Un acampe solidario en rechazo al desalojo de una familia campesina en el partido bonaerense de Almirante Brown, que lleva un mes desde su instalación, se mantenía ayer por parte de vecinos y militantes sociales que resisten un intento de expulsión por parte de «una patota violenta» ligada a un desarrollador inmobiliario privado.

Así lo informaron voceros de la Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina, quienes indicaron que la familia a la que se pretende desplazar de sus tierras, los Kener-Velázquez, que integra esa organización, «está asentada desde hace décadas» en ese predio rural, ubicado en la avenida Estanislao San Zeballos al 500, localidad de Ministro Rivadavia, municipio de Almirante Brown, en el sur del conurbano.

«Se ha cumplido un mes de la Carpa por la Tierra y la Dignidad, montada en Ministro Rivadavia, en la zona rural de Almirante Brown. Desde el primer día su objetivo fue y sigue siendo el de resistir la usurpación de las tierras de una familia campesina por parte de un desarrollador inmobiliario», advirtieron los voceros del MNCI-Vía Campesina.

Juan Velázquez, uno de los productores rurales que nació, creció y vive en el lugar del conflicto, donde desarrollan un emprendimiento agroecológico, aseguró que la Carpa por la Tierra y la Dignidad se mantendrá en defensa de las tierras que producen y en las que además residen desde hace 42 años, y en ese sentido prometió: «Vamos a seguir de pie».

«Si este tipo de emprendimientos inmobiliarios crecen sin un control, van a seguir desapareciendo las tierras rurales alrededor de las ciudades. Y eso va a generar más desocupación y el encarecimiento de los alimentos», alertó.

En el predio en cuestión, localizado en la avenida Estanislao San Zeballos al 500 del ejido periurbano de Almirante Brown, se mantiene desde hace 30 días un acampe de vigilia que sostienen vecinos y referentes sociales con fogones y ollas populares.

En ese mismo lugar, el 22 de abril pasado, ingresó un grupo de individuos con topadoras, con las que voltearon parte de las instalaciones, golpearon a los residentes y productores agroecológicos e intentaron desplegar un cerco de alambre tejido, con la intención de abrir una calle de acceso a otros terrenos lindantes, según informó la agencia de noticias Tierra Viva, ligada al MNCI-Vía Campesina.

Esa organización, a través de un comunicado, denunció el episodio: «El 22 de abril, (los desarrolladores inmobiliarios) Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Somoza y su hijo Martín Somoza ingresaron, junto con 30 hombres armados con palos y machetes y tres topadoras, a las tierras donde vive y produce frutas, verduras y animales de forma agroecológica, desde hace más de 40 años, Ana Kener junto a sus hijos Juan, Jorge y Claudio, con sus respectivas familias».

Y agregaron que ese mismo día «golpearon a los productores y destruyeron edificaciones, con la intención de quedarse en el lugar».

A partir de la intervención de dirigentes y militantes del MNCI-Vía Campesina, junto a otras organizaciones, y también de funcionarios municipales y nacionales que se hicieron presentes de forma rápida en el lugar, se pudo frenar la usurpación y «echar a la patota, que aún merodea el lugar desde un campo vecino».

Tras los hechos de violencia, se montó allí un campamento para evitar nuevas intrusiones.

Los Kener-Velázquez viven y producen verduras, cítricos y animales en un terreno de 5 hectáreas que habitan desde 1979. Allí también funciona una unidad productiva en la que trabajan otras 20 familias.

«El empresario Somoza está edificando un club de campo en tierras linderas al lugar del conflicto y busca expulsar a los Kener-Velázquez para expandir su emprendimiento. En ese marco, ingresó de forma violenta al campo de la familia en varias ocasiones desde el año 2014», remarcaron desde MNCI-Vía Campesina.

Los productores también recibieron embates judiciales. Sin embargo, fueron absueltos por ser legítimos poseedores del lugar, tras un fallo que quedó firme en 2018 por decisión unánime de la sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental de la provincia de Buenos Aires.

En los últimos años, la puja por la tenencia de la tierra y el avance de los emprendimientos inmobiliarios en zonas semirurales vienen generando conflictos con productores de la agricultura familiar.

En septiembre de 2020, desde la Secretaría de Agricultura Familiar Campesino Indígena (Safci) del Ministerio de Agricultura se puso en funcionamiento el Protocolo de Abordaje y Seguimiento de Conflictos Territoriales.

Sólo desde entonces se registraron 80 casos en el país, que incluyeron 22 desalojos.

En relación a esta sucesión de hechos, la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Nación, María José Castillo, consideró que se trata de «una situación compleja» con un «cuadro mucho peor que hace dos o tres años», producto de la pandemia.

«Una familia que está expuesta a sufrir un desalojo hoy está en un cuadro mucho peor que hace dos o tres años atrás, porque no había esta pandemia», evaluó la funcionaria.