El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, abogó por instaurar «un esquema inteligente de subsidios» en materia de tarifas de servicios públicos, focalizado en los sectores por debajo de la línea de pobreza y algunos de la clase media.

En la actualidad, aseguró, «hay un esquema de subsidios que me parece que es regresivo» y sin identificar a barrios determinados al tiempo que criticó que «en la ciudad de Buenos Aires haya lugares de altos ingresos que pagan un tercio de lo que cuesta el servicio, algo que no tiene sentido».

Kulfas reconoció que «el problema es complejo» y se requiere ser «muy comprensivo de la situación» a la hora de resolver los nuevos cuadros tarifarios, ya que en las clasificaciones geográficas debe tenerse en cuenta que «hay barrios con realidades diferentes», así como familias que por diversas circunstancias «pudieron haber tenido un buen pasar y ahora no lo tienen».

El funcionario sostuvo a radio Nacional que habría que «eliminar» los subsidios a los usuarios de altos ingresos, aunque «sin que esto genere un proceso disruptivo», al tiempo que destacó que esa baja en las transferencias «va a ayudar a reducir de manera virtuosa el déficit fiscal».

La opinión de Kulfas se da a conocer dos días antes de la convocatoria a la audiencia pública del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para debatir el nuevo cuadro tarifario de las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur.

Asimismo, va en línea con el análisis realizado por la Consultora Sarandí, que sostuvo que la Argentina debe darse «un debate sincero sobre cómo ordenar su matriz tarifaria» para terminar con la «lógica pendular» de los últimos años con «subas impagables» seguidas por «períodos de congelamiento a pesar de la inflación».

La entidad dirigida por el economista Sergio Chouza abogó por un esquema en el que «la norma sea la de pagar lo que los servicios valen, con una cobertura parcial sobre los sectores medios a partir de la segmentación, y siempre cuidando a los más vulnerables».

Sarandí detalló que la cobertura del costo de generación de las boletas de luz bajó del pico del 65,2% en 2019 al 34,2%, que consideró «a todas luces una proporción muy baja, en el contexto de un Estado con una situación fiscal debilitada y necesidades urgentes».

En ese contexto, agregó que «al cierre del año pasado los subsidios energéticos escalaron a 2,2 puntos del PBI y cada vez ganan más participación como factor explicativo del desequilibrio fiscal», al punto que «como porcentaje del déficit financiero el año pasado el ticket tarifario escaló a un 41,5%, el mayor valor en cinco años».

La entidad sostuvo que «la falta de planificación y discriminación en el esquema de subsidios es una forma imperfecta de asignar recursos» y en ese sentido puso de relieve tanto «la regresividad del gasto cuando no se focalizan los subsidios sobre los sectores que realmente los necesitan» como «la señal incongruente con la promoción del ahorro energético y el consumo responsable de familias e industrias» que ello implica.

«La dificultad para sostener un esquema tarifario sensato que acompañe la suba en los costos de producción es una falencia evidente de la política tarifaria de las sucesivas administraciones», agregó, para recordar al respecto «el fallo de la Corte Suprema» de 2016 «que anuló parte de los aumentos macristas» en pos de «la necesidad de fijar un esquema ‘justo y razonable'».

Sin embargo, en los últimos años hubo una «lógica pendular por medio de la cual se pasa de subas impagables a períodos de congelamiento a pesar de la inflación» que a juicio de la consultora «no parecen corresponderse con la definición de la CSJ».

Sarandí cruzó la evolución de las tarifas de energía eléctrica con la inflación de cada año y concluyó que en 2015 las primeras tuvieron una caída del 21,2% y luego hubo «aumentos siderales» del 118,8% en 2016, 220,5% en 2017 y 49,1% en 2018, siempre en términos reales.

A partir de 2019 se retomó la tendencia bajista de las tarifas, que cayeron respecto de la inflación 6,6% ese año, 26,5% en 2022 y 27,8% en 2021.

Para 2022, en base a la decisión anunciada de aplicar un ajuste tarifario por debajo de la inflación, Sarandí prevé que la caída será del 22,6%, con lo que se profundizaría la brecha y aumentaría la necesidad de subsidios.