El Senado aprobó por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados la ley Nacional de Juventudes, que promueve el desarrollo integral de los jóvenes de 18 a 29 años residentes en el país y su participación activa en todos los ámbitos de la vida nacional en condiciones de equidad, diversidad y solidaridad.

El proyecto crea tres organismos de Promoción de Juventudes: la Secretaría Nacional de las Juventudes y el Instituto Nacional de las Juventudes, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros; y el Consejo Federal de las Juventudes, con la participación de integrantes de todas las provincias.

A su vez, la iniciativa contempla un presupuesto propio que alcanza al 0,02 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina, lo que se calcula para el año 2022 (cuando se prevé que entre en vigencia) en más de dos mil millones de pesos.

De acuerdo a la autora del proyecto, la oficialista puntana María Eugenia Catalfamo, se pretende «ampliar y garantizar cada día más los derechos de las y los jóvenes» en Argentina.

«Son a quienes tenemos que otorgarles todo lo que podamos como estado la cantidad de leyes y políticas públicas que sean necesarias», sostuvo la legisladora de 30 años, la más joven de los miembros de la Cámara de Senadores.

Catalfamo señaló que se trata de «una ley integral que buscar llenar vacío que existe en nuestro país respecto a la legislación de juventudes».

«Hemos pasado por una situación difícil, una crisis social sin precedentes a la que le siguió una pandemia, hoy la juventudes atraviesan una pobreza de 48, 5 por ciento», afirmó.

La senadora precisó que la desocupación «alcanza el 19 por ciento pero específicamente entre las jóvenes mujeres alcanza el 24 por ciento», y la informalidad el 60 por ciento, por lo que «es ahí donde se debe apuntar nuestras políticas públicas», dijo.

La iniciativa busca promover desde el Estado programas de empleo y otorgamiento de becas al «reforzar la estructura del Estado» destinado al diseño de políticas para el sector y establece derechos, deberes y prioridades del Estado a la hora de delinear el financiamiento.

La norma había obtenido dictamen el 21 de octubre en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, pero desde el oficialismo y la oposición se habían sugerido correcciones por lo que no fue incluida originalmente en el temario de ayer sino que se sumó el texto a último momento.

«Este proyecto de ley me genera alegría y esperanza. Los jóvenes van a poder contar con contención en materia de derechos. Se refuerza la estructura del Estado para atender sus demandas y problemáticas más urgentes. Esto es histórico», explicó Catalfamo.

La senadora recordó que beneficia a «un cuarto de la población argentina que estuvo tan golpeado por la pandemia y todavía le cuesta recuperarse».

Además, cuestionó los planteos hechos desde la oposición respecto del costo fiscal al argumentar que «es necesario, en una ley de estas características, dejar de hablar de costos fiscales».

En representación de la oposición, que acompañó la iniciativa, la senadora de Juntos por el Cambio por Mendoza Pamela Verasay consideró que «ya no alcanza con becas ni con subsidio ni con emergencias» sino que «una de las políticas de Estado tiene que ser atender las demandas de los jóvenes».

«El 70 por ciento de los jóvenes quiere ir del país, Argentina tiene el nivel de desempleo más alto de la región y se trata de un problema que es generacional, que es un problema que lleva años y que no es responsabilidad de un sólo gobierno», añadió.