Organizaciones sociales y de derechos humanos, partidos de izquierda y familiares y amigos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán realizaron ayer domingo una nueva manifestación pública para exigir que se condene a «los responsables políticos y autores intelectuales» de la llamada «Masacre de Avellaneda», ocurrida hace 20 años.

La marcha se realizó desde la estación de trenes de Avellaneda al Puente Pueyrredón, que une ese partido del conurbano con la ciudad de Buenos Aires, en conmemoración de los asesinatos de los jóvenes militantes populares hace dos décadas, el 26 de junio de 2002, a manos de la Policía Bonaerense, en medio las protestas por la crisis social.

En ese lugar hubo un acto donde se leyó una declaración común de los convocantes y luego hablaron Leo y Alberto Santillán, hermano y papá de Darío, y Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano.

Todos recordaron la solidaridad y el compromiso social y político de ambos y hubo críticas y señalamientos para Eduardo Duhalde, Presidente de la Nación en ese momento, y Felipe Solá, quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Alberto Santillán sostuvo que «son 20 años que seguimos luchando por justicia, hace 20 años que no tengo a mi hijo y veo como los autores intelectuales se siguen paseando por todos los canales de televisión, amparados por el aparato político y policial».

«Se tiene que hacer justicia no solo por Maxi y Darío sino por todos los caídos en manos del Estado», enfatizó.

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni recordó, en diálogo con La Izquierda Diario, que «hace 20 años se cometió un crimen de Estado» y por eso «deben ser juzgados los responsables materiales que siguen impunes».

«Esto tiene una enorme actualidad con la reciente ofensiva contra el movimiento piquetero, de manera conjunta de los partidos de la burguesía. Se han unido en una campaña contra el movimiento piquetero porque nos oponemos al ajuste y al acuerdo con el FMI», apuntó Belliboni.

En esa misma línea, Silvia Saravia, referente de Barrios de Pie, expresó que las consignas de la manifestación «tienen que ver con el pedido de justicia pero también con la reivindicación de la lucha de aquel momento, muy similar a la que estamos teniendo hoy, en un contexto donde se está estigmatizando a los piqueteros por denunciar lo que está pasando en nuestro país: la inflación, la pobreza, la precarización laboral que hacen un país cada vez más injusto».

El dirigente del Frente de Izquierda Cristian Castillo reconoció «la dignidad» de Alberto Santillán, el padre de Darío, quien, dijo, «mantuvo la lucha inclaudicable durante todos estos años».

También estuvieron la dirigente del MST Vilma Ripoll, el referente del PO Tendencia Marcelo Ramal, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman, la dirigente del Nuevo MAS Manuela Castañeira, la legisladora porteña Alejandrina Barry y el diputado nacional Alejandro Vilca, entre otros.

Antes hubo una vigilia en el Puente Pueyrredón a la espera del acto principal por los 20 años de la «Masacre de Avellaneda».

Durante la mañana, militantes de distintas organizaciones políticas cortaron los dos accesos del Puente Pueyrredón hacia Capital desde Avellaneda: las avenidas Hipólito Yrigoyen y Bartolomé Mitre.

El sábado hubo actividades que incluyeron la tradicional Marcha de Antorchas desde la ex estación Avellaneda, que lleva desde 2013 el nombre de los dos jóvenes asesinados, y culminaron con la vigilia popular.

El documentalista Patricio Escobar proyectó un cortometraje que funciona como adelanto de la segunda entrega de «La crisis causó 2 nuevas muertes», filme que analiza el rol que los medios de comunicación tuvieron en aquella jornada.

«El asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fue una operación represiva preparada por el Consejo de Seguridad de un gabinete de unidad nacional que integraban peronistas y radicales», denunció el dirigente de izquierda Néstor Pitrola a través de un comunicado.

El 26 de junio de 2002 Kosteki y Santillán fueron asesinados en las inmediaciones y en el hall de la estación Avellaneda del Ferrocarril Roca, tras una brutal represión en las que las fuerzas de seguridad dispararon balas de plomo contra quienes habían salido a las calles a reclamar por «trabajo digno, alimentos y planes de trabajo», en el contexto de la crisis económica y social de entonces.

Los exmiembros de la Policía bonaerense Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, autores materiales de esos asesinatos, fueron condenados en diciembre de 2005 a penas de prisión perpetua.