Un sobreviviente de la última dictadura militar, casado con una mujer uruguaya, y el hijo de un matrimonio de esa nacionalidad relataron hoy el vínculo entre represores argentinos y uruguayos para aplicar torturas e indagar a secuestrados de ese país cautivos en excentros clandestinos de detención, al declarar ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en los excentros clandestinos conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, de Lanús.

Se trata de Oscar Viegas, esposo de Beatriz Bermúdez, de nacionalidad uruguaya; y Alejandro Corchs Lerena, hijo de Elena Lerena y Alberto Corchs, ambos también uruguayos, que declararon ante el tribunal que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por 17 represores, entre ellos el multicondenado Miguel Etchecolatz, contra casi 500 víctimas secuestradas en los excentros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, de Lanús, entre ellas 18 mujeres embarazadas.

Corchs Lerena dijo que «el Gobierno uruguayo me entregó en Uruguay las supuestas declaraciones de mi padre bajo tortura, y esas declaraciones estaban guardadas en la Armada uruguaya, declaraciones de mi padre en su secuestro en Argentina».

Elena y su esposo Alberto, ambos militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), se habían exiliado en Argentina en 1973, cuando recrudeció la represión en Uruguay.

Una vez en Argentina se establecieron en un departamento en Capital Federal, consiguieron trabajo y el 27 de marzo de 1976 nació su hijo Alejandro, quien declaró hoy y aseguró que sus padres no tuvieron militancia política en Argentina y, si bien estaban en contacto con otros uruguayos exiliados en el país, no tenían participación política tampoco en ese sentido.

El 21 de diciembre de 1977 una comitiva policial se presentó en la casa de los Corchs Lerena y con el argumento de «tener que realizar un trámite en la comisaría» se llevaron a Elena y dejaron al niño con unos vecinos.

Por la tarde, al regresar Alberto Corchs del trabajo, lo secuestraron también, lo llevaron al Cot 1, posteriormente al Pozo de Banfield y luego al Pozo de Quilmes, donde fueron indagados por represores uruguayos.

Alejandro remarcó que el gobierno uruguayo, ya en democracia, le informó que «los presos uruguayos eran torturados e indagados por oficiales uruguayos, como si hubiera una jurisprudencia de que si eran uruguayos debían ser represores uruguayos los que los torturaran».

«Mi padre murió en un vuelo (los denominados ‘vuelos de la muerte’) y mi madre murió tabicada en una sesión de tortura», precisó.

El hombre dijo que los vecinos con los que fue dejado buscaron en la guía telefónica de Uruguay el nombre de su familiares y así contactaron con sus abuelos maternos, quienes vinieron a buscarlo y lo llevaron a vivir con ellos, mientras trataban de buscar a sus padres.

«Fue una herida total y desgarradora para mi como niño y la formación de la psiquis, pero no se me ocurre algo peor que arrancarme de los brazos de la familia que conocía y pasar a vivir con otra familia que no conocía porque era mi familia de sangre pero no me había criado con ellos», expresó.

Remarcó que fue duro crecer «con la negación de los diferentes gobiernos, que no habían existido desaparecidos, ni dictadura ni asesinatos».

«Hoy estoy declarando para dejar memoria a las futuras generaciones, para que no tengan que atravesar la falta de derechos individual y podamos construir una sociedad donde podamos respetar las diferencias de modo pacífico», afirmó.

Ante este testimonio, la querella solicitó se libre oficio al gobierno de Uruguay para que envíe copia de esa declaración brindada bajo tortura de Alberto Corchs en Argentina.

Por su parte, Oscar Viegas, relató su secuestro y el de su esposa, de nacionalidad uruguaya, Beatriz Bermúdez, el 21 de abril de 1978.

«La casa fue rodeada, entraron todos vestidos de civil, y preguntaban por Beatriz Bermúdez, sorprendiéndose de que encontraran a un esposo argentino y a un hijo argentino con ella. Me pidieron incluso la libreta de casamiento», recordó Oscar.

Ambos estuvieron cautivos en el Pozo de Quilmes, donde sufrieron simulacros de fusilamiento y remarcó que a su esposa y otros detenidos uruguayos «los interrogaban uruguayos e incluso les pedían dinero para liberarlos».

El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el exmédico policial Jorge Antonio Bergés y a los imputados Federico Minicucci; Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.

También empezó a juzgar a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.

Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro conocido como «El Infierno» también están imputados Etchecolatz, Bergés y Smart y el expolicía Miguel Ángel Ferreyro.

En tanto, por los crímenes en el Pozo de Banfield y Quilmes, dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, se juzgarán los delitos sufridos por 429 víctimas y se prevé que declaren unos 400 testigos.

Por los delitos cometidos contra 62 víctimas en el centro conocido como «El Infierno», que funcionó en la Brigada Lanús, será juzgado también Etchecolatz, el civil Jaime Smart, el exrepresor Juan Miguel Wolk (también juzgado por ambos Pozos) y el expolicía Miguel Ángel Ferreyro.