La Secretaría de Comercio convocó para esta tarde a entidades empresarias, sindicales, de defensa del consumidor, organismos públicos, universidades y representantes de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a un encuentro para definir una «agenda de trabajo» del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios.

En ella también se aprobará el reglamento interno de funcionamiento del ente creado en septiembre de 2014 por la ley 26.992, con el objeto de «monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación».

La Ley 26.992 creó en 2014 el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios como un espacio presidido por la autoridad de aplicación (la Secretaría de Comercio) e integrado por un representante de la Jefatura de Gabinete como vicepresidente y otros de los Ministerios del Interior, Obras Públicas, Ciencia y Tecnología, y Economía; y tres de las asociaciones de usuarios y consumidores legalmente constituidas y debidamente registradas.

Desde 2016, el Observatorio no tuvo actividad y las asociaciones venían solicitando la puesta en funcionamiento de esta herramienta creada según la ley «con la finalidad de transparentar el acceso a la información sobre precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios ofrecidos en el territorio de la Nación y propender a una mayor protección de los consumidores y usuarios».

El presidente de la Asociación de Defensa de Derechos del Usuario y Consumidor (Adduc), Osvaldo Bassano, dijo a Télam que «el Observatorio de Precios examina productos y servicios desde que salen de la producción hasta que llegan al consumidor» y recordó que «en 2015 descubrimos como era la venta en negro de la fruta, que hoy sigue existiendo».

Por su parte, Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, señaló que «el objetivo del observatorio es el estudio de cadenas de valor en el transcurso del tiempo, es un estudio que no tiene inmediatez pero es un proceso a mediano plazo».

Para el encuentro de esta tarde fueron invitados representantes de las asociaciones de bancos de la Argentina (ABA), Públicos y Privados (Abapra), y Argentinos (Adeba), y la de la Banca Especializada (ABE), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

También se convocó a la Confederación General del Trabajo (CGT), la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), la de Supermercados (CAS), la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).