El ministro de Justicia, Martín Soria, acusó a los integrantes de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de ser «operadores al servicio de lo peor de la política», al criticar el fallo de los magistrados que ordenó la excarcelación de cuatro integrantes del grupo Revolución Federal que son investigados por amenazas y supuestas conexiones con el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

«Son operadores al servicio de lo peor de la política y están impidiendo que la sociedad argentina conozca la verdad sobre uno de los hechos más graves de la democracia», sostuvo este miércoles el funcionario nacional a AM 990.

Además, insistió en que estos camaristas son parte de «un plan sistemático de impunidad para los autores tanto materiales como intelectuales» del atentado perpetrado contra la Vicepresidenta el pasado 1 de septiembre.

Los integrantes de la Sala I del tribunal de apelaciones consideraron en un fallo emitido este martes que no hay elementos para sostener que la libertad de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile pueda poner en riesgo la investigación judicial, por lo que ordenaron su liberación.

«En 48 horas los camaristas macristas ordenan la libertad de la personas que pertenecen a Revolución Federal y son investigadas por hacer amenazas de muerte. En otra causa, la que se instruye el atentado, le dicen a la jueza (María Eugenia) Capuchetti que tiene que terminar rápidamente la investigación y elevar la causa a juicio oral. Estamos hablando de personajes neofascistas que tiraban antorchas con fuego en la Casa Rosada y que tenían como lema matar a cualquier kirchnerista», sostuvo luego Soria en declaraciones a la radio AM 750.

El ministro de Justicia añadió que estos hechos constituyen «lo peor de la política» y «nos muestran que hay un sector judicial cooptado, funcional al lawfare en Argentina junto con las tapas de Clarín, La Nación y exfuncionarios el gobierno de Mauricio Macri».

En este punto, el funcionario dijo que fue durante esa gestión cuando «se nombró en forma inconstitucional a los dos camaristas Bruglia y Bertuzzi», al tiempo que manifestó que Llorens era «el arquero de la quinta Los Abrojos» del expresidente.

Soria afirmó que con este tipo de fallos se pone en peligro «la independencia, el prestigio, la imparcialidad, y todo lo que tiene que tener un Poder Judicial independiente», por lo que insistió en la necesidad de que la oposición debata en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados, respecto de proyectos que tienen media sanción en el Senado y cuyo tratamiento se encuentra demorado.

«Un ejemplo de esto es la reforma del Ministerio Público Fiscal donde tenemos un procurador interino (Eduardo Casal) que nadie eligió hace más de cinco años. La ampliación del número de la Corte que está frenada en Diputados, así como la de la Ley del Consejo de la Magistratura», enumeró.

El ministro añadió que los últimos fallos de los camaristas apuntan también a enviar «un mensaje a las ciudadanías y a sus jefes».

«Les preguntaría a ellos y a su jefe, Macri, que los convirtió en camaristas, qué quieren ocultar. Por qué quieren parar ya mismo la investigación sobre el atentado contra la Vicepresidenta, por qué lo hacen cuando empiezan a aparecer las vinculaciones del líder de Revolución Federal con la familia Caputo», puntualizó.

«Es salvaje y criminal lo que le están haciendo»

Por su parte, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, afirmó que el fallo de la Cámara Federal porteña que excarceló a los integrantes del grupo Revolución Federal constituye «una señal netamente encubridora» y consideró que hay un sector de la Justicia que parece dispuesto a no respetar «ni siquiera como víctima» los derechos y garantías de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

«Vemos una señal netamente encubridora para que no se investigue el atentado y eso es inadmisible», advirtió el viceministro en declaraciones a radio El Destape.

Mena relacionó el fallo de la Sala I sobre Revolución Federal con la resolución que le ordenaron a la jueza Capuchetti elevar la investigación sobre las personas que están detenidas y profundizar la investigación otras hipótesis, algo que para el funcionario es «verdaderamente preocupante y gravísimo y no registra ningún tipo de antecedente».

«Esos dos fallos evidentemente demuestran que Cristina no tiene derechos ni siquiera como víctima. Es lo mismo que pasó a lo largo de las persecución política a la que la sometieron en los últimos seis años. Es salvaje y criminal lo que le están haciendo y es porque existe en compromiso con sus mandantes políticos«, señaló.

Para Mena, estos fallos de la Cámara Federal porteña se producen «cuando en el expediente por el atentado a Cristina aparece por primera vez un testimonio que podría llevar una pista política de los responsables».

De esta forma, el viceministro hizo referencia al testimonio de un asesor del Frente de Todos (FdT) en la Cámara baja, quien aseguró ante la Justicia haber escuchado al diputado Gerardo Milman hacer referencia al ataque a la Vicepresidenta antes de que ocurriera.

«Como no van a poder ocultar pruebas, si el 80% de las personas que están siendo investigadas en estas causas mintieron ante la justicia. Para los homicidios están las medidas más restrictivas que prevé la ley. Ahora les agarra un celo por las garantías a estos tipos que tuvieron gente presa durante años por motivos políticos», puntualizó.