Dos informes agregados recientemente a las causas judiciales en las que se investigan si el gobierno de Mauricio Macri persiguió a los accionistas del grupo Indalo y si hubieron irregularidades en el concurso del Correo Argentino S.A. complican a exfuncionarios de Cambiemos y al propio expresidente, informaron fuentes judiciales.

Ambos informes, agregados uno a cada causa, fueron elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado que depende de la Corte Suprema de Justicia y habían sido solicitados por los jueces que intervienen en cada uno de los expedientes.

El informe incorporado a la causa en la que se investiga si el gobierno de Macri intentó una «abusiva» condonación de deuda a una empresa de su familia, la concursada Correo Argentino S.A., coincide «bastante» con las conclusiones a la que en su momento arribó la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien se opuso al acuerdo al que habían llegado el Poder Ejecutivo y la empresa, según aseguraron fuentes que tuvieron acceso.

Se trata de un informe contable que, en rigor, exigían las defensas de los imputados (el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad, otro exfuncionario y dos directivos de la empresa) que aseguraban que las afirmaciones de la fiscalía no se condecían con la realidad y que el principio de acuerdo alcanzado en aquel entonces para pagar la deuda en cómodas cuotas hasta 2033 era una buena opción.

Cuando termine de analizar el informe recibido, que incluye una suerte de calculadora con la que podrá modificar variables (plazo, tasas, bancos) para evaluar todas las alternativas posibles, el juez Ariel Lijo se abocará a definir la situación procesal de los imputados que fueron indagados hace ya casi dos años.

Si el juez determina que hay elementos suficientes para concluir que el gobierno de Macri intentó beneficiar a una empresa de su familia, la pregunta siguiente será si tuvo alguna responsabilidad el entonces presidente, que en su momento fue imputado por el primer fiscal de la causa, Juan Pedro Zoni, pero sobre quien el expediente no avanzó aún.

En la causa en la que se investiga si desde el gobierno de Macri se presionó a los accionistas del grupo Indalo (Cristóbal López y Fabián De Sousa) y se buscó avanzar sobre sus empresas, la jueza María Servini recibió justo antes del inicio de la ya concluida feria judicial un informe de entrecruzamientos de llamadas realizado sobre miembros de la denominada mesa judicial que arrojó resultados que van en línea con la acusación, según pudo saber Télam.

El análisis incluyó los cruces de llamadas entre Macri, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, el entonces jefe de asesores de la Presidencia José Torello e integrantes de la AFIP, entre otros, y demostró que efectivamente se contactaban entre ellos, con miembros del Poder Judicial y con directivos de grandes medios de comunicación en los momentos en los que los denunciantes aseguran que los estaban presionando, según adelantaron a Télam fuentes de la investigación.

Esa medida viene siendo cuestionada hace tiempo por la defensa de Macri, que ya logró que, en lugar de que se analizaran todas las llamadas del expresidente durante su paso por la Casa Rosada, se entrecruzaran solo las comunicaciones en torno a hitos determinados de la investigación que tuvieron que ser previamente establecidos por el juzgado.

No conformes con la corrección de la medida de prueba que en su momento ordenó la Cámara Federal porteña, la defensa de Macri insistió en que sea anulada en Casación, donde el juez Eduardo Riggi –que en su momento votó con duros términos por la detención de los dueños de Indalo- le ordenó a Servini que le enviara el expediente completo.

Esta semana, el abogado de la querella de los empresarios, Carlos Beraldi, formalizó su segunda presentación ante la Casación para que el expediente sea devuelto a Servini y la investigación pueda avanzar a la vez que en declaraciones mediáticas anunció que denunciará a Riggi ante el Consejo de la Magistratura.

Fuentes judiciales de los tribunales de Comodoro Py coincidieron en señalar que no es habitual que Casación reclame un expediente completo para definir sobre un incidente y que la viabilidad o no de una medida de prueba no es materia de análisis de ese tribunal que interviene cuando se trata de sentencias firmes o resoluciones con impacto similar.