La Defensoría del Pueblo bonaerense relevó el avance en la aplicación de la Ley Micaela en la provincia y destacó un alto compromiso de los municipios en materia de género a la hora de ampliar el alcance de estas políticas a dos años de su puesta en marcha.

De acuerdo con el estudio realizado por la secretaría de Género, Niñez y Adolescencia del organismo, conducido por Guido Lorenzino, existe una alta cantidad de administraciones que cuentan con áreas de género, la promoción de la Ley Micaela, aunque existen desafíos especialmente en materia de recursos humanos para ponerla en práctica, se indicó en un comunicado.

Según se informó, el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría bonaerense relevó lo que sucede en 30 municipios, e informó que el 94% cuenta con un área de género, lo que muestra el proceso de compromiso con la temática por parte de los municipios.

A su vez, el 64% de las administraciones ya realizó al menos una capacitación o se encuentran en proceso de realizarla.

Sin embargo, se indicó que el hecho de que existan espacios de género en los municipios no significa que deban ser estos los responsables de formarse para después llevar a cabo la capacitación al interior de las administraciones, debido a que la situación de desborde de esas áreas impide que tomen nuevas tareas.

Al respecto, se informó que «un bajo porcentaje de éstos, un 12,6%, armó mesas de trabajo específicas y la diversidad de áreas que lo conforman (niñez, educación, rentas, recolección de basura, obrador etc), para pensar en la aplicación de la ley según las condiciones de cada lugar».

Solo el 20% de los municipios creó un órgano de Implementación, establecido por la ley conformado por áreas del Ejecutivo y Legislativo local, lo que posibilitará evitar el desborde de aquellos dedicados a la temática, se indicó.

«La aplicación de la Ley Micaela mostró avances significativos en estos dos años en materia de sensibilización de género. Hay que tener en cuenta que estas capacitaciones se encuentran en marcha y van a ser cada vez más los municipios que contarán con esta política a favor de los y las agentes que integran cada administración», sostuvo Lorenzino.

En esa línea, el Defensor del Pueblo planteó que «para profundizar este proceso es necesario avanzar en la creación de equipos específicos».

«Hay que trabajar con cada municipio en su especificidad, asumiendo sus posibilidades y dificultades, lo que debería llevar a las entidades provinciales correspondientes a trabajar activamente en la compensación de esas dificultades» concluyó Lorenzino.