El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentó un proyecto para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, ocasión en la que expresó la iniciativa apunta a generar un «mejor acceso a la salud» con una «oferta nacional de un producto de calidad y validado» de fuerte impacto social y económico.

La iniciativa fue pensada con el objetivo de desarrollar una cadena que tendrá incidencia positiva en el empleo, las exportaciones, el desarrollo federal y el acceso a la salud, dijeron fuentes oficiales.

Los informantes añadieron que Argentina tiene una enorme oportunidad para ser un líder regional en este punto, dadas sus capacidades agropecuarias y su entramado científico y tecnológico.

«La experiencia internacional muestra que la cadena de cáñamo y cannabis medicinal tiene un mayor potencial de crecimiento si se encuentra regulada por el Estado, para evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal», dijo Kulfas.

Desde el plano económico, el desarrollo de esta industria puede generar para 2025 unos 10.000 nuevos empleos, unos 500 millones de dólares en ventas anuales al mercado interno y otros 50 millones anuales en exportaciones.

El proyecto de ley «Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial» fue presentado durante un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno

Kulfas dijo en su discurso el Gobierno apunta a generar «mayor conocimiento, actividades intensivas y desarrollo federal», debido a que se trata de una actividad «que se puede desarrollar en muchas provincias del país» y que en el norte puede ofrecer la posibilidad de reconvertir parte del sector tabacalero.

«Es una actividad que con el desarrollo que estamos previendo puede generar 10 mil nuevos empleos, de los cuales quizá un 20 por ciento estén orientados a las actividades de investigación, desarrollo e innovación», dijo.

«Esta es una propuesta concreta para poner a la Argentina de pie y lo ponemos a consideración de esta gran comunidad. Esperamos que sea un aporte para ampliar y diversificar la matriz productiva de Argentina», completó.

Kulfas explicó que el mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial «crece exponencialmente a nivel global, es una nueva fuente de empleo de calidad y desarrollo productivo», y ponderó la «gran oportunidad que tiene Argentina para ser líder regional, por sus capacidades agropecuarias e industriales y su entramado científico productivo».

Además, puntualizó que «el proyecto crea las condiciones para el desarrollo de la cadena a nivel local, aprendiendo de las mejores lecciones internacionales», y sostuvo que «el desarrollo de la cadena tendrá múltiples impactos positivos en el país; más empleo, más exportaciones, más innovación, desarrollo federal y acceso a la salud».

El ministro de Desarrollo Productivo contó que la ley contempla la creación de una Agencia regulatoria «para administrar y fiscalizar la cadena productiva» y que otorgará «autorizaciones para la comercialización interna y para la exportación».

«Hay más de 50 países que han avanzado en algún tipo de legalización para el cannabis de uso industrial medicinal e industrial», expresó Kulfas, quien puntualizó que hay «una producción global proyectada para dentro de tres años en 42.700 millones de dólares, es decir 14 veces más que hace diez años», y enumeró a Israel, Canadá y Estados Unidos como líderes a nivel mundial; y en la región a Colombia y Uruguay.

En cuanto al cannabis medicinal, explicó que el objetivo es el desarrollo de la cadena con uso medicinal y fisioterapéutico mediante un marco regulatorio para regularizar proyectos que hoy existen y poder complementar la ley 27.350.

Mientras que en relación al cáñamo, resaltó que el objetivo central es «permitir el desarrollo de esta industria, que es una variedad específica con baja concentración de THC no psicoactivo» para impulsar su uso como insumo para varios sectores productivos, fibras textiles, ropa y calzado, cosméticos, materiales para la construcción y papel, y «legalizar su producción excluyendo del listado de estupefacientes».

El acto contó con la presencia del secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz; consejeros y expertos en la materia.

Además, tomaron parte los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; y la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

También participaron del acto, de manera virtual, los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; de Jujuy, Gerardo Morales; y de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; las diputadas nacionales Mara Brawer y Carolina Gaillard; la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti; el director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), Andrés López; y el presidente de la Cámara Argentina del Cannabis, Pablo Fazio.

Vizzotti señaló que «este círculo virtuoso complementa la ley 27350» y dijo quey con la nueva ley «se facilita el acceso a un producto seguro y de calidad», además de destacar «el valor del desarrollo».

El Ministerio de Salud aprobó entre 2020 y este año «varios proyectos de investigación» y consideró que con la nueva normativa «se saldará una cuenta con la sociedad civil que usan el cannabis medicinal» porque «más acceso a la salud es ampliar derechos».

Basterra, a su vez, informó que con el Instituto Nacional de Semillas (Inase) «se busca la identidad genética para promover la calidad de la semilla», con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) «la experimentación y desarrollo de variedades» y con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) «el análisis de riesgo de plagas».

Salvarezza apuntó a su turno que la ley «ordenará las condiciones de la Argentina para las nuevas perspectivas productivas y de trabajo» y consideró que es una «enorme oportunidad» como «instrumento de construcción social» con el aporte de «valor agregado y de conocimiento a la cadena productiva».

Beliz, por su parte, apuntó a la «regulación, transformación productiva y exportación» de estos productos, que derivan en «la generación de empleos y divisas», apoyó «el trabajo cooperativo» del sector y refirió que «si la política puede canalizar el dolor» de la gente que necesita esta medicina terapéutica «la Argentina cambiará para bien».

También habló Nicolini, quien resaltó a «las mujeres activistas que lucharon para que este marco regulatorio sea posible» y también a las «mujeres productoras por la posibilidad de poder desarrollarse en una cadena que genere valor», y coincidió con Vizzoti en la idea del Gobierno nacional de «seguir ampliando derechos».

López aseguró que el país «tiene las condiciones para aprovechar esta oportunidad» porque se trata de una industria «que da más empleo y más desarrollo regional», con «efectos directos e indirectos de proveedores de bienes y servicios para esta cadena».

Fazio, en tanto, manifestó que «este es un espacio para el desarrollo sostenible del país, en un proceso de transformación que ya comenzó» y resaltó que la Argentina «tiene todo para ser competitiva y para ser un actor relevante en este mercado global».

Los gobernadores Quintela y Rodríguez Saá coincidieron en que la Agencia regulatoria «tiene que tener una mirada federal», con la participación de la gobernaciones; mientras que Morales expresó que la ley «desburocratizará las autorizaciones» y resaltó que se enmarca en «una política pública nacional de salud».

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentó un proyecto para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, ocasión en la que expresó la iniciativa apunta a generar un «mejor acceso a la salud» con una «oferta nacional de un producto de calidad y validado» de fuerte impacto social y económico.

La iniciativa fue pensada con el objetivo de desarrollar una cadena que tendrá incidencia positiva en el empleo, las exportaciones, el desarrollo federal y el acceso a la salud, dijeron fuentes oficiales.

Los informantes añadieron que Argentina tiene una enorme oportunidad para ser un líder regional en este punto, dadas sus capacidades agropecuarias y su entramado científico y tecnológico.

«La experiencia internacional muestra que la cadena de cáñamo y cannabis medicinal tiene un mayor potencial de crecimiento si se encuentra regulada por el Estado, para evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal», dijo Kulfas.

Desde el plano económico, el desarrollo de esta industria puede generar para 2025 unos 10.000 nuevos empleos, unos 500 millones de dólares en ventas anuales al mercado interno y otros 50 millones anuales en exportaciones.

El proyecto de ley «Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial» fue presentado durante un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno

Kulfas dijo en su discurso el Gobierno apunta a generar «mayor conocimiento, actividades intensivas y desarrollo federal», debido a que se trata de una actividad «que se puede desarrollar en muchas provincias del país» y que en el norte puede ofrecer la posibilidad de reconvertir parte del sector tabacalero.

«Es una actividad que con el desarrollo que estamos previendo puede generar 10 mil nuevos empleos, de los cuales quizá un 20 por ciento estén orientados a las actividades de investigación, desarrollo e innovación», dijo.

«Esta es una propuesta concreta para poner a la Argentina de pie y lo ponemos a consideración de esta gran comunidad. Esperamos que sea un aporte para ampliar y diversificar la matriz productiva de Argentina», completó.

Kulfas explicó que el mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial «crece exponencialmente a nivel global, es una nueva fuente de empleo de calidad y desarrollo productivo», y ponderó la «gran oportunidad que tiene Argentina para ser líder regional, por sus capacidades agropecuarias e industriales y su entramado científico productivo».

Además, puntualizó que «el proyecto crea las condiciones para el desarrollo de la cadena a nivel local, aprendiendo de las mejores lecciones internacionales», y sostuvo que «el desarrollo de la cadena tendrá múltiples impactos positivos en el país; más empleo, más exportaciones, más innovación, desarrollo federal y acceso a la salud».

El ministro de Desarrollo Productivo contó que la ley contempla la creación de una Agencia regulatoria «para administrar y fiscalizar la cadena productiva» y que otorgará «autorizaciones para la comercialización interna y para la exportación».

«Hay más de 50 países que han avanzado en algún tipo de legalización para el cannabis de uso industrial medicinal e industrial», expresó Kulfas, quien puntualizó que hay «una producción global proyectada para dentro de tres años en 42.700 millones de dólares, es decir 14 veces más que hace diez años», y enumeró a Israel, Canadá y Estados Unidos como líderes a nivel mundial; y en la región a Colombia y Uruguay.

En cuanto al cannabis medicinal, explicó que el objetivo es el desarrollo de la cadena con uso medicinal y fisioterapéutico mediante un marco regulatorio para regularizar proyectos que hoy existen y poder complementar la ley 27.350.

Mientras que en relación al cáñamo, resaltó que el objetivo central es «permitir el desarrollo de esta industria, que es una variedad específica con baja concentración de THC no psicoactivo» para impulsar su uso como insumo para varios sectores productivos, fibras textiles, ropa y calzado, cosméticos, materiales para la construcción y papel, y «legalizar su producción excluyendo del listado de estupefacientes».

El acto contó con la presencia del secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz; consejeros y expertos en la materia.

Además, tomaron parte los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; y la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

También participaron del acto, de manera virtual, los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; de Jujuy, Gerardo Morales; y de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; las diputadas nacionales Mara Brawer y Carolina Gaillard; la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti; el director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), Andrés López; y el presidente de la Cámara Argentina del Cannabis, Pablo Fazio.

Vizzotti señaló que «este círculo virtuoso complementa la ley 27350» y dijo quey con la nueva ley «se facilita el acceso a un producto seguro y de calidad», además de destacar «el valor del desarrollo».

El Ministerio de Salud aprobó entre 2020 y este año «varios proyectos de investigación» y consideró que con la nueva normativa «se saldará una cuenta con la sociedad civil que usan el cannabis medicinal» porque «más acceso a la salud es ampliar derechos».

Basterra, a su vez, informó que con el Instituto Nacional de Semillas (Inase) «se busca la identidad genética para promover la calidad de la semilla», con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) «la experimentación y desarrollo de variedades» y con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) «el análisis de riesgo de plagas».

Salvarezza apuntó a su turno que la ley «ordenará las condiciones de la Argentina para las nuevas perspectivas productivas y de trabajo» y consideró que es una «enorme oportunidad» como «instrumento de construcción social» con el aporte de «valor agregado y de conocimiento a la cadena productiva».

Beliz, por su parte, apuntó a la «regulación, transformación productiva y exportación» de estos productos, que derivan en «la generación de empleos y divisas», apoyó «el trabajo cooperativo» del sector y refirió que «si la política puede canalizar el dolor» de la gente que necesita esta medicina terapéutica «la Argentina cambiará para bien».

También habló Nicolini, quien resaltó a «las mujeres activistas que lucharon para que este marco regulatorio sea posible» y también a las «mujeres productoras por la posibilidad de poder desarrollarse en una cadena que genere valor», y coincidió con Vizzoti en la idea del Gobierno nacional de «seguir ampliando derechos».

López aseguró que el país «tiene las condiciones para aprovechar esta oportunidad» porque se trata de una industria «que da más empleo y más desarrollo regional», con «efectos directos e indirectos de proveedores de bienes y servicios para esta cadena».

Fazio, en tanto, manifestó que «este es un espacio para el desarrollo sostenible del país, en un proceso de transformación que ya comenzó» y resaltó que la Argentina «tiene todo para ser competitiva y para ser un actor relevante en este mercado global».

Los gobernadores Quintela y Rodríguez Saá coincidieron en que la Agencia regulatoria «tiene que tener una mirada federal», con la participación de la gobernaciones; mientras que Morales expresó que la ley «desburocratizará las autorizaciones» y resaltó que se enmarca en «una política pública nacional de salud».