El interventor del Ente Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, confirmó que los servicios públicos de transporte y distribución de gas por redes tendrán un aumento, a partir de mayo, del orden del 6% para los usuarios residenciales y de algo menos al 4% para comercio e industrias.

Bernal indicó que «el aumento es en la factura y entraría a regir la primera semana de mayo del 6% para residenciales y menor al 4% para comercio e industrias, de servicios completos y demanda prioritaria», a la vez que subrayó que «las tarifas de transporte y consumidor van a aumentar juntas».

El funcionario precisó respecto al «precio del gas para los productores, corresponde definirlo a la Secretaría de Energía, luego de una audiencia pública donde se aprobará o no los niveles de subsidios».

Dijo que «cuando eso se defina, allí habrá un nuevo precio del gas y se cambiarán los cuadros tarifarios, para determinar si se traslada o no a las facturas. Pero eso recién será para fines de junio o julio».

Bernal destacó que estos ajustes son denominados «de transición» y que estarán vigentes hasta que se definan los cuadros tarifarios definitivos, aunque eso será parte de una puja más larga entre todos los actores de la industria y aún no se sabe cuándo estarán listos.

«La nueva tarifa sobre la que se está trabajando y que arranca en mayo en su modalidad de transición no va a poner en peligro al servicio público y va a poder pagarse, porque va a adecuarse a los ingresos de las familias argentinas y a su situación económica, como pidió el Presidente Alberto Fernández», subrayó Bernal.

Si se cumple la Ley de Presupuesto en lo que refiere a los subsidios, el Estado pasaría a cubrir entre el 35% y el 37,2% del valor del gas por lo que la misma factura en marzo significaría un costo de entre $753 y $826.

Bernal aclaró que «el Presidente no decidió suspender las tarifas de Macri y evitar esos incrementos siderales solamente para que la gente no pase a pagar ese 130% de aumento (promedio residencial) en abril. Suspendió las tarifas de la gestión neoliberal porque, fundamentalmente, el Poder Ejecutivo aceptó los resultados de la auditoría y la revisión (encomendadas por el propio Alberto Fernández) que los entes reguladores condujeron durante todo el año pasado».

Con respecto a la ganancia de las empresas del sector, Bernal dijo que «ni el Presidente ni nadie propone empresas que no ganen como condición excluyente para una tarifa justa, razonable y que se pueda pagar».

«Las empresas tendrán una rentabilidad razonable. Una rentabilidad que no derive en una tarifa confiscatoria para los usuarios y las usuarias, como sucedió entre 2016 y 2019. Es más, lo que nosotros buscamos es que todos los actores del servicio público -transportistas, distribuidoras, usuarios y usuarias- ganen y que ganen equilibradamente», concluyó.