El Gobierno nacional oficializó ayer el cierre provisorio de exportaciones de carne vacuna por 30 días debido a la fuerte suba de los precios internos del producto y ante la detección de irregularidades en algunas operaciones de comercio exterior.

Como medida de protesta, las entidades agropecuarias nucleadas en la Mesa de Enlace iniciaron ayer un cese de comercialización de hacienda hasta el viernes 28 de mayo, aunque de no concretarse en ese lapso una reapertura de los envíos al exterior podrían avanzar con otras medidas.

A través de la resolución 75/2021 emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Gobierno suspendió hasta el 19 de junio la aprobación de solicitudes de Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC) respecto de los productos cárnicos de origen bovino.

Sin embargo, quedaron exceptuados aquellos envíos que formen parte de cuotas con ventajas arancelarias, como la cuota Hilton, que tiene como destino a la Unión Europea.

Entre los considerandos del decreto, Agricultura destacó que «de conformidad con el actual avance del mercado exportador de carnes, sus precios han experimentado un alza sostenida» y que «esta situación ha generado que los precios internos acompañen los de exportación de la carne vacuna, en un contexto donde el precio mundial de los alimentos ha aumentado significativamente».

Por eso, remarcó que «aceptar sin más la fijación de valores del mercado internacional para alimentos locales que constituyen productos básicos de la mesa de los argentinos y las argentinas implicaría renunciar a los deberes básicos en materia de política económica».

«Bajo esos parámetros, y según lo informado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, surge que en materia de comercialización de los productos cárnicos de origen bovino existe una distorsión de precios que superan los índices generales de inflación en materia de alimentos y que impiden el normal abastecimiento de los consumidores y las consumidoras del mercado interno», concluyó el escrito.

Esta medida, que fue anunciada por el presidente Alberto Fernández este lunes, se da en el marco de un fuerte aumento en el precio de la carne, que en abril marcó una suba interanual del 65% y que cerró 2020 con un incremento del 70%, muy por encima del índice inflacionario.

Sin embargo, la decisión oficial también apunta a «ordenar» el mercado de exportación y regularizar determinadas distorsiones originadas por la evasión fiscal o irregularidades en los despachos.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo que se han «detectado sistemas de no ordenamiento de un sector exportador, donde hay algunas prácticas que por lo menos, dan indicios fuertes de subfacturación de exportaciones. Hemos detectado exportadores truchos, que estaban exportando pero no estaban liquidando las divisas».

En este sentido, explicó que el Gobierno está «buscando un nuevo esquema que funcione con todas las de la ley, donde no haya exportadores truchos, donde no haya maniobras como las que hemos detectado» y detalló que durante el primer trimestre del año se registraron despachos que crecieron un 20% en volumen en la comparación interanual, pero que se ubicaron en torno a lo obtenido el año pasado.

«Se planteó básicamente un esquema de 30 días para poder hacer un ordenamiento, para que el sector exportador trabaje en las condiciones adecuadas por la ley. Que se pueda tener una oferta de carne en el mercado interno a precios accesibles» y concluyó: «Esto implica frenar y retrotraer las subas que tuvimos en las últimas semanas para poder tener una oferta competitiva».

Según indicaron fuentes privadas, este vjernes se reunirían con funcionarios de esta cartera representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), en especial los vinculados al sector ganadero y frigorífico.

Como protesta ante la iniciativa gubernamental, la Mesa de Enlace, compuesta de la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro, inició ayer un cese de comercialización de hacienda hasta el 28 de mayo, aunque la medida podría extenderse de no conseguirse el levantamiento del cierre.

«Este es el comienzo de un paquete de medidas que, si no tenemos una respuesta clara y concreta y que responda a los pedidos del sector, vamos a ir incorporando diferentes metodologías y a otros sectores afectados», advirtió el presidente de CRA, Jorge Chemes, durante una conferencia de prensa brindada el martes.

De hecho, el vicepresidente de la entidad, Gabriel De Raedemaeker comentó que «hay una presión muy fuerte de los productores de sumar otros productos al cese de comercialización, especialmente granos. Esto se va a conversar en la mesa de CRA y se trasladará a la Comisión de Enlace».

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) se sumó a los rechazos a la iniciativa oficial al aducir «las implicancias negativas que esta medida tiene para las empresas y los trabajadores» del sector, mientras que desde la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores apoyaron la medida al sostener que «es la única manera de regular la avaricia que atraviesa la comercialización, porque en la mayoría de los casos hay irregularidades muy severas».