La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia pidió a la Cámara Federal de Casación que confirme los sobreseimientos resueltos en las causas conocidas como «Los Sauces» y «Hotesur» y que se ratifique la decisión de no realizar un juicio oral.

El planteo fue hecho ante la Sala I del máximo tribunal penal federal del país, encargado de revisar la decisión al respecto tomada en noviembre del año pasado por el Tribunal Oral Federal 5, que preparaba el debate pero hizo lugar a planteos de sobreseimiento y cerró la causa sin realizar el juicio, informaron fuentes judiciales.

Casación recibió además el dictamen del fiscal ante esa instancia, Mario Villar, quien reclamó que se revoque ese fallo y se ordene realizar el juicio a todos los imputados.

Los camaristas Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña recibieron por escrito la postura de todas las partes y ahora deben fijar fecha para una audiencia de fundamentos, antes de tomar una decisión.

Al reclamar que se confirme la decisión de sobreseer a la expresidenta, al senador Máximo Kirchner y a Florencia Kirchner, el abogado defensor Carlos Beraldi sostuvo que no hubo lavado de dinero y que los fondos que manejaron las sociedades estaban «bancarizados»

Las operaciones se efectuaron «mediante cheques o transferencias bancarias», agregó la defensa en relación a la acusación de presunto lavado de dinero.

En las causas que fueron unificadas cuando llegaron a la etapa que debate oral, se investigaron presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a alquileres de propiedades y plazas hoteleras a empresarios adjudicatarios de contratos u obra pública en el kirchnerismo.

Los sobreseimientos resueltos por el TOF5 por dos votos a uno alcanzaron también a los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Lázaro Báez; a Romina de los Ángeles Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y al contador Osvaldo Sanfelice, entre otros.

«Las conductas aquí investigadas no fueron idóneas para producir el resultado de peligro concreto requerido por el delito de lavado de dinero», señalaron los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado en su voto, con la disidencia de la tercera integrante del Tribunal Adriana Palliotti.

El voto mayoritario concluyó que «las conductas enrostradas a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Cristóbal López y Carlos Fabián de Sousa –de haber sucedido con el alcance atribuido por la acusación, cuestión sobre la que no abrimos juicio– no eran punibles cuando comenzaron a ejecutarse».