La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires informó que intervendrá desde este martes como «amicus curiae» en el segundo juicio que comenzará en la ciudad de Mar del Plata a los dos acusados de violar y asesinar a Lucía Pérez, en octubre de 2016.

El organismo participará en el debate que se desarrollará ante el Tribunal en lo Criminal (TOC) 2 marplatense, que juzgará a Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (47) por el delito de «abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio».

Offidani y Farías enfrentarán este segundo juicio luego de que la Suprema Corte de Justicia confirmó la anulación de la sentencia dictada en un proceso anterior, en 2018, en el que resultaron absueltos por el abuso y el femicidio.

Según informó el organismo que conduce Guido Lorenzino, su participación «será en carácter de amicus curiae, una figura a partir de la cual podrá aportar elementos útiles para ser tenidos en cuenta y que servirán para la decisión de un caso que tiene relevancia institucional e interés público, además de observar que se cumplan todas las normativas relativas al tratamiento de la violencia de género».

«Venimos de un fallo arbitrario que no juzgó el femicidio de Lucía, lo que se explica porque tenemos una justicia que no evoluciona. La mirada de hoy exige perspectiva de género, lo que tiene que ver con un cambio más profundo en la forma de ejercitar la función pública», expresó Lorenzino.

A su vez, se informó que en el nuevo juicio, la fiscalía y las abogadas de la querella contarán con el asesoramiento científico de la médica forense Virginia Creimer, en representación de la defensoría y de la familia de Lucía.

«La perito buscará demostrar que la joven de 16 años fue violada y asesinada aprovechándose de su situación de vulnerabilidad por parte de Farías y Offidani, varones adultos dedicados al narcotráfico y responsables de la violación de derechos de niñas y adolescentes», informó la defensoría en un comunicado.

El organismo fue uno de los que impulsó un pedido de juicio político a los jueces del TOC 1 de Mar del Plata, Aldo Daniel Carnevale, Pablo Javier Viñas y Facundo Gómez Urso, quienes en el primer juicio sólo condenaron por venta de estupefacientes a los imputados.

La defensoría consideró que en la primera sentencia hubo «un desconocimiento de los jueces, quienes no aplicaron la normativa vigente en materia de derechos humanos en relación con la incorporación de la perspectiva de género en el juzgamiento de delito contra las personas y contra la integridad sexual».

También observó que fue un fallo «repleto de estereotipos sexistas y discriminatorios, más parecido a un juicio sobre la biografía de Lucía y no de la conducta de los acusados, que terminó en una revictimización para una víctima mujer menor de edad».

Ante esta situación, los jueces Gómez Urso y Viñas fueron acusados de «negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta» por la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires.

Mientras que Carnevale renunció a su cargo para jubilarse y así evitó ser sometido a un jury de enjuiciamiento.

La muerte de Lucía ocurrió en la mañana del 8 de octubre de 2016, y de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la adolescente había conocido a los dos acusados un día antes, cuando ellos se acercaron a través de una amiga de la Escuela Media 3 de Mar del Plata para venderle un cigarrillo de marihuana.

Al día siguiente, Farías citó a la chica en su domicilio de la calle Racedo al 4800, en la zona sur de la ciudad, donde habría sido drogada y abusada hasta la muerte.