En el momento en que la Defensoría del Pueblo bonaerense intervino en el caso de Isabel, ella vivía en un asentamiento de Florencio Varela en una situación de extrema vulnerabilidad, a cargo de sus ocho nietos y nietas porque su hija estaba en prisión junto a la actual pareja por abuso y violencia contra las y los menores.

La situación era tan dramática que una vecina suya, durante el aislamiento por la pandemia, en octubre de 2020, se comunicó con el organismo que conduce Guido Lorenzino para encontrar algún tipo de ayuda, ya sea psicológica como material.

En principio, el área Previsional de la Defensoría logró, junto a Desarrollo Social del municipio de Florencio Varela, que la atención psicológica se realizara en esa ciudad, privilegiando el lugar donde ella desarrolla sus actividades cotidianas, lo que evitó además que tuviera que trasladarse a La Plata por ese motivo.

Por otro lado, la Defensoría inició diferentes gestiones, en articulación con la Anses, para obtener la Asignación Universal por Hijo (AUH). Como recién pudo recibir este beneficio en enero de 2021, el organismo organizó una colecta para que Isabel pudiera celebrar las fiestas: se recaudaron más de 40 mil pesos que le sirvieron no solo para comprar alimentos, sino también para que pudiera arreglar la bomba que le permitió tener agua potable.

Sin embargo, al tiempo hubo un nuevo capítulo triste para Isabel: volvió a ponerse en contacto con la Defensoría luego de que la familia del padre de su nieto recién nacido retuviera al bebé en City Bell en condiciones totalmente precarias.

Este episodio activó rápidamente un operativo que incluyó la colaboración del equipo del Servicio Local de La Plata, gracias al cual se pudo recuperar al niño y llevarlo al Hospital de Niños para su atención, donde finalmente pudo reencontrarse con su abuela.

Ante la gravedad de este episodio, la Defensoría siguió las gestiones con el cuerpo de abogados del Servicio Local de Florencio Varela para transformar los abrigos que tenía sobre sus nietos y nietas en guardas, lo que permitió que legalmente conseguir la tenencia de las y los niños.

Pero en la historia de Isabel habría lugar para un capítulo feliz: a pocos días de la sanción de la ley 27.654, que beneficia a personas que habitan en asentamientos precarios sin acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de hacinamiento, y gracias a reiterados pedidos de la Defensoría, el municipio de Florencio Varela le entregó a Isabel una vivienda para que, junto a sus nietos y nietas, pueda llevar adelante una vida digna.

“Esta es una historia entre tantas otras que requieren de una ardua tarea que no hubiera sido posible sin el trabajo coordinado entre distintos organismos estatales. Se trata de llevar a los hechos los derechos que les corresponden en general a las personas y en particular a las y los niños y niñas. Buscar lo mejor para las y los bonaerenses, y sobre todos quienes son más vulnerables, es nuestra principal preocupación”, expresó Lorenzino.