El juez federal Ernesto Kreplak procesó al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al intendente de La Plata Julio Garro, a otros exfuncionarios del anterior Gobierno provincial de María Eugenia Vidal y a exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa en la que se investiga a la «mesa judicial bonaerense» que habría coordinado acciones ilegales para perseguir al sindicalista de la construcción Juan Pablo «Pata» Medina.

Se trata del expediente que se inició a partir del hallazgo, entre los archivos digitales de la AFI, de la grabación de una reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) a la que asistieron los procesados y también un grupo empresarios de la construcción de la ciudad de La Plata, a los que el juez le dictó la falta de mérito.

Los procesados son el exministro Villegas, el intendente Garro, el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Dario Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).

A todos los procesados el juez les trabó embargos por 10 millones de pesos mientras que en la misma resolución dispuso la falta de mérito para el exministro de Planificación bonaerense Roberto Gigante y para los empresarios que participaron de la reunión del Bapro.

En aquella reunión celebrada el 15 de junio de 2017, al entonces ministro de Trabajo de Vidal se le escuchó decir: «Creeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo (la policía política del nazismo), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría».

En el fallo de casi 250 páginas el magistrado describe las maniobras que se le atribuyen a los procesados que habrían llevado a violar la ley de inteligencia y a que se dictaran fallos judiciales arbitrarios en perjuicio del sindicalista de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) platense.

«La multiplicidad y consistencia de la prueba producida en los escasos meses de instrucción transcurridos desde la interposición de la denuncia que diera origen a estas actuaciones ha permitido reconstruir en un grado de elevadísima probabilidad, el modo en que sucedieron los hechos», afirmó el juez en el fallo de 247 páginas al que accedió Télam.

El magistrado enumeró a lo largo de su resolución los numerosos contactos entre los exfuncionarios del Gobierno bonaerense de Vidal (2015-2019) y las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri, como así también los contactos entre los ahora procesados y el juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, donde tramitaba una de las denuncias contra Medina.

«Si bien el contenido de la registración audiovisual de la reunión del 15 de junio de 2017 resulta contundente por la cantidad y calidad de información que aporta, las restantes medidas adoptadas en el sumario no sólo han permitido corroborar todo cuanto de allí surge sino incluso avanzar decisivamente en la reconstrucción de los sucesos que se han narrado precedentemente», sostuvo el juez.

El magistrado aseveró que de la prueba colectada surge que «hubo una trama oculta» detrás de la estrategia de judicializar los conflictos que pudieran tener los empresarios de la construcción de la Plata con la Uocra de ese distrito y más particularmente con el «Pata» Medina y su más cercano entorno.

En otras palabras, el magistrado expuso que los acusados recurrieron a herramientas ilegales y a la colaboración prohibida por ley de los agentes de inteligencia para lograr el fin deseado: la detención del Pata Medina.

«El propio Villegas se refiere durante la reunión a este otro plano, con el eufemismo ´back office´, además de mencionar la existencia de conversaciones con autoridades judiciales -y del Ministerio Público- y otras gestiones y decisiones cuyos pormenores no podían ser revelados en esa ocasión», sostuvo el juez.

«Ha sido corroborado por otros medios, un elevado nivel de coordinación entre autoridades jerárquicas de los poderes ejecutivos nacional, provincial -de Buenos Aires- y municipal -de La Plata-, que incluyó también a un Senador provincial de Buenos Aires, probablemente en su doble rol de miembro del Consejo de la Magistratura provincial», señaló el juez en su fallo.

Y remarcó: «Esta coordinación supondría en sí misma la existencia de órdenes o autorizaciones incluso a niveles superiores de esas instancias de gobierno, porque no es razonable ni acorde a la experiencia suponer que esa cantidad y nivel de funcionarios acordaran y desarrollaran una estrategia común sin contar con el aval de sus superiores».

En su indagatoria, el propio Villegas admitió que en el 2017 fue citado a una reunión en la Casa Rosada para hablar sobre situaciones vinculadas al gremialista Medina y que el entonces presidente Macri aprovechó la ocasión para ponerle a disposición a funcionarios de su Gobierno, entre los que estaba el jefe de los servicios de inteligencia, Gustavo Arribas.

«Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: Pata Medina y UOCRA La Plata, motivo por el cual se me había convocado. Destaco que era el último tema para tratar de la reunión en curso, ya que luego de tratar ese tema nos retiramos todos», relató Villegas en el escrito que presentó.

«Los participantes estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar en el despacho del presidente, y los asistentes eran el propio presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich (Seguridad), el ministro Germán Garavano (Justicia), el ministro Jorge Triaca (Trabajo), el ministro Guillermo Dietrich (Transporte) y el señor Gustavo Arribas (Agencia Federal de Inteligencia)», detalló Villegas en relación aquella reunión que ocurrió en mayo de 2017.

Otro de los procesados que aportó elementos a la investigación fue el exjefe de Contrainteligencia de la AFI, Dalmau Pereyra, que contó -también a través de un escrito- que fue él quien supervisó la grabación de la reunión del Bapro a pedido de los entonces jefes de la AFI.

«En junio de 2017, me es retransmitida por parte de la Subdirectora General de la AFI, Silvia Majdalani, la orden del Director General de la agencia, Gustavo Arribas, de concurrir y supervisar la filmación de una reunión a llevarse a cabo en la sede principal del Banco Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires», reveló.

A partir de ahora, la investigación podría avanzar en dirección a Macri y Vidal, como así también a los exjefes de la AFI y otros miembros de los gabinetes nacionales y provinciales de Cambiemos, según se desprende del fallo conocido ayer.

«Del análisis de los hechos efectuado en el presente auto, se desprende que el plan cuyos ribetes delictivos han sido suficientemente indicados no se limitó a las personas aquí imputadas (…) se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados», sostuvo el juez.

«Del mismo modo, existen elementos que indican la necesidad de profundizar la investigación respecto de las autoridades superiores de la Agencia Federal de Inteligencia al momento de los hechos, cuya actuación directa o indirectamente se desprende de numerosas constancias incorporadas al proceso», continuó.

Finalmente, advirtió que la causa podría involucrar también a miembros del Poder Judicial y del ministerio Público Fiscal: «Se advierte la necesidad de profundizar la investigación respecto de las autoridades judiciales y del ministerio público fiscal cuyo obrar ha sido considerado relevante en cuanto precede», concluyó.