Los ministros de Economía y del Interior, Martín Guzmán y Eduardo «Wado» de Pedro, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunirán en los próximos días para acordar criterios sobre el traspaso de la Policía Federal a la Capital.

Los titulares de ambos ministerios enviaron una nota al jefe de Gobierno porteño, en la que lo invitaron a un encuentro para este viernes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en horario a confirmar.

Rodríguez Larreta aceptó la convocatoria pero señaló que «por cuestiones de agenda» propondrá realizar la reunión el martes 18.

«Se trata de una instancia de diálogo que el Jefe de Gobierno ha venido ponderando como la mejor vía para encontrar soluciones en temas centrales de la vida republicana», señalaron las fuentes del Ejecutivo porteño.

Pero adelantaron que «por cuestiones de agenda, y a fin de informar a la Corte Suprema de Justicia sobre la reunión, se propondrá realizarla el martes 18 de mayo en el horario que el Gobierno nacional determine».

Los ministros habían ofrecido como alternativa, en caso de que el mandatario porteño no pudiera asistir, los días 17, 18 o 19 de mayo, informaron fuentes oficiales.

En la nota, los ministros recordaron que, «como se expresó en la audiencia convocada ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia, desde el Estado Nacional continuamos bregando por alcanzar puntos de acuerdo y reiteramos la invitación a un diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones y al federalismo».

La Ley

El 10 de diciembre de 2020, en una sesión especial, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que reasigna partidas en materia de seguridad para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue rechazado por la oposición.

La nueva ley estipuló un período de negociación de 60 días entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Ciudad sobre el monto a destinar para la policía porteña, modificación que fue acordada en la Cámara de Diputados.

El proyecto había llegado al Senado en segunda revisión desde Diputados, que también lo aprobó luego de un arduo debate y en medio de negociaciones con legisladores de bloques aliados.

La norma aprobó el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre esta última y el Estado nacional el 5 de enero de 2016.

Asimismo, dispuso que el gasto anual que demande la transferencia y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo de 60 días corridos contados a partir de la sanción de la ley.

Y estableció que la Comisión Federal de Impuestos (CFI) tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2016.

Entre otros puntos, dispuso que hasta la entrada en vigencia del acuerdo se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro Nacional a la Ciudad la doceava parte de 24.500 millones de pesos, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se acuerde.

El articulado de la ley señala que la suma será actualizada trimestralmente de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20%, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos, ambos correspondientes al período precedente.

Por otra parte, dispuso que, a partir de la entrada en vigencia de la ley, el Poder Ejecutivo transferirá a la Ciudad la participación que corresponda por aplicación del artículo 8° de la ley 23.548 de Coparticipación Federal, como así también las sumas destinadas a la atención del gasto que demanda el convenio aprobado, con lo que quedará cumplida la exigencia establecida en el artículo 75, inciso 2, 5° párrafo de la Constitución Nacional.

Ante la decisión de la reformulación de las partidas por parte del Ejecutivo Nacional, el Gobierno porteño acudió con dos pedidos a la Corte Suprema para tratar de revertir la medida.

La Corte dio un plazo de dos meses al Gobierno nacional para que responda con sus argumentos a la demanda, aunque a la vez instó a las partes a reunirse este mes para negociar una solución.