Los legisladores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires manifestaron su «más profunda consternación y preocupación por los hechos de suma gravedad» vinculados a la investigación del intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación y pidieron a la Justicia Federal «que investigue».

En un comunicado, los senadores y diputados bonaerenses repudiaron los hechos denunciados por una excolaboradora del diputado Gerardo Milman, quien declaró ante la Justicia que en la oficina de la titular del PRO, Patricia Bullrich, borraron datos de su celular que podrían estar vinculados con el intento de magnicidio a la Vicepresidenta.

«Según consta en el testimonio de una de las secretarias del diputado de la oposición Gerardo Milman, fue llevada bajo presión a las oficinas de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, donde un perito informático eliminó el contenido de su celular, el de la otra secretaria y el del propio Milman. De esta manera, se borró toda prueba que los pudiera vincular de alguna forma con el atentado», analizaron.

Consideraron que «a la luz de estos hechos, toda la investigación se torna espuria» y destacaron que «incluso, cabe albergar sospechas fundadas sobre la violación de la cadena de custodia de una de las pruebas fundamentales de la causa, el celular del principal imputado, Fernando Sabag Montiel».

«Si bien su celular había sido guardado en una caja fuerte del juzgado en sobre cerrado y en modo avión, cuando la jueza a cargo de la causa lo envió a peritar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el dispositivo llegó con el sobre abierto y encendido. Cuando la PSA quiso pasar el sistema de desbloqueo y acceder al software, apareció un mensaje que indicaba que había sido reseteado de fábrica», indicaron.

Luego, analizaron que «las irregularidades de esta causa son manifiestas y bochornosas».

Y consideraron «necesario más que nunca que la jueza a cargo de la causa, María Laura Capuchetti y el fiscal, Carlos Rívolo investiguen en profundidad todas las pistas vinculadas al intento de magnicidio de nuestra Vicepresidenta para conocer a los autores materiales, intelectuales y a quienes lo financiaron».

Pidieron además que «el peso de la ley caiga sobre todos ellos con rigor» y que «la justicia obre de manera ejemplar porque lo que está en juego es un bien superior a cualquier parcialidad ideológico partidaria: la confianza en la convivencia democrática».

«Hace muchos años, Argentina dijo ‘nunca más a la violencia política’ y ese acuerdo no debe romperse. Para ello, los argentinos y las argentinas merecemos y exigimos conocer la verdad y que se haga justicia», cerraron.