Una fiscal de juicio pidió 25 años de prisión para los tres jóvenes acusados del crimen de Micaela Romero, la integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) asesinada por «motochorros» que la asaltaron el año pasado en el partido bonaerense de Quilmes, informaron fuentes judiciales.

Durante los alegatos que se desarrollaron desde las 10 ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 2 quilmeño, el particular damnificado coincidió con el pedido de la fiscal de ese mismo fuero, María Julia Botasso.

Según las fuentes, la instructora judicial pidió que se condene a los acusados -dos jóvenes de 18 años y uno de 17- por el delito de «homicidio en ocasión de robo doblemente agravado».

Por su parte, la defensa de los imputados requirió la absolución ante los jueces Alejandro Paccioretti, Gladys Krasuk y Analia Consolo.

Tras los alegatos, que fueron acompañados por una marcha en la puerta de los tribunales encabezada por la madre de la víctima, María Constante; los magistrados adelantaron que el lunes próximo notificarán a las partes cuándo darán a conocer el veredicto.

El juicio comenzó el lunes pasado en forma presencial con la declaración de testigos propuestos por las partes acusadoras y la reproducción de las escuchas telefónicas realizadas durante la instrucción de la causa.

Las fuentes judiciales indicaron que uno de los testigos presenciales colocó a uno de los dos acusados de 18 años en la escena del crimen.

Por su parte, Constante dijo que espera «una condena ejemplar», aunque sabe que «la prisión perpetua acá en Argentina no existe y menos para menores».

Micaela Romero tenía de 23 años, era madre de una nena de 2 y tenía un año de antigüedad en la fuerza, donde se desempeñaba en la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones de la PFA, aunque estaba de licencia médica cuando fue asesinada.

Actualmente, la hija de Micaela vive con su padre en una casa que el hombre construyó junto a la mujer asesinada en la parte de atrás del terreno donde se ubica también la vivienda de Constante, en el barrio Kolinos, de Quilmes.

El crimen de Micaela fue cometido cerca de las 7 del domingo 16 de agosto del año pasado, en el que se celebraba el Día del Niño.

La policía, que estaba vestida de civil y no llevaba su arma, fue junto a un amigo a comprar cigarrillos a un comercio ubicado en calle 395 y avenida Carlos Pellegrini, de La Cañada, Quilmes, cuando ambos fueron abordados por varios delincuentes que iban en moto.

De acuerdo con lo determinado luego, los asaltantes le robaron las zapatillas y el celular al amigo de Romero y cuando Micaela se negó a entregar su teléfono se dieron cuenta de que era policía y le efectuaron un disparo en el pecho.

«Tirale que es cobani. Tirale que es cobani», le dijo uno de los delincuentes a otro al momento de robo y al reconocer a Romero.

Los investigadores dijeron que la oficial recibió un disparo a la altura del tórax, mientras que los delincuentes alcanzaron a sacarle el celular para luego escapar.

Tras el ataque, Romero fue trasladada en grave estado por un grupo de vecinos al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde ingresó inconsciente y falleció a los pocos minutos producto de la herida sufrida.

A un mes y medio del hecho, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió en su despacho del Senado con Constante y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, para acompañar el pedido de justicia de la familia.

Pocos días después, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, recibió a los padres de Romero y les expresó su «pesar y compromiso» por contribuir al esclarecimiento del caso.