Amnistía Internacional Argentina advirtió el lunes que las medidas de gobierno tomadas en los 100 primeros días de presidencia de Javier Milei “han afectado de manera contundente los derechos de las personas” y se mostraron preocupados por un “nuevo modelo de liderazgo de no diálogo y violencia permanente”.

“Advertimos con preocupación el impacto profundo que han tenido algunas medidas que se han tomado en la vida y los derechos de las personas”, inició la conferencia Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina, y remarcó que al cumplirse este 19 de marzo los 100 primeros días de presidencia de Javier Milei, el Gobierno utilizó como herramienta la “confrontación y desinformación para tapar la realidad de hambre e indigencia que estamos viviendo”.

Belski destacó que el Gobierno nacional propone un “nuevo modelo de liderazgo de no diálogo y de violencia permanente” que, sobre todo en redes sociales, involucra una “demonización del otro” -por quienes no piensan como la administración- y en este sentido advirtió que “con esta receta de confrontación, odio y noticias falsas Milei ha podido romper todos los límites garantizando un plafón donde todo vale y no hay reglas”.

Sin embargo, valoró el “sistema de frenos y contrapesos” que surge de la división de poderes y destacó que “el Congreso le pone límites al Poder Ejecutivo” como ocurrió tanto en el debate por la Ley Bases como en el reciente rechazo del Senado al DNU 70/2023 junto a “un Poder Judicial que está plagado de acciones judiciales al respecto”.

“Guste o no, las reglas de la democracia están hechas para respetarse”, enfatizó la directora de AI y agregó que si el Gobierno propone un “rumbo que pueda garantizar seguridad económica, libertad y derechos a las personas” debería hacerse “bien, y sin romper los límites del estado de derecho”.

Durante una conferencia de prensa los referentes de la organización resumieron tres puntos clave de un extenso análisis sobre los 100 días de gestión de Milei en materia de derechos humanos, entre otras cuestiones de interés, y durante la charla con periodistas profundizaron en los ejes de “violencia digital, jubilados y gestión del conflicto social”.

Por su parte, la directora adjunta de la organización, Paola García Rey, introdujo las problemáticas referidas a los datos de pobreza y consideró que “debe gobernarse para la gente, no para las finanzas” y destacó la importancia de que “las personas ocupen un lugar central para elaborar planes y respuestas eficaces y de largo plazo” en los planes futuros de gobierno.

Asimismo, reconoció que la “profunda crisis económica y social que viene atravesando Argentina en los últimos años exige un rumbo nuevo” pero advirtió que “los procesos de cambio que se lleven adelante y la manera en que impacten en las personas deben ser tan relevantes como el objetivo que se pretende conquistar”.

Destacó también que frente a la política del Gobierno nacional basada en una retracción del gasto público y de la economía, los salarios que no aumentan, junto al “deterioro” de las jubilaciones y pensiones, “esta realidad no se puede tapar con represión, restricciones, protocolos y resoluciones”.

En este sentido, García Rey llamó a no caer en “distracciones sobre si debemos protestar en la vereda o en la calle”, en alusión al protocolo antipiquete puesto en marcha por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y en cambio llamó a “debatir qué tipo de políticas públicas vamos a implementar para reducir los índices de pobreza y sacar casi 8 millones de niños de esa situación”.

A su turno, el director de Política y Justicia Internacional de Amnistía, Santiago Juncal, se refirió a la realidad de los jubilados como una “prioridad postergada” y aseguró que “no son ni un sector ni un mero segmento etario de la sociedad, sino que ellos son de los que más han perdido en los últimos años y no sólo en poder adquisitivo sino en tranquilidad y dignidad”.

“Ajustar a los ajustados no es tocar los intereses de la casta sino todo lo contrario”, consideró Juncal y sostuvo que el “pretendido ‘no hay plata’ no puede ser una excusa para dejar que los jubilados caigan en la indigencia”.

Asimismo consideró el cuidado a los jubilados como un “imperativo moral pero también de derechos humanos”, a la vez que advirtió sobre el compromiso internacional que le cabe al Estado “porque Argentina está obligada por tratados internacionales a garantizar los derechos de la seguridad social de jubilados y pensionados”.

Además de los ejes “violencia digital, jubilados y gestión del conflicto social” propuestos en la conferencia, el informe con el “Análisis de los 100 días de gobierno del presidente Javier Milei” aborda las problemáticas de “pobreza, austeridad y administración del conflicto”, “salud privada y posibles efectos sobre el sistema público de salud”, “violencia hacia mujeres” y “negacionismo del cambio climático”.

“Desde Amnistía Internacional Argentina sabemos que si bien algunas de las verdades que decimos nos harán blanco de ataques, acá vamos a estar para seguir defendiendo los derechos humanos de las personas”, destacó Belski.

Somos Télam dio el presente en la conferencia de prensa

Somos Télam estuvo presente en la conferencia de Amnistía y pudo visibilizar el conflicto que el lunes inicia su tercera semana de lucha y acampe. Los trabajadores permanecen en las puertas de ambos edificios, que siguen vallados y con presencia policial, tanto en la calle Bolívar como en Avenida Belgrano, en el barrio porteño de Monserrat.

Somos Télam pudo relatar de qué manera afecta la falta del servicio a nivel nacional por la pluralidad de voces que comunica la agencia de noticias todos los días, como también el insumo que representa no solo para los medios autogestivos, comunitarios o pequeños sino también para los medios privados que utilizan sus cables, fotografías y videos. 

Frente a representantes de la agencia y al resto de los colegas de otros medios, Belski se mostró preocupada por la situación de la agencia pública: “Toda mi solidaridad con los trabajadores de Télam”, afirmó. 

Con respecto a la distribución de la pauta, sostuvo que “hay un tema con cómo se asigna la publicidad oficial (porque) tiene un efecto en la libertad de expresión”.

“Por ejemplo si pongo toda la pauta en un canal, digamos en LN+, no voy a encontrar periodistas que hagan periodismo crítico y responsable”, reflexionó Belski. “Sería interesante pensar cómo se invierte y cómo se asigna la publicidad oficial”, agregó. 

“Respecto al caso de Télam, todos sabemos que era una agencia que tenía cobertura en todo el país, el único medio que tiene alcance a nivel nacional. La justificación del cierre es que ‘hacía propaganda kirchnerista’. Me imagino que la agencia daba información en cada gobierno de acuerdo al director que estaba en ese momento dirigiendo al organismo. En cada gestión había un directorio y en la época Milei podría también tener un director”, manifestó la titular de Amnistía Argentina. 

Si bien Belski habló en pasado de la agencia, Télam sigue abierta más allá de que los trabajadores estén dispensados hace ya más de dos semanas y no puedan ingresar a los edificios. 

“Conozco y tenemos mucha relación con muchas personas de Télam, muchos periodistas que trabajan profesionalmente y hacen un trabajo responsable e importante. No podés generalizar. El problema es que se van a ir cerrando instituciones en base a narrativas que les queden cómodas a este Gobierno ya sea para distraer o para mostrar que están haciendo un achicamiento del estado. Yo no creo que en 100 días se haya podido auditar cada institución del estado y tomar una decisión seria y responsable, eso nos preocupa”, destacó. 

Lo que está pasando con Télam “está pasando con diferentes instituciones como por ejemplo el Inadi. El Gobierno tiene una cosa interesante con la narrativa, hay mensajes detrás de cada decisión que se toma: ‘Cierro el inadi porque en realidad era un antro de zurdos y estaba lleno de ñoquis’ y eso no es cierto”, dijo la directora de AI.

Al respecto, consideró que en “un presidente tan cerca de la comunidad judía, como es el caso de Milei, es extraño el caso del Inadi porque ese instituto se crea después de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA y se crea para que determinados grupos de la sociedad que son discriminados, como la comunidad LGBT, personas con discapacidad, mujeres, la comunidad judía, los musulmanes, puedan ir y hacer denuncias y que se investiguen”. 

Belski entendió que revisar si el organismo tiene que tener “700 o 15 personas es válido y discutible. Achiquemos pero no cerremos. Lo que pasa cuando lo cerrás es que no hay espacio para que estas personas puedan hacer sus denuncias. Sobre todo cuando tenés un presidente que de pronto cree que cerrar el Inadi te habilita a que le diga mogólico a un gobernador”. 

“También es cierto que todo esto lo prometió en la campaña y sus votantes ven bien lo que está haciendo. Hay un 50% de la población que no lo votó y eso nadie lo dice. Porque él ganó con un 30% porque el otro 20% es de Patricia Bullrich. Y él le habla a ese 30% y eso es un problema. Esos votantes están optimistas pero esa ilusión y esperanza se acaba en algún momento”, agregó.