La Cámara Federal porteña ordenó hoy al Ministerio de Capital Humano que conduce la ministra Sandra Pettovello que elabore un plan de distribución de los alimentos que se encuentran en los depósitos de esa cartera y que lo ejecute de forma inmediata.

De esta forma, la sala II del tribunal confirmó el fallo del juez Sebastián Casanello, quien el 27 de mayo había ordenado esa misma medida a la funcionaria pero que había sido apelada porque el Gobierno consideraba que la Justicia no podía inmiscuirse en políticas de seguridad alimentaria.

En la resolución firmada hoy por los camaristas Martín Irurzun, Guillermo Farah y Roberto Boico se ratificó la resolución de Casanello en cuanto a que solicitaba a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del mencionado ministerio “el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, incluyendo tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”.

También le había pedido “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha y los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada”.

Además le encomendó que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”.

En relación a la actuación de Casanello, el camarista Irurzun señaló en su voto que “la decisión fue adoptada por un juez penal en el marco de una causa en desarrollo, con lo cual no puede sostenerse -como pretende la recurrente- que estamos en presencia de una intromisión indebida de la justicia en esferas que son de exclusiva competencia de otro órgano del Estado”.

“No están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”, remarcó el juez.

Por su parte, Farah hizo hincapié en que Casanello no ordenó directamente la entrega de los alimentos, tal como había reclamado la fiscalía, sino que encomendó la elaboración del plan de distribución.

“Esta diferencia, a mi entender, es sustancial y pone de manifiesto una actitud de prudencia del Juez de Primera Instancia, que debe ser destacada”, señaló Farah.

También cuestionó al Ministerio de Capital Humano por quejarse de la “intromisión” judicial, curiosamente a través de un recurso procesal ante otra autoridad “judicial”, y se preguntó “ante cuantas instancias “judiciales” está dispuesto a llegar “para comprender que es atribución de este Poder del Estado el control de los actos de gobierno cuando las decisiones (u omisiones) afectan derechos de las personas y existen medios disponibles para satisfacer esos derechos”.

Esta causa se inició por denuncia del dirigente Juan Grabois al determinarse que había 5 mil toneladas de alimentos sin repartir y este lunes Pettovello firmó un convenio con la Fundación CONIN para que, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, facilite la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo que están próximos a vencerse.

Pidieron evaluar las conductas de Grabois y Gianni

Debido a que antes y durante una audiencia realizada ayer en el marco de esta causa Grabois y la secretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, mantuvieron un duro intercambio que incluyó insultos, la Cámara libró oficios al Colegio Público de Abogados porteño y a la propia cartera para que “evalúen las conductas desplegadas” por ambos, que fueron ampliamente difundidos por medios de comunicación.

“Lejos de ser atenida al objeto recursivo, la misma se convirtió en una inmadura discusión entre personas que eligieron esa modalidad para representar a los verdaderos titulares del conflicto judicial, utilizando la ocasión y sus esfuerzos para exponer sus diferencias personales”, consideró el juez Irurzun.

Agregó que “lamentablemente, las voces de aquellos a los que representan quedaron ocultas tras gestos violentos y agresiones verbales tanto dentro como fuera de la Sala de Audiencias, y el objetivo del acto, mucho más profundo, urgente y doloroso que los conflictos que tienen entre ellos, quedó desdibujado”.