban separando, llamaron a la mayoría del cuerpo de delegados y a los más activistas, entre ellos yo».

El sobreviviente remarcó que en la fábrica el cuerpo de delegados había logrado muchas mejoras para el trabajador entre ellos un premio por productividad que incluía al trabajador, los salarios crecieron».

«Venían delegados de otras fábricas para asesorarse sobre estas reivindicaciones, por eso tenían que descabezar la comisión interna», apuntó.

Varela contó que «nos llevaron en camiones, no sabíamos de qué se trataba» y detalló que entre los detenidos «estaba el jefe de personal, que actuó como que era detenido, y duró un día de esa manera creo, era Martínez Riviere que dirigía la fábrica».

El trabajador fue llevado a la comisaría primera de Quilmes, donde incluso la empresa les llevaba comida.

«La empresa se hizo cargo de llevarnos comida, la empresa nos traía sandwiches, pizza y después nuestras familias nos llevaban cosas, lo que era raro porque a las familias les negaban que estuviéramos allí, pero les pedían que nos trajeran comida», relató.

El obrero remarcó que la empresa «le daba mi sueldo a mi mamá hasta que vienen un día y nos dicen que teníamos que renunciar, que sino no nos iban a pagar más, así que renuncié para que a mi familia le pagaran la indemnización, porque mi papá era jubilado».

No es la primera vez que surgen pruebas y testimonios de la complicidad empresarial con la dictadura militar.

En diciembre de 2020, el periodista Horacio Verbitsky declaró como testigo de contexto y dio detalles sobre la intervención de la patronal en el secuestro de trabajadores de la empresa Saiar.

El periodista y escritor dio detalles sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores de la empresa Saiar, varios de los cuales están desaparecidos, y en especial sobre el secuestro del obrero Luis Adolfo Jaramillo, uno de los hechos juzgados por el TOF 1.

Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado «Cuentas Pendientes», que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.

El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, comenzó a juzgar al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.

También juzga a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.