El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, elevó un reclamo formal al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, por el retraso en el envío de fondos a la provincia que superan los 15.000 millones de pesos y solicitó rediscutir una nueva ley de Coparticipación, al sostener que «la provincia es discriminada y castigada desde hace décadas en el reparto de recursos».

A través de una carta emitida por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, la administración de Kicillof solicitó formalmente al Gobierno nacional el pago de sumas adeudadas, las cuales afectan «la educación, salud y seguridad de los bonaerenses».

En ese sentido, el gobierno bonaerense solicitó «la regularización de las transferencias acordadas en el Consenso Fiscal 2017», lo cual incluye «la correcta actualización de las sumas correspondientes al año 2024, ya que ha habido una decisión deliberada de licuarla al aplicar una actualización muy por debajo de la inflación proyectada» y «la cancelación de la deuda que se generó en 2023 por la diferencia entre la inflación efectiva y la proyectada dado que el año terminó con una inflación de 211%».

También se reclamó el «pago de las sumas no abonadas y su correspondiente actualización, de lo pactado en el Convenio complementario a las compensaciones del Consenso Fiscal 2017, firmado el 19 de julio de 2023 (se trata de un convenio anual que se firma y se ejecuta regularmente desde octubre de 2019)»; y se advirtió que «estas dilaciones y licuaciones atentan contra el espíritu del Consenso Fiscal 2017 y los compromisos que el Gobierno Nacional asumió, que de esta manera está incumpliendo».

El escrito también exigió «el inmediato pago del saldo adeudado por noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024, relativo al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires», al resaltar que «la regularización de estos pagos es fundamental para el normal funcionamiento de la gestión pública provincial».

En esa línea, la provincia de Buenos Aires insistió en que «el envío de estos recursos resulta de obligatoria ejecución para el Estado nacional», y que «los mismos tienen destinos habituales y específicos orientados a financiar diferentes partidas presupuestarias de nuestra provincia, algunas vinculadas a la educación, salud, seguridad de las y los bonaerenses».

«No se trata de los únicos incumplimientos y retrasos que el Gobierno Nacional mantiene con nuestra Provincia, y seguiremos avanzando en el reclamo de cada uno de ellos, así como exigimos la inmediata normalización del Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador del Interior, en materia de transporte», reclamó la carta de las autoridades bonaerenses.

Rediscutir la ley de Coparticipación

También planteó la necesidad de rediscutir la ley de Coparticipación, al entender que hoy «la provincia de Buenos Aires es discriminada y castigada desde hace décadas en el reparto de los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones de forma suficiente y adecuada».

«Más allá de la urgente necesidad de rediscutir una nueva Ley de Coparticipación, el cumplimiento en tiempo y forma del envío de los recursos no automáticos que el Estado nacional le adeuda a la provincia de Buenos Aires resulta crítico para poder garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales que la Constitución nacional les reconoce a las y los bonaerenses», añadió la misiva.

Lo adeudado a la provincia de Buenos Aires

De acuerdo al detalle brindado por el Gobierno bonaerense, hoy la Nación adeuda por el Fondo de Incentivo Docente (Educación) la suma de $14.500 millones; en tanto que por el Fondo Compensador del Interior (Transporte) unos $900 millones, totalizando un acumulado de deuda en ambo conceptos de $15.400 millones.

Días atrás, en un acto en Pehuen Có, Kicillof se refirió a esta situación y advirtió que «la provincia de Buenos Aires comenzará a reclamar por vía administrativa todos los recursos que corta el Gobierno nacional. Seguiremos todas las instancias necesarias porque no son políticas arbitrarias, sino el resultado de leyes y acuerdos que tienen un andamiaje jurídico».

«Decían que si no se aprobaba la Ley Ómnibus iban a buscar fundir a los gobernadores. Después del error que cometieron y volvió el tratamiento a foja cero, cortaron las partidas destinadas al transporte y la educación en todas las provincias», sostuvo y agregó que esta medida «no es un castigo para los gobernadores, sino un ajuste que ya pesa sobre toda la sociedad en su conjunto».

En esa línea, Kicillof anticipó: «Vamos a reclamar por estos fondos y a acompañar a todos los perjudicados por esta decisión política y arbitraria del Gobierno nacional. No apuntan a fundir a un gobierno, apuntan a meterle la mano en el bolsillo a los docentes y a las familias que usan el transporte público en el interior de la provincia y el resto del país. Están ajustando a las familias bonaerenses; no a este Gobierno, ni a este Gobernador».