Argentina ocupa el sexto lugar en cantidad de recursos hídricos de agua dulce per cápita con respecto al resto de América, Europa, Australia y Japón y «se avanzó en hitos importantes en la mejora de las políticas de agua», según informó el Ministerio de Ambiente de la Nación, aunque algunas comunidades persisten en su lucha por preservar y cuidar el agua de sus regiones.

En el marco del Día Mundial del Agua, declarada el 22 de marzo de 1922 por Naciones Unidas, con el fin de concientizar sobre la importancia y cuidado de este recurso, el Ministerio de Ambiente de la Nación informó que la Argentina posee cerca 20.400 metros cúbicos per cápita de agua dulce, por encima de la mayoría de los países de la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En esta línea, Argentina ocupa el sexto lugar en cantidad de agua dulce per cápita en comparación con países de América, Europa y Australia, donde regiones como Chile, Noruega, Canadá, Nueva Zelanda e Islandia la superan en cantidad de recursos hídricos.

Sin embargo, fuentes de Ambiente afirmaron que «alrededor del 76 % del territorio nacional está sujeto a condiciones de aridez o semiaridez, con precipitaciones promedio de menos de 800 milímetros por año».

Debido a factores geológicos y climáticos, «el 85 por ciento del agua superficial total disponible en el país se encuentra en el territorio de la cuenca del Río de la Plata, donde se concentra la mayoría de la población y la actividad económica del país», indicaron.

Por fuera del sistema de la cuenca del Río de La Plata, los ríos que actúan como corredores fluviales de gran relevancia económica y ecológica de Argentina son los que desembocan en el Océano Atlántico, «aproximadamente el 10 % de los recursos nacionales totales, donde se encuentran los asentamientos de población más importantes de la región sur del país».

Desde el área observaron que «Argentina logró hitos importantes en la mejora de las políticas de agua».

Se mencionó la ley de Glaciares, que contempla la protección de todos los glaciares y espacios periglaciares y el Inventario Nacional de Humedales, el cual se encuentra en proceso.

A su vez, se resaltó el Acuerdo Federal del Agua, del año 2003, donde «se sentaron las bases de una política estatal de agua con un firme enfoque en la gestión de los recursos hídricos».

Las fuentes detallaron que ese acuerdo «incluye 49 principios rectores que reconocen el valor del agua, la importancia histórica de cada jurisdicción y la necesidad de conciliar los intereses locales, regionales y nacionales».

El tema preocupa a ambientalistas de distintos sitios del país como Puerto Madryn, Chubut, y Andalgalá, Catamarca, que compartieron las experiencias de los habitantes de esas regiones en defensa del agua, que discrepan con la actividad de la megaminería.

La docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Puerto Madryn, Marina Richeri, manifestó «cómo la megaminería perjudica la calidad y cantidad de agua de la región».

«En Chubut tenemos cada vez menos agua potable disponible, es visible y preocupante la bajante del río Chubut y de las napas subterráneas, por ejemplo, el pueblo de Yala Laubat, de la meseta central de la provincia, ya hace más de 9 meses que está sin agua potable», apuntó.

La megaminería, explicó la profesional, es «hidroquímica», es decir, depende del uso de miles de litros de agua dulce y desde la población «consideramos que su uso no se enmarca dentro de la emergencia hídrica que fue declarada por Legislatura».

En ese sentido, recordó los incidentes y masivas protestas de los pobladores e investigadores en diciembre del año pasado, tras aprobarse el 15 de ese mes en la Legislatura local, el proyecto de Ley 128/20 de zonificación minera y luego su marcha atrás por decisión del ejecutivo provincial.

La megaminería a cielo abierto con la utilización de cianuro está prohibida en esa provincia a través la ley 5001, aunque su artículo tercero permite «zonificar» lugares donde se permita la actividad.

Las asambleas de los pueblos mineros de Andalgalá (Catamarca), Famatina (La Rioja), Jachal (San Juan), de Santa Cruz, agregó la profesional, «tienen registros y estudios de la calidad de las aguas, realizado por Universidades, donde se certifica que los recursos hídricos que consumía la población tenían químicos y, en lo social, está documentado de forma numerosa cómo se rompen los tejidos sociales y las relaciones de comunidades con la minería».

Por su parte, el integrante de la asamblea El Algarrobo, de la comunidad de Andalgalá, Catamarca, y de la radio comunitaria 105.3, Ezequiel Moreno, recordó que «a fines del 2020 declararon inconstitucional nuestra ordenanza municipal 029/16, que prohíbe la megaminería a cielo abierto en cuenca alta del río Andalgalá y autorizaron un estudio de impacto ambiental de exploración avanzada de Agua Rica, en nuestro nevado del Aconquija».

Esta modificación activó la integración del proyecto Minero Agua Rica Alumbrera (MARA) que se encuentra desde hace un año en la provincia Catamarca.

La Alumbrera, primer proyecto de minería a cielo abierto, «utilizó más de 100 millones de litros de agua por día en su proyecto para la lixiviación de minerales y traslado del mineralducto que recorre 317 kilómetros, atravesando el territorio de Belén, Andalgalá, Aconquija y parte de Tucumán», aseguró.