El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó una serie de medidas de prueba tendientes a descifrar si el gobierno de Mauricio Macri buscó asfixiar al Grupo Indalo a través de decisiones como la de no autorizarle aumentos de tarifas en autopistas que tenía concesionadas para luego, directamente, revocarles la autorización para operarlas.

Las medidas le fueron solicitadas a la jueza María Romilda Servini en el marco del expediente en el que se investiga si el expresidente y su denominada «mesa judicial» persiguieron a los accionistas del Grupo Indalo para destruir sus empresas luego de que no aceptaran planteos como el de cambiar la línea editorial del canal de noticias C5N.

En su denuncia, el empresario Fabián De Sousa (uno de los accionistas de Indalo) relató en 2013 habían adquirido la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas a una firma española y que tres años más tarde el entonces director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, promovió la revocatoria de la concesión para actualizar el precio del peaje y volverla a tornar rentable.

Para desentramar esa historia, el fiscal solicitó que se le requiera a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que «se confeccione un informe identificando a las empresas concesionarias de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, desde el año 2012 a la fecha».

También pidió que «se informen todas y cada una de las resoluciones o actos administrativos por los cuales se autorizaron variaciones en los cuadros tarifarios de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, desde el 2012 a la fecha».

El fiscal solicitó además que se le requiera la DNV «que se informen todas y cada una de las resoluciones o actos administrativos relativos a reconocimientos compensatorios y/o indemnizatorios del Estado Nacional hacia las concesionarias de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, desde el año 2012 a la fecha».