La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recusó a otro de los jueces de la causa Vialidad, Jorge Gorini, advirtió que la credibilidad del debate está «herida de muerte» y pidió que los planteos para apartar a fiscales y magistrados sean resueltos por un «tribunal independiente».

En el inicio de una nueva audiencia del juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, el abogado de la exPresidenta, Carlos Beraldi, amplió los fundamentos por los que recusó al fiscal Diego Luciani y al juez del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu y además pidió que también se aparte el magistrado Gorini.

A su turno, los fiscales Luciani y Sergio Mola reclamaron el rechazo «in limine» de todas las recusaciones presentadas contra ambos por carecer de fundamentos y afirmaron que su deber de «objetividad» no está en riesgo.

Beraldi pidió hacer uso de la palabra apenas iniciada la audiencia, a las 830, y además de remarcar que en su alegato demostrará que las acusaciones contra la Vicepresidenta «no son ciertas», recusó al juez Gorini ante una publicación del diario Página 12 que dio cuenta de visitas del magistrado a la exministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich.

Tras escuchar a los abogados de otros acusados, Beraldi volvió a solicitar la palabra para pedir «expresamente» que las recusaciones se resuelvan de manera conjunta y queden a cargo de un «tribunal independiente».

«No se trata de hechos independientes, es una secuencia. El fiscal es amigo del juez, van a jugar a la quinta del expresidente Mauricio Macri y, en definitiva, es un gobierno que durante muchos años demostró injerencia directa sobre el aparato de administración de justicia», enumeró.

Ahora se conoce «que el otro fiscal (Mola) ha tenido visitas a Casa de Gobierno y a su jura fueron los más altos funcionarios y a eso le sumamos reuniones en el Ministerio de Seguridad, a las que concurren los magistrados».

«Creo que estamos ante una situación realmente muy grave que debe ser analizada en su conjunto. Todo esto ha herido de muerte la credibilidad de este juicio», concluyó Beraldi.

Ante ello, estimó que las recusaciones deberían ser «resueltas de manera favorable por un tribunal independiente».

Beraldi anticipó que, en caso de rechazo, recurrirá a Tribunales superiores nacionales «que tanto compromiso con este sistema deteriorado» mostraron y además a «instancias internacionales».

Al inicio de la audiencia, el abogado aseguró que, con los pedidos de apartamiento del fiscal Luciani, del Giménez Uriburu y ahora de Gorini, busca «garantizar que el juicio se desarrolle conforme a las reglas del debido proceso legal» y aseguró: «No hay otro propósito».

Además, enmarcó lo ocurrido en un «telón de fondo como son las interferencias permanentes y sistemáticas que se hicieron desde le gobierno de Mauricio Macri en la justicia».

«Es falso absolutamente decir que con una recusación uno no quiere contestar los cargos. Ya vamos a demostrar en el alegato que las imputaciones que se están efectuado en esta causa con tanto énfasis, no son ciertas», sostuvo.

El abogado de la Vicepresidenta recusó a Gorini a raíz de una publicación del diario Página/12 en la cual se informó de encuentros del juez con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el macrismo, a los que también asistió Gimenez Uriburu.

En esa publicación se alude a dos reuniones en el Ministerio de Seguridad, la última de las cuales -en 2018- se llevó adelante cuando el Tribunal Oral Federal 2 ya había abierto la etapa de presentación de pruebas en este juicio.

Beraldi amplió la recusación a Giménez Uriburu y Gorini por estas reuniones en el Ministerio de Seguridad y Gorini respondió de inmediato en la audiencia, al sostener que uno de esos encuentros tuvo que ver con la difusión de fotos «en pijama» del exvicepresidente Amado Boudou el día de su detención.

Gorini explicó que tenía a cargo la causa por la tragedia del tren de Once, en la cual se ordenarían detenciones de exfuncionarios con condena firme y pidió la reunión para garantizar que se evitaran situaciones como ésta.

«Esto no figura en la publicación», aseguró Gorini y agregó que la otra reunión fue por un tema de su seguridad personal.

En relación a la situación de Luciani y Giménez Uriburu el letrado recordó que las fotos los muestran en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri

«No era cualquier lugar», mencionó al recordar que en un libro sobre la vida de Macri, se hizo alusión a que allí «no iba cualquiera, los funcionarios que jugaban al fútbol eran invitados», lo cual «indica un nivel de proximidad del que no goza cualquier persona».

«Estamos frente a una situación muy compleja, más allá del espíritu deportivo que pueda tener cualquier persona, lo cierto es que estos eventos se dan en un contexto muy particular», agregó.

Lo ocurrido tuvo como «telón de fondo» las «interferencias permanentes y sistemáticas que se hicieron desde el gobierno de Mauricio Macri en la Justicia. Esto redoblaba la obligación de no tener contactos con ningún funcionario ni con Patricia Bullrich, cualquiera hubiera sido el motivo», planteó.

Beraldi recordó que el entonces Presidente de la Nación «intentó nombrar por decreto a dos ministros de la Corte, una cuestión que no tiene nada que ver con el historial de la democracia argentina, se obligó a la Procuradora General de la Nación a renunciar. El dueño de la quinta hacía esto públicamente», enfatizó.

«El juez y el fiscal deben ajustarse, fuera de cualquier temor objetivo, a los deberes que les son impuestos, en el caso de los jueces la imparcialidad y del fiscal la objetividad», explicó el abogado de la exPresidenta.

«Debo alcanzarlo con esa recusación a usted, doctor Gorini», expresó ante el magistrado que presidía la audiencia que se realiza de manera virtual a través de la plataforma Zoom en relación a sus encuentros con Bullrich, uno de ellos el 23 de agosto de 2018, cuando el Tribunal ya preparaba el juicio.

La audiencia continuó ayer con las exposiciones de otros abogados defensores, entre ellos del exministro de Planificación Julio De Vido y del empresario Lázaro Báez, quienes ratificaron sus planteos para apartar del caso a los fiscales y a Giménez Uriburu.

Posteriormente, el fiscal Luciani rechazó la recusación en su contra y aseguró que no es causal para apartarlo una eventual amistad con un juez.

Luciani pidió el rechazo «in limine» de todos los planteos porque no se «dan los supuestos contemplados en la ley» para apartar al representante del Ministerio Público Fiscal.

«Se han realizado elucubraciones mal intencionadas para poner en duda mi objetividad», agregó Luciani, al repasar su carrera judicial iniciada a los 18 años y remarcar que nunca antes había sido recusado.

Del mismo tenor fue la respuesta de Mola, al negarse a dejar la causa y pedir el rechazo a los planteos de las defensas.

A la audiencia por las recusaciones no asistió el juez Giménez Uriburu, ya que al estar cuestionado no puede participar de una futura decisión sobre el apartamiento de los fiscales.

El magistrado se sumó al Zoom poco antes del mediodía, una vez concluido el tramo vinculado a las recusaciones, para seguir con la escucha del alegato fiscal que fue retomado por Luciani y Mola.

Giménez Uriburu responderá por escrito a los planteos de supuesta pérdida de «imparcialidad» en base a sus vínculos con el fiscal y por el nuevo motivo planteado por Beraldi, sus visitas al Ministerio de Seguridad en la gestión de Bullrich.

Tras los descargos, los pedidos de apartamiento serán resueltos por los otros dos jueces del TOF2, Jorge Gorini y Andrés Basso, y su decisión será apelable ante la sala IV de la Cámara Federal de Casación.