La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó hoy que se declare nula la causa por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a raíz de la firma del Memorándum con Irán y que se dicte el sobreseimiento de todos los «injustamente» imputados en el caso.

A lo largo de 82 carillas, los abogados de la expresidenta -una de las enviadas a juicio- argumentaron ante el Tribunal Oral Federal 8 que las «severas» irregularidades cometidas por los jueces de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, entre ellas sus visitas al expresidente Mauricio Macri, deben derivar en la nulidad de todo lo actuado desde que ambos intervinieron en la causa abierta por denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

«La decisión que Hornos y Borinsky adoptaron en la causa, revocando la de desestimación de la denuncia del fiscal Nisman, coincide exactamente con lo que Macri venía propugnando públicamente desde hace tiempo atrás», advirtieron los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

En la misma sintonía, la Vicepresidenta aludió a los camaristas al difundir en su cuenta de Twitter un video en referencia a la presentación del escrito.

«Finalmente salió a la luz la escandalosa complicidad de las más altas jerarquías del Poder Judicial con Mauricio Macri», se sostuvo en el video.

En el escrito se sostuvo que «a partir del 10 de diciembre del año 2015, tras la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación, comenzaron a desarrollarse una serie de episodios muy graves en términos institucionales que, objetivamente, importaron una severa afectación del recto servicio de administración de justicia», se remarcó en el escrito.

En lo vinculado a la expresidenta, desde 2016, «comenzó a ser citada periódicamente a prestar declaración indagatoria en el marco de dichos procesos, llegándose en una oportunidad a la increíble circunstancia de que debiera afrontar ocho indagatorias en un mismo día».

En el escrito ingresado al TOF8, que ahora deberá resolver, los abogados sostuvieron que ambos jueces del máximo tribunal penal federal del país» validaron una maniobra evidente de ‘fórum shopping’.

«Tan explícita fue la coincidencia entre lo que fallaron Borinsky y Hornos con lo que se reclamaba desde el Poder Ejecutivo que al día siguiente del fallo, Macri felicitó a los magistrados por su trabajo», agregaron.

Los abogados reclamaron al Tribunal que ordene nuevas medidas de prueba y luego convoque a una audiencia pública con presencia de la prensa para escuchar a todas las partes.

Como consecuencia de los planteos se pidió a los jueces del TOF8 Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y José Michilini que dejen sin efecto la preparación del juicio oral.

Además se solicitó que una vez que se resuelva lo pedido y quede firme, se «extraigan testimonios» para abrir una investigación penal por los delitos denunciados y se dé intervención al Consejo de la Magistratura de la Nación y al Tribunal de Enjuiciamiento de la Procuración General para «que se sustancien los procesos de suspensión y remoción» de los funcionarios involucrados en las nulidades planteadas.

«Resulta imprescindible que las prácticas escandalosas que aquí han sido denunciadas (encuentros de magistrados con el Presidente de la Nación cuando al propio tiempo intervienen en causas en las que el gobierno explicita su interés) tengan como consecuencia inevitable una sanción procesal que determine la invalidez de todo lo actuado por tales jueces», argumentaron.

La defensa exigió que «se disponga el sobreseimiento de todas las personas que han sido injustamente imputadas en este proceso, con expresa mención de que la formación de la causa en nada afecta su buen nombre y honor», y recalcó que esa decisión «también deberá alcanzar » al fallecido excanciller Héctor Timerman, sobreseído por extinción de la acción penal.

«La actuación que han desarrollado en este proceso los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, importó una severa afectación a la garantía del juez natural, la cual se extiende a todas las resoluciones dictadas por dichos magistrados así como también a los demás actos procesales que guardan conexión con las mismas», argumentaron.

Los abogados solicitaron al Tribunal que ordene medidas de prueba antes de resolver, entre ellas un pedido a la Casa Militar de la Nación «a fin de que informe si Hornos y Borinsky tuvieron ingresos a la Quinta de Olivos entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019».

Lo mismo pidieron se requiera a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, sobre ingresos a la Casa de Gobierno.

También que se convoque a prestar declaración a todas las personas que integraron la Comisión Directiva de la DAIA entre 2015 y 2018, para interrogarlos sobre «posibles encuentros que pudieran haber mantenido con el juez Mariano Borinsky y el contenido de los mismos».

Por otro lado se pidieron informes vinculados a la causa por espionaje ilegal en el macrismo, referidos a si en el celular de Darío Nieto, exsecretario privado de Macri, «obra algún archivo que incluya la siguiente frase: «Hablar con Borinsky. Tema denuncia, administrativo y penal».

«En todas las causas en las que nuestra defendida fue procesada, la instrucción quedó a cargo de los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini. Ambos magistrados, a través de sorteos sospechosos y directas maniobras de forum shopping pasaron a convertirse en jueces de atracción de cualquier causa que llevara el apellido Kirchner», se agregó.

«A esta altura debemos adelantar que, con una única excepción, los jueces Hornos y Borinsky tuvieron intervención como jueces de la Cámara Federal de Casación Penal en todos esos expedientes».

La defensa pidió al Tribunal Oral que declare «la invalidez de los actos procesales» dictados en la causa por la firma del Memorándum desde el 29 de diciembre de 2016, cuando Casación dejó sin efecto la desestimación de la denuncia que dio origen al proceso.

Si el Tribunal hace lugar, en la futura audiencia participarán los abogados de la Vicepresidenta y ella podría pedir el uso de la palabra.

También deberán exponer el fiscal de juicio Marcelo Colombo, la querella de la DAIA y si lo solicitan los abogados de otros procesados.