Organizaciones Sociales denunciaron que ayer lunes fueron allanados los domicilios de varios de sus militantes en el contexto de una causa por “coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública” impulsada por el Gobierno nacional, y aclararon que hasta el momento no se produjeron detenciones.

Se trata de una denuncia presentada ante Juzgado Federal Número 7 a cargo del magistrado Martín Smietniansky, quien investiga supuestas amenazas hechas a beneficiarios de los planes sociales por parte de dirigentes sociales, y que se denunciaron a la línea 134, habilitada por el Gobierno.

Desde el FOL consideran que estos procedimientos son una respuesta a las movilizaciones que comenzaron el pasado 20 de diciembre, cuando se puso en marcha el denominado “protocolo antipiquetes” elaborado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, según indicaron desde esta organización.    

“Los operativos realizados por la Policía Federal se dieron contra las casas de militantes, comedores y locales de las organizaciones que nos venimos oponiendo a la política de ajuste de Javier Milei y de la ministra (de Capital Humano) Sandra Pettovello”, señalaron desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en un comunicado. 

Para esta agrupación, “esta avanzada busca ocultar la desidia estatal que está llevando a millones de personas a la pobreza e indigencia, al tiempo que vacía los comedores comunitarios y recorta programas de empleo a las familias más castigadas por el ajuste en curso”.  

“Por suerte están todos bien, no los detuvieron. Les secuestraron los celulares y computadoras. En el caso de Charly (Fernández, referente del FOL), la situación fue bastante violenta. Los agentes de la Federal le gritaban a su compañera: ‘vos vas a las marchas. Tu marido va a las marchas’. Estaban ellos dos con sus hijos.”, relató a la señal Canal Abierto Analia, militante de esta agrupación

Los allanamientos comenzaron a la madrugada y continuaron en la tarde de ayer lunes, e incluso se requisaron oficinas que el FOL utiliza para gestionar sus cooperativas.

Además, se realizaron procedimientos en locales de otras organizaciones y la Justica habría librado 27 órdenes en el marco de esta causa.   

“Estuve hablando con compañeros de otras organizaciones, la denuncia es la misma. Es una causa federal enmarcada en la respuesta a la movilización del 20 de diciembre del 2023”, explicó Analía. 

Las organizaciones sociales, de todo el espectro político, vienen solicitando un espacio de diálogo al Ministerio de Capital Humano y exigen que se reestablezca la entrega de alimentos a los comedores populares. 

“Es una acción enmarcada en la persecución del gobierno hacia las organizaciones. Lo que pretenden es ensuciar a las organizaciones, criminalizarnos.”, concluye la vocera del FOL.

“No es casual esta ofensiva después de las masivas movilizaciones realizadas por las organizaciones territoriales que venimos oponiéndonos a las políticas de saqueo y ajuste llevadas a cabo por el Gobierno nacional. Ante tamaña provocación, no pensamos bajar los brazos y nos mantendremos firmes en la calle luchando por los derechos que se nos quiere arrebatar”, subrayaron desde el FOL.

Ante estos hechos, organizaciones sociales de la izquierda y el peronismo realizaron una conferencia de prensa en Plaza Congreso para repudiar estos allanamientos y coincidieron en señalar que se trató de “un amedrentamiento más” contra agrupaciones que trabajan a diario en “los territorios para impedir que entren los narcos y ayudan a los vecinos a salir de la miseria”.

“Si fueron hacer allanamientos en los locales, que busquen los remitos de las rendiciones que les hicimos cuando les reclamamos los alimentos para nuestros comedores. Les rendimos a todos los gobiernos los alimentos que nos entregan a granel. Nunca recibimos plata”, remarcó en este encuentro el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

En tanto, el Juzgado Contencioso Administrativo número 7, a cargo de Walter Lara Correa, anunció que tramitará con carácter colectivo una causa iniciada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) un amparo contra el Ministerio de Capital Humano para que se garantizar la provisión de alimentos a los comedores populares y merenderos.