Un excabo condenado en 2015 a 9 años de prisión por la denominada «Masacre de Quilmes», en la que fallecieron cuatro adolescentes tras incendiarse una comisaría en la que estaban demorados en 2004, incumplió unas 100 veces el arresto domiciliario y será el primero de los diez policías implicados en el caso que irá a una prisión, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata de Hugo Daniel D’Elía, quien había recibido esa pena por los delitos de «torturas y vejaciones» sobre los fallecidos Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).
«Se revisó el estado de su causa y se constató que tuvo constantes interrupciones en el monitoreo, a partir de eso se ordenó la detención», dijo a Télam Tobías Corro Molas, referente social del barrio Villa Itatí, de donde eran las víctimas.
Fuentes judiciales confirmaron que el acusado siempre estuvo con prisión domiciliaria y en noviembre del año pasado su defensa pidió la libertad condicional al cumplir las dos terceras partes de la sentencia, por lo que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Quilmes requirió al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) un informe sobre su conducta.
De esta manera se comprobó que más de 100 veces se registró la interrupción de su monitoreo y que, al menos dos veces, hubo rotura de la tobillera electrónica sin marcas llamativas.
«El nombrado registra pluralidad de salidas de rango desde el año 2017 a la fecha, en un detalle de más de cien eventos, de escasos minutos», precisó el informe del SPB al que Télam tuvo acceso.
El TOC 3 rechazó el pedido de la defensa y dispuso la inmediata detención para ser trasladado a una unidad penitenciaria para su alojamiento en la que deberá cumplir la totalidad de la pena que vencerá el 18 de octubre de 2024.
La «Masacre de Quilmes» ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la comisaría 1ra. de esa localidad, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas.
En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de los cuatro jóvenes.
Maldonado fue el primero que falleció -el 21 de octubre- tras el incendio, mientras que el día siguiente murió Figueroa; el 25 de octubre, Giménez, y el 11 de noviembre, Aranda.
Por las torturas y el incendio, fueron sentenciados a penas de entre 3 y 16 años el excomisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Pedreira, el cabo D’Elia, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán.
A pesar de que existieron condenas de cumplimiento efectivo, ninguno de los policías fue enviado a un penal a cumplirlas.
Tras ese debate y gracias a las declaraciones aportadas por testigos que fueron buscados «casa por casa» por los familiares de las víctimas, la oficial Elda Marina Guaquinchay Bogado fue señalada como una de las policías que también estaba en la dependencia al momento de los hechos y que hasta entonces no había sido imputada.
La mujer, en ese momento embarazada de siete meses, habría formado parte, según testigos, de un cordón policial que apaleó a las víctimas cuando salían de las celdas quemadas y se dirigían a las duchas, y no habría hecho nada para detener las torturas.
Guaquinchay Bogado irá a juicio oral del 12 al 15 de diciembre de este año por el delito de «omisión de torturas» y Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires le había iniciado un sumario administrativo que podría derivar en una sanción disciplinaria en unos meses.
