El Gobierno anunció la segmentación tarifaria de los servicios de distribución de energía eléctrica, gas natural y agua corriente, con el que se espera alcanzar un ahorro fiscal cercano al medio billón de pesos en 2023.

En una conferencia de prensa, la secretaria de Energía, Flavia Royón, precisó que en lo que resta de 2022 «el ahorro fiscal en materia de energía eléctrica y gas será de $ 47.500 millones y anualizado de $ 455.000 millones», en tanto la presidente de AySA, Malena Galmarini, señaló que en el caso de esta empresa será este año de $ 2.000 millones y de $ 45.000 millones para el año próximo.

Cómo será la segmentación

La segmentación respeta el criterio fijado en el decreto 332/2022, por el que se establecen tres niveles de usuarios según su capacidad económica, que pasará a complementarse con el criterio establecido según niveles de consumo.

En el caso de la energía eléctrica el tope de consumo será de 400 kwh mensuales (550 kwh en zonas sin servicio de gas de red) y en el caso del gas será variable, según categorías y subzonas en todo el país.

Según el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, el tope se fijará tomando como referencia «el volumen equivalente al 70% del promedio entre los umbrales mínimo y máximo de cada categoría», mientras el 30% excedente quedaría exento de subsidios, que se quitarán de manera escalonada hasta completar el 167% del precio mayorista del gas.

«No es un aumento de tarifas sino una redistribución de subsidios», puntualizó Royón, quien remarcó la importancia de «instalar la educación del uso sustentable y racional» de los recursos de los tres servicios involucrados.

LAS CLAVES DE LA NUEVA SEGMENTACIÓN TARIFARIA Y EL IMPACTO PARA EL CONSUMIDOR

* A partir de los datos incluidos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), se realizó la división de los usuarios en tres niveles de acuerdo con sus niveles de ingresos.

* El Nivel 1, integrado por los usuarios de mayores ingresos y gente que no solicitó su registración; el Nivel 2, que representa a los usuarios de menores ingresos registrados y que, «provisoriamente se incluirán beneficiarios de la tarifa social»; y el Nivel 3, con usuarios de ingresos medios.

* En lo que respecta a usuarios de gas natural, se registraron 269.725 usuarios correspondientes al primer nivel; 2.880.090 en el segundo; y 2.599.550 al tercero.

* La cantidad de gas demandada por los hogares no se encuentra relacionada con el nivel de ingresos y se vincula directamente con condiciones climáticas, cantidad de participantes del hogar, características constructivas de la vivienda y la eficiencia de los equipos domésticos.

* Para el Nivel 1, habrá una quita total del subsidio, por lo que la factura del gas subirá 167%

* Para el Nivel 3, se subsidiará un volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimo y máximo de cada categoría y subzona, mientras que el excedente no será subsidiado.

* Para el Nivel 2, los usuarios no tendrán actualización de las tarifas.

* Los aumentos para los Niveles 1 y 3 se aplicarán gradualmente en 3 bimestres (a partir de los consumos del 31 de agosto, octubre y diciembre).

* En el caso del Nivel 1, los aumentos se aplicarán de manera gradual por bimestre a partir de septiembre (noviembre y enero posteriormente) implicando un aumento promedio cercano a los $ 500 por mes por escalón y .500 por mes acumulado en los tres bimestres

* En el nivel 3 se plantea tres aumentos con una aplicación gradual por bimestre a partir de septiembre implicando un aumento promedio cercano a los $ 165 por mes por escalón y $ 500 por mes acumulado en los 3 bimestres

* En cuanto a la segmentación de subsidios de energía eléctrica, en el RASE se han anotado 8.890.998 de energía eléctrica: del Nivel 1: 399.156 (4,49%); Nivel 2: 5.040.120 (56,69%); y Nivel 3:3.451.722 (38,32%).

* El tope de consumo será de 400 kWh mensual por hogar, mientras que para las localidades que no cuenten con gas natural por redes el tope se incrementará a 550 kWh.

* Respecto a la la segmentación de subsidios al agua, actualmente se cuenta con 11 coeficientes zonales definidos que permiten administrar la carga tarifaria de manera progresiva, «generando un sistema de subsidios intratarifarios entre los usuarios con distintos niveles socioeconómicos».

* Así, se realiza la quita del subsidio en tres zonas que AYSA agrupó de acuerdo a su código de zonificación que tiene en su marco regulatorio

* Los usuarios del nivel alto tienen quita total del subsidio desde 1 de noviembre.

* Los usuarios de medio y bajo tendrán una quita en forma progresiva y se saca en forma definitiva en marzo del 2023. Los bajos continúan con un 15 % hasta mayo del año que viene.

* Las personas que tienen tarifa social o comunitaria quedan afuera de este esquema.

* Los usuarios que consideren que necesitan solicitar la tarifa social, pueden pedirla.

* La tarifa es progresiva y se adapta a la necesidad del usuario.

* Solo 15% del universo de hogares que tiene AYSA (3 millones y medio), va a verse afectado por la eliminación del subsidio en noviembre.

Ejemplos

Con ese criterio, los diferentes funcionarios dieron a conocer diferentes ejemplos de cómo quedarían los valores en las facturas, advirtiendo que al tratarse de una quita de subsidios sobre excedentes de consumo, no puede establecerse un porcentaje general.

Bernal indicó que un usuario de nivel 3 (sectores medios) que en junio abonó una factura de gas de $ 1.650, al final de la quita gradual del subsidio pagará $ 2.146, lo que implica un ajuste del 30,06%

El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, indicó que para un usuario de Edesur con un consumo medio de 300 kwh, el monto sin impuestos pasará de $ 1.467 a $ 2.285, con un ajuste del 55,76% al finalizar la tercera etapa de incremento.

Por su parte, Galmarini señaló que para el promedio de usuarios residenciales, la tarifa de octubre de 2022 de $ 752 pasará a $ 1.765 en junio de 2023, con un ajuste del 134,7%.

El esquema de Aysa

La reducción de subsidios en las tarifas de la empresa de Agua y Saneamiento (AySA) se realizará de manera diferenciada y gradual, en forma progresiva y paulatina para algunos de los usuarios, anunció su presidenta, Malena Galmarini.

Tras recordar que «el agua es un derecho humano» y resaltar que en la Argentina el usuario paga 36% de los que cuesta producir un litro de agua, Galmarini aseguró que «el consumo tiene que ir de la mano del precio, que le pone valor a este recurso».

Para ello, la empresa elaboró un esquema de segmentación mediante la utilización de coeficientes zonales, con «reducción de subsidios de manera diferenciada y gradual, progresiva y paulatina para algunos de los usuarios».

Según Galmarini, los usuarios residenciales tendrán una quita según zonas, y los no residenciales en etapas; al tiempo que se mantendrán las tarifas social y comunitaria; y se contemplará a aquellos que crean que no pueden pagarla.

Además de definir las zonas Capital Federal, Norte, Oeste, Sudeste y Sudoeste, dentro de los usuarios residenciales estarán los de nivel alto, que implican 14% de los casos; medio, 27%; y medio bajo, 47%; mientras que los no residenciales son 9%.

A partir de noviembre los de nivel alto dejarán de percibir el subsidio en su totalidad; los de nivel medio los perderán en dos etapas: en noviembre pasará a ser de 40% y en enero de 20% para llegar a marzo sin subsidios; y los de nivel medio bajarán en noviembre a 45%, en enero a 30% y marzo a 15%, para mantenerlos en ese porcentaje.

Por su parte, los no residenciales mantendrán en noviembre 40% de los subsidios y en enero 20%, y no los tendrán a partir de marzo.

En tanto, los usuarios que tienen la tarifa social (7% de los usuarios residenciales) no tendrán cambios.

Para Galmarini, el impacto que tendrá esta medida en la factura promedio en el segmento alto implicará una suba promedio desde los actuales $841 hasta $2.099 en julio de 2023; los de nivel medio pasarán de $744 a $1.873; y los de nivel medio bajo de $707 a $1.500.

De esta forma, el total que paga el usuario promedio pasará de los actuales $752 a $1.765 a mediados de 2023; mientras que los de la tarifa social se mantendrán en $206; en tanto, los no residenciales pasarían de $1.814 a $7.026.

No obstante, Galmarini aclaró que «el impacto sobre los ingresos de los usuarios será menor», al tiempo que recordó que se redujo de 0,8% a 0,2% en los últimos tres años.

«Necesitamos cambiar, segmentar de verdad, para que quienes más tienen y pueden acompañen a los que menos tienen y pueden», concluyó.