La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará el próximo martes el proceso de juicio político a los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia, con la segunda parte del testimonio del exadministrador de ese tribunal Héctor Marchi, quien fue citado en el marco de supuestas irregularidades en el manejo de la obra social de judiciales.

El recientemente desplazado administrador del máximo tribunal expuso hace dos semanas ante los diputados que integran la comisión, aunque por lo extenso de su presentación sólo pudieron llevarse adelante las preguntas del bloque del Frente de Todos (FdT).

Para la continuidad de su exposición se había previsto que retornara el pasado miércoles 3, pero como ese día fue citado a prestar declaración ante el juez federal Ariel Lijo en la causa por el manejo de los fondos de la Obra Social del Poder Judicial, se decidió reprogramar su citación al Congreso.

Así, Marchi será el principal expositor de la reunión que desde las 13 presidirá la oficialista Carolina Gaillard en una de las salas del edicio anexo A de la Cámara baja.

Los otros invitados para el martes son Santiago Clerici, secretado letrado de la Corte Suprema, y Nicolás Serafini, contador público encargado de firmar los balances de la obra social.

Ambos se habían excusado de concurrir en citaciones anteriores y fueron convocados nuevamente.

También se sentará ante los diputados la jueza federal de San Martín (Buenos Aires) Martina Forns, quien expondrá su experiencia como damnificada por los manejos de la obra social judicial.

En la que será la decimotercera reunión de la Comisión de Juicio Político relacionada con este proceso, se sabrán también las novedades en relación al pedido realizado a la Justicia Federal para que el exadministrador de la obra social Aldo Tonón sea citado a declarar por la fuerza pública ante sus reiteradas inasistencias injustificadas.

Tonón, funcionario clave en el engranaje del funcionamiento de la obra social, se negó en dos oportunidades con el argumento de que sus declaraciones podrían entorpecer la causa judicial en curso.

«Que venga y que diga que tal o cual pregunta no la puede responder; pero tiene la carga pública de venir», argumentan las principales espadas políticas del Frente de Todos (FdT) en la comisión.

En cuanto a Marchi, en su primera audiencia ante la comisión, el martes 25 de abril, y tras el polémico desplazamiento de su cargo, denunció ante los legisladores una «sanción encubierta» y «amenazas» contra funcionarios de los tribunales.

En sus declaraciones fue muy crítico del juez Juan Carlos Maqueda, de quien dependía la obra social, y planteó que «no había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles».

Destacó que «cualquier movimiento en la obra social debían ser autorizadas por Maqueda» y que Aldo Tonón fue designado a propuesta de ese magistrado.

Añadió que se decidió «desconcentrar las áreas ajenas a la administración» y allí se adjudica a Maqueda la obra social del Poder Judicial como un «área independiente».

«Maqueda pidió expresamente que no se consignara en una acordada porque la obra social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica, pero está absolutamente claro que él dirigió la obra social durante todo ese periodo. Quedó a cargo de la obra social», precisó.

En un análisis de lo realizado hasta la fecha, el diputado oficialista Leopoldo Moreau calificó como «gravísimos» los hechos que se revelan en la comisión, al considerar que los testigos que declararon dieron cuenta de la existencia «de una estructura mafiosa» en la cúspide del Poder Judicial.

«Los hechos que narran los testigos deberían estar en las tapas de todos los diarios. No es la Corte de los argentinos. Estamos en presencia de un pequeño grupo de intereses poderosos. En los medios hegemónicos de comunicación, estos jueces tienen a sus protectores», remarcó durante la semana en declaraciones periodísticas.

Por otra parte, el también oficialista Rodolfo Tailhade confirmó que «hay suficiente evidencia para avanzar con dictámenes acusatorios; por ejemplo en el denominado 2×1, donde nuestra hipótesis es que es un fallo negociado entre la Corte y el gobierno de (Mauricio) Macri, cuyos negociadores -según la prensa más cercana al kirchnerismo- fueron Silvio Robles, por la Corte, y ‘Pepín’ Rodríguez Simón y José María Toledo por el gobierno de Macri».

«El otro tema es el manejo de la obra social que está quedando cada día más claro que, durante más de una década, fue un abandono y un descontrol de la organización», denunció el legislador al ser consultado por AM750.

En ese sentido, Tailhade reafirmó que «con estos dos cargos» hay «suficiente evidencia para avanzar con dictámenes acusatorios».

Por el lado de la oposición, el bloque de la Coalición Cívica continúa participando activamente de las reuniones de la comisión por una política histórica de ese espacio de no vaciar este tipo de reuniones, y porque dos de los 14 expedientes que se tramitan los tienen como autores, con la aclaración de que sólo alcanzan al juez Ricardo Lorenzetti.

El resto de los bloques de Juntos por el Cambio (JxC) con representación en la comisión participa con menos presencia que la CC, teniendo en cuenta que en una de las primeras reuniones habían fijado como estrategia ausentarse para expresar su disconformidad con el proceso.

Graciela Ocaña, del PRO; Carla Carrizo, de Evolución Radical, y Miguel Bazze, de la UCR, figuran entre los diputados de JxC que aún siguen al detalle e intervienen en las reuniones de la comisión.

Tras la investigación por las irregularidades en la obra social de los judiciales, la comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.

En cuanto a las causales que ya se abordaron se cuenta el fallo que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y se cuestiona además el que determinó la aplicación del cómputo de «2×1» a un represor de la última dictadura militar.