El Frente de Todos buscará en la primera quincena de junio convertir en ley en la Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo de «Emergencia Covid», que establece un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir el contagio de coronavirus en todo el país.

La intención de la bancada oficialista -que conduce Máximo Kirchner- es comenzar el debate en un plenario de las comisiones la semana del 31 de mayo para poder llevar al recinto los primeros días de junio el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado.

El esquema de trabajo será diseñado por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública, Hernán Pérez Araujo (FdT), y Pablo Yedlin (FdT), y contemplará una o dos reuniones informativas y otra presencial para emitir dictamen.

Fuentes parlamentarias señalaron que como Juntos por el Cambio no va a aceptar que se trate el despacho en una reunión remota optaron por el mismo mecanismo utilizado en las sesiones, que es una mayoría presencial y el grupo de riesgo o legisladores que atraviesan alguna enfermedad, en forma virtual.

Pero en forma independiente al tratamiento en comisión, las autoridades del Frente de Todos comenzarán las conversaciones con los bloques opositores de partidos provinciales para conseguir una mayoría que acompañe el proyecto del Gobierno.

Esto se debe que el interbloque de Juntos por el Cambio -conducido por Mario Negri- adelantó el rechazo al proyecto y votará en la misma sintonía que lo hizo en el Senado.

El Frente tiene 117 votos -ya que está de licencia José de Mendiguren y el presidente de la Cámara Sergio Massa sólo vota en caso de desempate-, con cual necesita 12 diputados para conformar el quórum de 129 legisladores y sancionar la iniciativa.

El oficialismo ya tiene garantizado los seis votos del interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el diputado mendocino José Luis Ramón, que conforman las bancadas de Unidad y Equidad Federal, Frente de la Concordia Misionero, y Juntos Somos Río Negro.

Además el Frente de Todos confía en sumar a los dos diputados de Acción Federal, una del Movimiento Popular Neuquino, y a la mayoría de los once miembros del Interbloque Federal integrado por Consenso Federal, Bloque Justicialista, Socialista, Progresistas, y Córdoba Federal.

La iniciativa que se pondrá en consideración reúne los criterios sostenidos en los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la pandemia y hace hincapié en las reuniones sociales, el control del número de camas de terapia intensiva y el dictado de clases presenciales.

En ese aspecto, establece una serie de parámetros para definir las medidas restrictivas en los centros urbanos de acuerdo con los riesgos: bajo, mediano, alto y «Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria».

El proyecto mantiene el dictado de clases presenciales y sólo las restringe en aquellas zonas en «situación de alarma».

En las urbanizaciones con «alarma epidemiológica y sanitaria» se suspenden los centros comerciales y ferias, los locales gastronómicos, la práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libre, los gimnasios y la circulación entre las 19 y las seis de la mañana.

También, las reuniones sociales en domicilios particulares y en espacios públicos al aire libre de más de diez personas; la práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados; las actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas; la realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas.

Además fija que las autoridades de los establecimientos sanitarios de gestión pública o privada deberán actualizar diariamente, en el sistema que establezca el Ministerio de Salud de la Nación, los datos que indique la autoridad sanitaria nacional, para el seguimiento, en tiempo real, de los ingresos y egresos de pacientes en las salas de terapia intensiva, la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud con internación.

También fija que el reporte es obligatorio para todos los establecimientos de salud, sean estos públicos o privados, que desarrollen sus actividades en el territorio nacional.

Además autoriza el acompañamiento de los y las pacientes en estado terminal con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier otra enfermedad o padecimiento.

Por otra parte, el proyecto prohíbe el ingreso al territorio nacional -por un plazo de treinta días corridos desde la entrada en vigencia de la presente Ley- de personas extranjeras no residentes en el país.

Ese plazo podrá ser ampliado o abreviado por el Poder Ejecutivo Nacional previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.