La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó una serie de demandas contra automotrices y administradoras de planes de ahorro, por considerar que estas empresas llevan adelante una «ficción jurídica en fraude» que perjudica económicamente a los consumidores adherentes de esta modalidad para la adjudicación de autos 0 KM.

Según precisó ese organismo, se trata de una acción colectiva en defensa del consumidor que el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, presentó ante la Justicia para iniciar demandas contra Volkswagen, Fiat, Renault, Chevrolet, Peugeot y Ford, debido a los aumentos «sustanciales y discrecionales» de las cuotas de los planes de ahorro.

En las demandas se responsabilizó a las empresas de configurar las siguientes infracciones contractuales y legales: armado y organización de una ficción jurídica en fraude de los intereses económicos de los consumidores adherentes a planes de ahorro, mala fe contractual, deslealtad en el mandato, fijación unilateral y abusiva de precios, trato discriminatorio e indigno, incumplimiento de los deberes de información, cobros indebidos, y abuso de posición dominante.

Además, Lorenzino reclamó que se establezcan que los sucesivos aumentos no puedan superar al Índice de Variación del Salario publicado por el INDEC; que se ordene judicialmente la libertad de cada adherente para contratar por su cuenta una cobertura de seguro de su confianza; y que se imponga una multa civil ejemplar por daño punitivo que disuada de seguir replicando las conductas fraudulentas.

«Las automotrices, a través de una ingeniería jurídica, generan una red de contratos para colocar en el mercado, a través de sus concesionarias y agentes, las unidades fabricadas, lo que les permite fijar el precio de la cuota de manera unilateral, arbitraria y muy por encima de los valores reales, percibiendo ganancias gracias a la mecánica contractual y la vulnerabilidad de los consumidores que, una vez que ingresan al sistema, quedan cautivos del mismo», sostuvo Lorenzino.

Es por eso que en la demanda también se solicitó que se fije un precio justo y equitativo para cada automóvil; se reintegren los montos percibidos indebidamente en cada caso; se reintegren los honorarios por administración del plan en contra de los intereses de los adherentes; se indemnice el daño material y moral ocasionado a cada adherente; y se aplique a toda devolución de dinero a los consumidores, con intereses a tasa activa.

«La Defensoría ya cuenta con más de 400 reclamos relacionados a los planes de ahorro. Es que desde 2018 el valor móvil de las unidades sobre el que se calculan las cuotas comenzó a sufrir aumentos sustanciales y discrecionales, sin ningún tipo de explicación ni información sobre estas subas. Esto no es un detalle menor, ya que el grupo empresario controla la producción y todos los precios de la cadena de distribución, lo que hace que se desnaturalice el sistema y lo convirtieron en prácticamente una trampa», explicó Lorenzino.

En otro punto, la demanda hecha por la Defensoría también deja en claro que, aunque en teoría la administradora de estos planes tiene la obligación de realizar actos jurídicos en interés de los adherentes, en la práctica la empresa de ahorro es controlada por la automotriz fabricante, por lo que no sólo jamás cumple con el deber de gestión a su cargo, sino que favorece notablemente los intereses del fabricante incurriendo en una conducta manifiestamente desleal.

«La conducta es sistemática y dolosa: intentan por todos los medios mantener una ecuación financiera que maximice las ganancias por sobre la ruina de los usuarios atrapados en el sistema», puntualizó Lorenzino.

Por último, la Defensoría reclamó que, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, se limite el valor de las cuotas de todos los planes de ahorro contratados por habitantes de la Provincia hasta un tope del 20% del salario mínimo vital y móvil.