La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó ante la justicia una denuncia que permitió el rescate de siete personas que presuntamente eran víctimas de trata laboral en establecimientos rurales de la provincia de Buenos Aires.

La presentación fue realizada a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (Dgseso) tras detectar que estas personas «vivían en condiciones precarias y que, pese a realizar jornadas laborales prolongadas, cobraban sumas hasta un 50% inferiores al salario mínimo, vital y móvil”, señalaron en un comunicado.

De manera previa, los agentes de seguridad social llevaron adelante tareas de investigación sobre campos dedicados a la producción frutihortícola en territorio bonaerense, que arrojaron indicios sobre la existencia de trata de personas con fines de explotación laboral y los resultados dieron lugar a tres operativos presenciales de relevamiento de personal en los que participaron agentes de la AFIP, del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y del Renatre.

A través de las acciones de fiscalización y control “se comprobó que los trabajadores tenían una antigüedad laboral en los campos mayor a los diez años, y un promedio de edad que en su mayoría superaba los 55 años” en tanto que las viviendas en donde habitaban no cumplían con la ley de trabajo agrario, ya que estaban construidas con materiales precarios, y no contaban con sanitarios adecuados, agua caliente, ni cocina.

También se encontraron pisos de tierra, faltantes de techo y aberturas rotas, entre otras condiciones de peligrosidad y factores de insalubridad, según indicaron desde AFIP.

Como resultado del proceso de entrevistas realizadas a los trabajadores, surgió que habrían llegado hace más de una década en busca de un empleo en la provincia. Una de las presuntas víctimas se encontraba indocumentado y era analfabeto, con el agregado de que lo pagado, en algunos casos, no llegaban a la mitad del salario mínimo, vital y móvil, a pesar de que las jornadas laborales eran prolongadas y extenuantes, explicaron y agregaron que “ninguno de ellos se encontraba registrado ante la AFIP”.

El organismo realizó una denuncia a la línea 145 del Ministerio Público Fiscal y presentó una ampliación de la misma ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, en un escrito en que solicitaban la intervención del Programa Nacional de Rescate así como también la reparación del daño hacia las víctimas.

Tras la presentación de la denuncia, la justicia ordenó el allanamiento, lo que permitió el rescate de las presuntas víctimas.