El expresidente Mauricio Macri fue citado hoy a declaración indagatoria con prohibición de salida del país en la causa que investiga espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017.

La decisión fue del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien lo convocó para el próximo 7 de octubre a las 11, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

«Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri», advirtió Bava en el fallo de 166 carillas.

Macri se encuentra esta semana en Miami, donde el miércoles presentó su libro «Primer Tiempo» y participó de una conferencia en la Florida International University.

Apenas conocido el fallo, familiares de los tripulantes del ARA San Juan celebraron la decisión judicial, consideraron que fue una «grata sorpresa» y destacaron la celeridad con la que viene trabajando el juzgado de Dolores.

En el fallo conocido hoy, el juez procesó sin prisión preventiva al extitular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a su exsegunda en el organismo, Silvia Majdalani, con embargos de 20 millones de pesos para cada uno y a otros imputados que actuaron desde una base de inteligencia emplazada en Mar del Plata, según la acusación.

El entonces presidente de la Nación «no solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos mencionados, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia, acorde al lugar que le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo responsable político», sostuvo el juez.

El espionaje ilegal «se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional», remarcó Bava en su resolución.

«Todo esto es de una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia, y como dije, es deber del Poder Judicial investigarlo y sancionarlo», agregó.

La «gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no solo una conculcación al sistema democrático, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido», evaluó.

En el capítulo de la resolución dedicado a la decisión de citar a indagatoria a Macri, el juez sostuvo que, en principio, «determinar la transgresión a la Ley 25520 (ley de Inteligencia) es identificar los límites del poder del Estado para con todos los ciudadanos de la República Argentina».

«Corresponde detallar que se le imputa desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias», detalló la resolución.

Bava anticipó que interrogará al expresidente por hechos de espionaje ilegal a familiares de tripulantes del ARA San Juan y de dos barcos pesqueros, el «Rigel» y «El Repunte» que se hundieron en 2018, todo cometido desde una base de inteligencia en Mar del Plata.

«Se le imputa haber ordenado y posibilitado» la realización de «numerosas» maniobras de espionaje interno ilegal «con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan».

«Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes», enumeró.

Bava detalló seis hechos concretos de espionaje ilegal ocurridos durante 2018 con seguimientos, filmaciones y fotografías a familiares de tripulantes del ARA San Juan en distintos actos públicos en reclamo de justicia.

El espionaje «prohibido por la ley fue llevado adelante con la participación de la Delegación Provincial de Mar del Plata dependiente de la Dirección de Reunión Interior de la AFI en el período detallado, las que eran producidas para información del imputado».

«No deja de sorprender a este magistrado que casi la totalidad de las víctimas resultan ser mujeres. Son las madres, las hermanas, las parejas de los

tripulantes del submarino ARA San Juan y de los buques Rigel y El Repunte, que solo buscaban –y buscan- saber qué pasó con sus seres queridos», enfatizó el magistrado.

Las víctimas «se encontraban en una clara situación de vulnerabilidad frente a esos sucesos, mientras los organismos del propio Estado ante sus reclamos de justicia, lejos de protegerlas y actuar con debida diligencia, las espiaba ilegalmente».

Bava remarcó que » las acciones privadas se encuentran vedadas de cualquier intervención estatal, sin importar el ámbito en el que sean desarrolladas».

Se trata de la primera citación a declarar en calidad de imputado para Macri desde que dejó la Presidencia de la Nación, ya que, con anterioridad, en 2010, cuando era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue indagado en otra causa por supuesto espionaje ilegal, en la que finalmente resultó sobreseído el 29 de diciembre de 2015.

La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI.